Por Lourdes Morales Canales
En marzo de este año, un cargamento con seis millones de cubrebocas tipo N95 nunca llegó a su destino en Alemania. Según las primeras investigaciones, los insumos se perdieron en Kenia y el producto fue vendido en otro mercado. Como éste, otros cientos de casos ilustran la falta de responsabilidad pública ante las decisiones, la lógica de la especulación, los sobreprecios y la voracidad en tiempos de emergencia.
La necesidad de contar con fondos públicos suficientes para asegurar respuestas adecuadas ante el desastre económico, político y social derivados de la pandemia obliga a una vigilancia social más severa.
Por ello, las instituciones que se encargan de registrar y publicar información, las que permiten seguir la ruta del dinero y las que miden el impacto de las decisiones, es decir, las que hacen posible la rendición de cuentas, son esenciales. Sin embargo, para que esto suceda, los planes y prioridades deben ajustarse.
La Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, entidad que agrupa a las auditorías de 195 países, ha generado un grupo de trabajo sobre COVID-19 con recomendaciones concretas.
En primer término se trata de transparentar toda la información relativa a los recursos públicos que se destinen a la emergencia. La publicación completa y detallada de presupuestos de emergencia, estímulos fiscales y beneficiarios debe de ser pública y accesible.
En segundo lugar, se trata de las auditorías coordinadas. Este mecanismo utilizado desde 2013 en la región latinoamericana permite que distintas instituciones sumen esfuerzos para auditar un tema prioritario de manera sectorial.
Finalmente, se trata de la máxima publicidad y accesibilidad de los informes de fiscalización. Para ello es necesaria una política de participación ciudadana que incluya a los más vulnerables tanto en la entrega de servicios como en la retroalimentación sobre las acciones de emergencia.
Para sorpresa de todos y por primera vez desde su creación, la Auditoría Superior de la Federación omitió la entrega del primer informe parcial de la cuenta pública. En un documento que nada dice sobre la ruta del dinero, la entidad afirma que debido a la contingencia, las actividades fueron aplazadas. En octubre, si acaso sucede, nos estaremos enterando de cuánto y cómo se gastó el dinero. Ojalá y para entonces no sea demasiado tarde.