María Amparo Casar, Jaime Zabludovsky, Luis Carlos Ugalde, Luis de la Calle, Miguel Székely y Carlos Mancera tienen en común ser fundadores de Signos Vitales, la asociación civil que acusa al presidente Andrés Manuel López Obrador de destruir a México y llevarlo al totalitarismo, pero también los unen los millonarios contratos que recibieron del Gobierno de Enrique Peña Nieto y que perdieron en el actual.
Trece de los de los 44 integrantes de Signos Vitales, creada en 2020 y presidida por el economista Enrique Cárdenas —quien quiso ser candidato de Morena a Gobernador de Puebla en 2018—, recibieron mediante consultorías y empresas de las que son integrantes por lo menos 188 contratos públicos por más de 780 millones de pesos en dependencias del Gobierno del priista Peña Nieto.
Prácticamente la mitad de esos contratos, 95 de los 180, se concentró en fundadores de Signos Vitales —Mancera Corcuera, Székely Pardo y Juan Carlos Belausteguigoitia Rius—, que acumularon 731 millones 700 mil pesos, es decir, más del 93.7 por ciento del total.
Pero también recibieron contratos de Peña Nieto: Luis de la Calle, exfuncionario de Ernesto Zedillo; Carlos Elizondo Mayer Serra, consejero de Petróleos Mexicanos (Pemex) con Vicente Fox; Alejandro Poiré, secretario de Gobernación con Felipe Calderón, todos miembros del “comité asesor de especialistas” de Signos Vitales.
Información oficial, alojada en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el Portal de Obligaciones de Transparencia, revela que los 44 integrantes de Signos Vitales están relacionados con una red de 90 empresas, 75 de las cuales los integrantes de la asociación civil son accionistas, miembros del consejo de administración o ejecutivos, como directores generales o presidentes.
Las otras 15 empresas están relacionadas en un segundo grado con los integrantes de Signos Vitales a través de sus familiares de primera línea como padre, madre, hijo/a, hermana/o y cónyuge.
Más aún: varios de los 15 integrantes de Signos Vitales que más contratos millonarios recibieron durante el sexenio de Peña Nieto han sido servidores públicos en diferentes momentos en los gobiernos de Carlos Salinas, Zedillo, Fox y Calderón.
De hecho, más de la mitad de los integrantes de esta asociación civil —27 de 44— han ocupado cargos directivos de alta responsabilidad en diferentes administraciones del Gobierno federal y gobiernos estatales en el periodo del 2000 al 2020.
Y es que así como los grandes empresarios se han movilizado para oponerse a políticas del Gobierno de López Obrador, como el pago de impuestos, el fogoso activismo de organizaciones y personajes de la sociedad civil de México puede explicarse por los millonarios negocios que tenían con los gobiernos del PRI y del PAN, ahora coaligados en “Va por México”.
Del sexenio de Peña Nieto al de López Obrador, los negocios se vinieron abajo, como lo acreditan los números: Los 15 integrantes de Signos Vitales que recibieron 170 contratos públicos por un monto de 774.4 millones de pesos en el sexenio del priista, pero en los primeros tres primeros años de López Obrador sólo siete de ellos recibieron 18 contratos públicos por apenas seis millones de pesos.
Esta reducción en el número de contratos asignados entre 2019-2021 a integrantes de Signos Vitales ha significado una pérdida económica del 88.5 por ciento en el valor de las contrataciones públicas al compararlo con el mismo periodo de Peña Nieto.
Los 13 integrantes vinculados a contrataciones públicas durante el periodo 2012-2021 son actores que han visto afectados sus intereses en los sectores económicos de la salud, el alimenticio, el de energía y educación, como lo manifiestan en sus posiciones que coinciden con ”Va por México”.
Esta coalición fue construida por Claudio X. González Guajardo, presidente fundador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), cuya sucesora, Casar Pérez, fundó Signos Vitales y fue coordinadora de asesores de Santiago Creel, Secretario de Gobernación de Vicente Fox, también constructor clave de la alianza.
Desde su nacimiento, en mayo de 2020, Signos Vitales se propuso “servir como una luz que muestre la dirección que México está tomando, a nivel nacional e internacional, y como una voz de alerta en aquellos asuntos relevantes cuando la viabilidad del país, armonía social, prosperidad para todos, respeto a los derechos humanos, democracia y libertad pudieran correr peligro”.
Esta organización, integrada por el “comité ejecutivo” de nueve personas y otras 34 que forman el “comité asesor de especialistas”, reconoce expresamente que “está ligada con organizaciones de la sociedad civil y con universidades, centros de investigación y medios de comunicación en el país y en el extranjero, con fundaciones nacionales y extranjeras, y con organismos internacionales”.
Y sí: Los integrantes de Signos Vitales, que “actúan de manera individual y no a nombre de alguna institución”, están vinculados a empresas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil que sólo en el Gobierno de Peña Nieto obtuvieron jugosos contratos que ya no tienen en el de López Obrador.
DE MILLONES A LA NADA
La revisión de los 180 contratos obtenidos por 15 de los integrantes de la asociación civil Signos Vitales, entre 2012 y 20121, arroja que el mayor número —29— lo obtuvo Valora Consultoría, A.C., de Carlos Mancera Corcuera, quien a título personal obtuvo uno más, con un monto total de 44 millones 491 mil pesos, todos durante el Gobierno de Peña Nieto.
Valora Consultoría, cuyos socios son entre otros Miguel Limón Rojas y Mancera Corcuera, Secretario y Subsecretario de la SEP con Ernesto Zedillo, es una firma especializada en los campos de la educación y la cultura, que ya no recibió contratos en el Gobierno de López Obrador.
Miguel Székely Pardo, miembro fundador de Signos Vitales, dirige el Centro de Estudios Educativos y Sociales que, a través de la empresa Estrategias de Acompañamiento y Servicios Educativos, S.R.L. de C.V., obtuvo contratos del gobierno federal por 20 millones 444 mil pesos, entre 2014 y 2019. En el Gobierno de López Obrador esta empresa de Székely Pardo, subsecretario de Educación en el Fox y de Desarrollo Social en el de Calderón, sólo ha recibido un contrato por 433 mil pesos.
Por su parte, Casar Pérez, quien sustituyó a González Guajardo en la presidencia de MCCI, obtuvo también 16 contratos con los gobiernos de Peña Nieto y de López Obrador, a través de la televisora Canal Once, con un monto total de cinco millones 750 mil pesos. Pero en la actual administración su ingreso ha sido de sólo un millón 313 mil pesos.
Jaime Zabludovsky, fundador de Signos Vitales y miembro del comité ejecutivo —que después fue sustituido por Valeria Moy—, obtuvo 16 contratos de dependencias del Gobierno de Peña Nieto por 10 millones 339 mil pesos a través de la empresa IQ Inteligencia comercial, que ofrece consultoría sobre comercio exterior e inversión.
El presidente de la empresa es Herminio Blanco Rebollo, jefe de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Carlos Salinas y secretario de Comercio y Fomento Industrial con Zedillo, mientras que Zabludovsky Kuper es el vicepresidente ejecutivo y fue su mano derecha en esos cargos en el gobierno.
En el Gobierno de López Obrador esta empresa de Zabludovsky Kuper y Blanco Rebollo ya no ha recibido contratos.
MORERA, UGALDE, POIRÉ…
Graciela María Teruel Belismelis, integrante del Comité asesor de especialistas de Signos Vitales y experta en educación, obtuvo 13 contratos por 10 millones 901 mil pesos entre 2013 y 2020, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Covenal). Con López Obrador ha recibido dos millones 45 mil pesos.
A su vez, Luis Carlos Ugalde Ramírez, quien presidió el IFE en la elección de 2006 y miembro del Comité asesor de especialistas de Signos Vitales, también ha visto reducir sus ingresos en el gobierno de López Obrador a través de su empresa Información y Tecnología para Asuntos Públicos, S.C., de la que forma parte Integralia Consultores.
A través de esta empresa y a título personal Ugalde recibió contratos por casi 12 millones de pesos del Gobierno de Peña Nieto, y de López Obrador apenas uno por 600 mil pesos.
Cantidad semejante obtuvo Juan Carlos Belausteguigoitia Rius, también miembro de Signos Vitales, que a través del Centro Mario Molina y a título personal obtuvo once contratos por un monto total de 11 millones 800 mil pesos entre 2013 y 2021. Con López Obrador su ingreso se redujo a 580 mil pesos.
Eduardo González Pier, miembro también del consejo asesor de especialistas de la asociación civil, obtuvo un contrato por dos millones de pesos en el Gobierno de Peña, en el que se desempeñó como Subsecretario de Salud y un millón 943 mil a través de la Fundación Mexicana para la Salud (Fusalud).
Otros integrantes del comité asesor de especialistas de Signos Vitales han sido también contratistas de Peña, aunque con montos menores:
Uno es Luis de la Calle Pardo, director general y socio fundador de De la Calle, Madrazo, Mancera, S.C. y exfuncionario del gobierno de Zedillo, recibió tres contratos por dos millones 367 mil pesos.
Uno más: Carlos Elizondo Mayer Serra recibió un contrato, en 2014, por 527 mil 501 pesos, después de haber sido consejero de Pemex en el Gobierno de Fox.
Y Alejandro Poiré, Secretario de Gobernación de Calderón, también recibió cuatro contratos de Peña Nieto por un millón 434 mil pesos, a través de la empresa México Crece, y ya con López Obrador ninguno.
La activista Morena Mitre también está identificada con recibir recursos en el Gobierno de Peña: 39 mil 335 pesos, el 2013, y dos contratos, por 831 mil 484 pesos, a través de la empresa Novalan, S.A. de C.V., que dirige su hermano Juan Ramón.
Juan Ramón Morera Mitre fue uno de los más tenaces promotores de amparos contra la construcción del aeropuerto “Felipe Ángeles”, en Santa Lucía, Zumpango, Estado de México.
El “comité nacional” de Signos Vitales, cuyo secretario ejecutivo es Carlos Lascurain, exsubsecretario de Educación de Puebla, está integrado por Casar Pérez; María Elena Morera, presidenta de Causa en Común; Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); Julio Frenk, Secretario de Salud de Fox; Federico Reyes Heroles, exmiembro de Transparencia Mexicana; Jorge Suárez Vélez, colaborador de Letras Libres, y Duncan Wood, director del Instituto México en el Wilson Center.
Y el “Comité asesor de especialistas” de Signos Vitales incluye, además de los mencionados, a exfuncionarios de los gobiernos de Fox como Eduardo Sojo, Secretario de Economía; Rogelio Gómez Hermosillo, funcionario de Sedesol, así como de Calderón como Salomón Chertorivsky, de Salud, y José Antonio Polo Oteyza, coordinador de asesores de Genaro García Luna.
Otros integrantes son el ministro en retiro José Ramón Cossío, Jaqueline Peschard, Luis Foncerrada, Gonzalo Hernández Licona; Carlos Hurtado, Lorenza Martínez Trigueros, Lourdes Melgar, Francisco Suárez Dávila, Carlos Serrano, Sylvia Schmelkes, José Sarukhan Kermez, Hernán Sabau, Francisco Rivas, Alfonso Mendoza, Manuel Molano, Carlos Heredia y Tonatiuh Guillén.Álvaro Delgado Gómez
Por Álvaro Delgado Gómez