La polémica propuesta de reforma constitucional para que la Guardia Nacional sea absorbida por la Secretaría de la Defensa Nacional, preocupa a quienes consideran un riesgo para los derechos humanos el empoderamiento de los militares. “El riesgo más obvio de una fuerza militar, con el papel de policía interna, es que la sociedad se canse con los abusos de derechos humanos relacionados a las Fuerzas Armadas (que es casi imposible evitar), y disminuya la confianza que se les ha dado”, me dijo Craig A. Deare, catedrático de la Universidad de la Defensa Nacional, ex oficial de Inteligencia del Pentágono, y ex asesor para América Latina en el Consejo Nacional de Seguridad.
Para Craig, la “tragedia” de la propuesta es que México vuelve a postergar una vez más la oportunidad de empezar a construir una policía federal profesional, capacitada y eficaz para atender la delincuencia que debería corresponder a los cuerpos de procuración de justicia civiles y no a los soldados y marinos.
“A México no le hacía falta un Ejército más grande para tratar temas de defensa nacional. Le hacía falta una entidad para tratar temas de crimen organizado o delincuencia organizada. Esta situación ha sido así desde 2007-2008. Tres presidentes consecutivos tuvieron ideas de fortalecer la policía federal–Calderón, Peña Nieto, y ahora AMLO–y ninguno tuvo éxito”, precisó el autor de The Tale of Two Eagles, texto que narra la evolución de la relación militar-militar EEUU-México en las últimas décadas.
Stephanie Brewer, directora para México y migración en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), fue más directa al rechazar la propuesta de AMLO. “Es el último paso en la militarización de las tareas policiacas”, escribió en Twitter, “a pesar de que ha probado ser un fracaso durante 15 años”.
Lo que México necesita, planteó la especialista, son instituciones policiacas y civiles que garanticen el Estado de derecho y aborden la violencia en lugares donde la basta mayoría de crímenes contra la población permanece impune.
Antes de ganar la presidencia, AMLO prometió que pondría alto a la política de Calderón y Peña Nieto de militarizar las tareas policiacas, regresando al ejército a los cuarteles. Solía decir que su meta era que las corporaciones civiles asumieran todas las tareas de seguridad interna. Pero no sólo no ha cumplido, sino que usa a la Guardia Nacional en una amplia gama de tareas fuera de su competencia.
Integrada por soldados y ex policías federales, la Guardia Nacional se ha vuelto una especie de fuerza mil usos a disposición del Presidente. Su uso y abuso dejó de ser una supuesta medida transitoria para volverse estrategia de largo plazo.
“Son los únicos que me obedecen”, dice en privado AMLO.
Aunque nominalmente está bajo la tutela civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Sedena tiene el control operacional diario de la Guardia Nacional. Además, las Fuerzas Armadas son responsables de entrenarla y de nombrar a sus comandantes. La reforma para incorporarla de lleno a la Sedena acabaría con la simulación de que son un cuerpo de civiles.
En Latinoamérica, región marcada por sangrientos golpes militares, ceder poder prácticamente ilimitado a las Fuerzas Armadas es motivo de alarma. Sin embargo, los militares mexicanos carecen de tradición golpista.
Craig me dijo que no le preocupa la posibilidad de que las Fuerza Armadas “jueguen un papel más político” que, observó, “no lo buscan y no lo quieren”, Más bien, la preocupación está en “la percepción de legitimidad de la institución”.
WOLA coincide. El peso de las fuerzas armadas mexicanas dentro y fuera del ámbito de la seguridad, señaló en un análisis reciente, “puede significar que no hace falta un golpe de estado para que las instituciones militares ejerzan niveles de poder que, sin constituir un gobierno militar, tampoco hablan de una institucionalidad democrática saludable (México militarizado, la guerra se perdió, pero la paz no llega, 12/05/2021).
Otro peligro es la corrupción. Paradójicamente, uno de los motivos por los que Calderón acudió a los militares para librar su sangrienta guerra a las drogas fue que eran menos corruptos que la policía civil. Sin embargo, los militares son tan corruptibles y vulnerables a los sobornos millonarios del narco como cualquier otra autoridad.
Michael Hayden, ex director de la CIA y de la Agencia Nacional de Seguridad, me dijo que una de las mayores preocupaciones de los servicios de inteligencia de EEUU es la capacidad de “cooptación por parte del narco” de los altos mandos mexicanos militares y civiles a cargo de la seguridad (Ex director de la CIA: La agencia espía a líderes en México, 01/11/2018 SinEmbargo).
Dos casos recientes muestran que el temor no es infundado. Generado García Luna, secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, fue acusado de vínculos con el narcotráfico en Nueva York en 2019. Permanece preso en espera de ser juzgado.
Salvador Cienfuegos, ex titular de la Defensa de Peña Nieto, fue detenido y acusado en EEUU por presuntos nexos al narco en 2020. Tras la presión política del gobierno de AMLO, fue regresado a México bajo el entendido de que enfrentaría la justicia en su país. No obstante, AMLO ridiculizó las pruebas que entregó EEUU para que fuera juzgado. La FGR cerró el expediente.
No está claro cómo los cambios propuestos afectarían la deteriorada cooperación antinarcóticos en momentos en que los servicios de inteligencia de EU expresan alarma sobre el papel dominante de México en el tráfico de enervantes.
De acuerdo con la CIA, los sindicatos de la droga mexicanos controlan el tráfico a lo largo y ancho del territorio nacional. México es importante productor y tránsito de éxtasis, centro significativo de lavado de dinero, gran abastecedor de heroína y el más grande proveedor de marihuana y metanfetaminas en el mercado de EEUU. Es el tercer productor de opio en el mundo y 95 por ciento de la cocaína procedente de Sudamérica que ingresa a EEUU pasa por México (The World FactBook 15/06/2021).
El gobierno de Biden no se ha pronunciado sobre la controvertida propuesta presidencial. Probablemente no lo haga públicamente, sino en conversaciones privadas. Militarizar los órganos de procuración de justicia contraviene su férrea defensa de los derechos humanos y la priorización del combate a la corrupción como eje de su política exterior. Con todo, no dependerá de EEUU prevenir que la seguridad interna quede en manos militares sino del interés que haya en México en preservar la institucionalización civil.
Por Dolia Estévez