Biden entró con fuerza a la Casa Blanca e inauguró una nueva etapa en las relaciones México-Estados Unidos. Cuatro años de Trump implicaron una radicalización de las políticas migratorias que afectaron a millones de personas migrantes mexicanas y centroamericanas y fracturaron familias. Por un lado, la administración de Trump multiplicó las deportaciones de mexicanos viviendo en Estados Unidos sin documentos, que ya eran una tendencia preocupante desde la administración de Obama. Su abordaje punitivo de “cero tolerancia” implicó que los migrantes pudieran ir a la cárcel por faltas administrativas como manejar sin licencia, y encarceló a personas que cruzaban la frontera para tratarles como criminales. Además, decretó el Protocolo de Protección al Migrante (MPP) que implicó que miles de migrantes centroamericanos tuvieran que quedarse a vivir indefinidamente en las ciudades fronterizas de México a esperar su caso de asilo.
AMLO, doblegado a los intereses de Trump en esta materia, repitió el enfoque punitivo al enviar a la Guardia Nacional a las fronteras norte y sur para impedir el cruce de migrantes indocumentados por México. Los abusos de autoridades mexicanas en contra de migrantes se multiplicaron. Además, las autoridades migratorias han colaborado en una “lista” informal ilegal que dosifica la cantidad de personas que pueden procesar su caso de asilo en la frontera. Los últimos cuatro años han implicado una violencia binacional de Estados Unidos y México que han dejado a cientos de miles de familias migrantes fracturadas.
Una de las primeras acciones de la administración de Biden fue declarar una suspensión de las deportaciones de migrantes indocumentados al menos en los primeros 100 días de gobierno y prometer la restauración del derecho al asilo, así como la suspensión de la construcción del muro fronterizo. El mensaje marca un giro importante en la agenda política migratoria, pero las organizaciones binacionales en defensa de migrantes están alertas a que se respete cabalmente sus derechos.
Yolanda Varona, fundadora de la organización basada en Tijuana de Dreamers Moms, explica su situación: “llevo diez años sin ver a mi hija, me llenan de frustración y enojo contra un sistema caprichoso (…) ya no podemos con esta situación”. Ana Laura López, fundadora de Deportados Unidos en la Lucha, da su testimonio: “somos familias binacionales, mixtas y separadas (…) algunos tenemos la fortuna de que nuestros hijos puedan venir porque existe la documentación para que vengan, pero hay que hablar de la crisis que pasamos las personas deportadas: las dificultades para la reintegración. Lo que cuesta encontrar trabajo, lo que cuesta encontrar vivienda, tener una estabilidad económica en México para tener dinero para comprar boletos para que tus hijos vengan”.
Kateleya, mujer transgénero apoyada por la organización de Tijuana Espacio Migrante, explica que tuvo que salir de su país porque la amenazaron y la desecharon de su familia. Ahora lleva dos años viviendo en Tijuana. En un video testimonial explica: “Aquí la policía a nosotras las mujeres nos tratan como si no fuéramos seres humanos, nos hacen como un objeto”.
Estas personas se reconocen como una comunidad olvidada. La llamada entre Biden y AMLO promete una colaboración hacia políticas menos punitivas, habrá que estar alertas para que esto no implique trasladar el enfoque trumpista de la frontera norte a la frontera sur. Debemos mucho a esta comunidad olvidada y de familias fragmentadas.
Por: Maite Azuela
SY