“Estoy listo para respaldar al INE… pero ya me llamaron de la Corte. A ver qué resulta”, dijo hace días a una gente de su confianza, el magistrado Felipe Fuentes Barrera, expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien tiene a su cargo elaborar un proyecto de sentencia sobre la imputación contra Morena, en el sentido de que violó la Constitución al integrar su amplia bancada actual en la Cámara de Diputados.
La incertidumbre de Fuentes Barrera corresponde con la manera en que los poderes externos al Tribunal (el gobierno, el Congreso, los partidos, e incluso poderosos despachos especializados) lo han penetrado hasta crear una atmósfera de confrontación casi irrespirable, donde las posibilidades de administrar la justicia electoral son cada vez más complejas.
El Instituto Nacional Electoral (INE) encara desafíos enormes también, pues labora bajo el amago permanente de cese contra sus consejeros, e incluso de suprimir la propia institución, como se deriva de señalamientos del presidente López Obrador, de dirigentes de Morena y del líder parlamentario oficialista en el Senado, Ricardo Monreal.
Este martes el pleno del Tribunal, integrado por siete magistrados encabezados por José Luis Vargas, ratificará o desechará sentencias elaboradas por sus miembros con respecto a una resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que determinó cancelar dos competitivas candidaturas de Morena a gobernador: Félix Salgado Macedonio, en Guerrero, y Raúl Morón, en Michoacán. Y lo hará colocado en una de sus mayores fracturas internas desde que fue creado, en 1996.
En enero de 2019, a unas semanas de iniciada la administración López Obrador, Janine Otálora renunció al cargo de presidente del Tribunal tras revelar a sus cercanos que Palacio Nacional y la Corte la habían obligado a hacerse a un lado. Hay evidencias de que así fue, pero también ocurría que tras dos años de gestión ella no había logrado construir un consenso básico entre sus compañeros.
La relevó el citado Fuentes Barrera, que en noviembre pasado se aprestaba a ser reelecto, cuando un nuevo ciclo de presiones externas fracturó la frágil mayoría de cuatro votos en su favor, y de esa convulsión surgió el actual presidente, Vargas Valdez, hoy a cargo de una institución con siete individualidades y un muy estrecho margen de gobernabilidad.
En otra resolución, emitida el 19 de marzo, el INE determinó que la amplia mayoría de Morena en San Lázaro se basó en maniobras diversas para manipular la integración de las bancadas de sus partidos satélite, lo que, estableció, violenta la Constitución.
En un régimen civilizado, hoy veríamos cómo actores políticos respetan a estos árbitros, en asuntos de esa o mayor gravedad. Tendríamos a consejeros del INE y a magistrados electorales defendiendo con pundonor la plaza; es decir, a la Constitución. Pero cuando nade de eso ocurre, cuando lo que se asoma es una selva sin reglas, es difícil esperar comicios en normalidad democrática, ni ahora ni en 2024.
APUNTES: Alejandro “Alito” Moreno, dirigente del PRI, trasladó a Campeche, su enclave político, a dos veteranos “artífices” electorales, Humberto Moreira y José Murat, a los que presumiblemente dotó de bolsillos profundos, ante el desplome del aspirante oficial a la gubernatura, su sobrino directo Christian Castro Bello, que representa un proyecto de cacicazgo con el aval de la alianza PRI-PAN-PRD. Localmente se estima que las cosas poco cambiarían con Layda Sansores, abanderada de Morena y del PT, ante el maridaje Morena-PRI. De ahí que el perfil de opositor real se le otorgue a Eliseo Fernández, alcalde con licencia de la capital campechana, aspirante de Movimiento Ciudadano.
Por Roberto Rock L.