Hubieran bastado esas siete palabras que el ministro presidente de la Corte pronunció enfático en mayo de 2020 —cuando sustentó su voto contra el disfrazado ánimo reeleccionista y anticonstitucional del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla— para respirar un clima político menos tenso y ominoso.
No ha sido así. Su indefinición se suma a la lógica de un Poder Legislativo incondicional del Ejecutivo. Ese puede ser el camino que complete la debacle de una república democrática. Con el órgano límite del Poder Judicial mexicano metido en la grilla y una aplanadora legislativa ensoberbecida y acrítica, el ciudadano dejará de ser el principal sujeto activo de cualquier posible cambio democrático.
Hace más más de dos años que el Congreso dejó de ser el primer filtro constitucional de las ocurrencias presidenciales para convertirse en su principal promotor y aplaudidor. Hoy promulga con toda desvergüenza leyes absolutamente inconstitucionales.
El discurso del oscuro expriista Ignacio Mier, hoy "flamante" coordinador de los legisladores morenistas, exhibe su nulo respeto y conocimiento de la Constitución.
El art. 97 mandata de modo indubitable que el cargo del presidente de la SCJN es únicamente por cuatro años, sin reelección. Pese a esa claridad, el art. 13 transitorio de la "Ley Zaldívar" busca que el ministro presidente permanezca dos años más en el cargo.
Ante el aparente "madruguete" legislativo, sorprende el silencio de quien —como presidente de la SCJN— expresó que en Baja California "la reforma entraña una violación al voto público, a la soberanía popular y al principio democrático, previsto en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos". Esa misma persona entra ahora al juego de la 4T y declara que no le corresponde opinar y se sujetará a lo que determine la SCJN.
Hemos visto en las mañaneras de qué maneras la sorna, la burla y la descalificación encuentran blanco en las resoluciones de jueces independientes que defienden con argumentos y valentía la Constitución.
En la resolución de la SCJN respecto de la constitucionalidad del décimo tercer transitorio descansará un momento promisorio o fatal para la democracia mexicana. Venezuela, Polonia, Alemania y quienes han vivido las dictaduras, saben que si el Poder Judicial se subsume a la voluntad del dictador, es que ha llegado la oscura noche del autoritarismo despótico.
¿Cederán los ministros a las presiones que ya se ciernen sobre ellos? ¿Comprenderán que si no actúan como garantes de la Constitución abonarán su parte a la desconfianza política y económica nacional e internacional hacia México?
Si el presidente le tomó la medida al juez que coordina a los jueces y considera que el único ser capaz de impulsar una reforma es el actual presidente de la SCJN, confío en el prestigio, talento y calidad moral de los integrantes del máximo tribunal para detener al nuevo bodrio legislativo contrario al 97. Quien eche por la borda años de entrega dedicados a la defensa de la Constitución y se deje cautivar por el canto de las sirenas reeleccionistas merece que le recuerden el momento en que todavía defendía con firmeza y claridad sus convicciones.
Por Ignacio Morales Lechuga