El Estado de Derecho es un destino. Primero se proclama, luego se construye y finalmente se disfruta. No basta con legislar, sino que es preciso edificar y consolidar las instituciones, así como educar a autoridades, gobernantes y ciudadanos para convivir en democracias regidas por leyes. Las etapas no observan en todas partes la misma precedencia y pueden simultanearse o no, pero siempre el camino es largo y plagado de obstáculos. Durante los 20 siglos que Europa vivió en las sociedades preindustriales apenas existían instituciones y en ellas el poder se ejercía de modo unipersonal y con frecuencia violento. Amparados en Dios, los Reyes, Papas y Señores Feudales hacían de sus intereses opiniones y caprichos la ley, hasta que, por fin, no hace todavía 250 años llegó la democracia moderna que convirtió al pueblo de súbdito en ciudadano y en soberano.
De ese modo apareció como un credo laico, no por ello menos sagrado, la idea de convivir y gobernar con arreglo a leyes escritas que ordenaron la convivencia y obraron el milagro de poner límites al poder que, al menos como tendencia, dejó de ser omnímodo y absoluto, para ser plural, compartido, colegiado y equilibrado. En Estados Unidos, la primera república democrática, el Estado de Derecho se introdujo mediante las diez primeras enmiendas a la Constitución promovidas en 1789 por Alexander Hamilton, las cuales consagraron las libertades y los derechos individuales fundamentales. No obstante, al no establecerse la igualdad y la ciudadanía de todos los habitantes, tales prerrogativas no pudieron ser disfrutadas entre otros sectores por los esclavos, luego afroamericanos libres y algunas minorías, entre ellas los chinos, para quienes los derechos previstos en la Constitución no eran asequibles. Tuvieron que transcurrir 89 años desde la Declaración de Independencia hasta 1865 cuando fue abolida la esclavitud. La 13ª Enmienda (1865) hizo libre a los esclavos, pero no les concedió la ciudadanía, lo cual ocurrió en 1868 con la 14ª Enmienda que introdujo la protección igualitaria que, no obstante, no impidió la segregación racial, finalmente abolida en 1963. En total para que el Estado de Derecho se desplegara en Estados Unidos transcurrieron 187 años.
En términos de democracia política la historia es todavía más tortuosa. En Argentina, en más de 200 años desde la Revolución de Mayo, apenas ha habido 30 de democracia continuada, y en América Latina, sólo México ha logrado mantener por más de 100 años la misma Constitución y celebrar un siglo sin ruptura del orden constitucional.
En Europa, con el triunfo de la revolución en 1917, los bolcheviques adoptaron una institucionalidad diferente mediante la cual sustituyeron el Estado Liberal, por una “Dictadura del Proletariado”, que renunció a las formas usuales del parlamentarismo. La fórmula no funcionó y fue descontinuada en 1936 aunque ello no significó la adopción del Estado de Derecho, formulación avanzada a la que ningún país socialista de Europa Oriental ni China llegaron y que Cuba recién proclamó en la Constitución de 1919.
En la Isla donde existe una sólida tradición liberal afianzada en la herencia Occidental que fue cultivada desde la “República en Armas” y que, aunque con importantes carencias, rigió durante 50 años posteriores a la independencia, se necesita espacio para asimilar el cambio y crear un cuerpo legal en el cual se sustente el perfil jurídico del Estado y se avalen sus prácticas, incluidos los ejercicios políticos, que habrán de evolucionar hasta satisfacer las aspiraciones del soberano y homologarse con los procederes más avanzados. Desde los años 70, cuando en Cuba se puso fi n a la provisionalidad institucional adoptada por la Revolución, Fidel Castro expuso la idea de que era preciso modificar las “formas de hacer política”, de lo cual son conscientes las actuales autoridades cubanas a quienes les resulta difícil operar bajo las enormes presiones de Estados Unidos, las urgencias de una crisis económica sistémica y las exigencias de una pandemia que ha revolcado al planeta.
Si bien en la sociedad cubana se registran tensiones inéditas, también se respiran aires de reformas económicas y políticas, de lo cual son evidencias la nueva Constitución, el ordenamiento jurídico que se abre paso, el crecimiento del sector privado, cierta apertura informativa y otros componentes del Estado de Derecho que asoman perspectivas plurales. Cuba avanza hacia el Estado de Derecho. Para llegar más lejos se necesita paz, un mínimo de bienestar y dar tiempo al presidente Miguel Díaz-Canel. Al fi n y al cabo, mago no es.