Ayer se realizó la consulta para conocer la voluntad de los ciudadanos sobre investigar o no los crímenes del pasado. Un poco como la rifa del avión, esta iniciativa es el resultado de la persistencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, personalmente interesado en convertir el tema en un asunto de debate y discusión pública. Pero al igual que la rifa, frente a las muchas dificultades y obstáculos enfrentados, ha terminado por convertirse en un ejercicio un tanto surrealista que cada quien está interpretando a su manera.
Para empezar, por el ajuste que debió hacer la Suprema Corte a la extraña consulta que ponía a consideración de la población si era menester o no enjuiciar a los expresidentes, como si la aplicación de la ley y el castigo de los delitos tuviese que ser decidido por votación. Contra lo que algunos creen, los expresidentes no tienen fuero que los exima de ser llevados ante tribunales. Si así fuera sería explicable que se necesitará un mandato jurídicamente superior, en este caso la voluntad popular. Pero al no existir fuero, resulta extraño someter a plebiscito decidir si los expresidentes deben ser investigados; primero, porque si hay delitos comprobables la Fiscalía no necesita permiso para iniciar una averiguación; y, segundo, porque si no hay delitos comprobables, por abrumador que resulte el sí, tampoco se les pueden fabricar pruebas por más que los que votan así lo hayan decidido. Justo por esa razón la Suprema Corte tuvo que hacer acrobacias para satisfacer la preocupación del Presidente sin incurrir en un absurdo jurídico sometiendo a la opinión de la mayoría si se aplica o no la ley. La pregunta sobre la que ayer votaron los que acudieron a la urna lo dice todo:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender acciones de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminadas a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
Un segundo problema tiene que ver con la interpretación de lo que se está decidiendo, toda vez que la pregunta termina siendo ambigua. Para el Presidente López Obrador no hay ninguna duda sobre lo que esta consulta pretende. En sus conferencias de prensa mañaneras, día tras día, ha insistido en la necesidad de que la gente exprese si desea castigar o no la corrupción de los expresidentes. Para él es eso lo que está en juego. Desde el arranque de su administración él había dicho una y otra vez que no iba por el castigo, que no deseaba mirar atrás, sino adelante. Por alguna razón, a mitad de camino, parecería haber cambiado de opinión sin aceptarlo explícitamente. Incluso estos días ha dicho que él votaría por el no porque en su corazón no anida la venganza, pero al mismo tiempo no ha ocultado su intención de que la consulta se haga a como de lugar. Una manera de no dar su brazo a torcer en público, pero al mismo tiempo hacerlo “contra su voluntad inicial porque lo habría pedido el pueblo”. Las razones políticas sólo pueden especularse, pero es indudable que en términos discursivos favorece enormemente al actual régimen que la conversación pública gire un rato en torno a la corrupción de regímenes anteriores.
Pero esta no es la única lectura que la consulta ha recibido. Al presionar la realización de este referéndum sin importar el modo, la Presidencia no previó que la Suprema Corte arrojase una pregunta que da pie a otra interpretación. Otros sectores, incluso críticos del obradorismo, lo han visto ahora como una oportunidad de atraer la atención no tanto, o no exclusivamente, al tema de la corrupción sino al de los derechos humanos violentados en el pasado, entendidos en el sentido más amplio. La mera posibilidad de que un resultado abrumador ejerza presión para hacer algo respecto a los miles de desaparecidos y asesinados, y en general sobre las muchas víctimas de la violencia, abre perspectivas de un ajuste con el pasado. Personajes como Javier Sicilia, crítico reiterado del Presidente, consideran que es una oportunidad para que la población exija a López Obrador que cumpla por fin con una “agenda de víctimas”, un tema sobre el cual, en opinión de muchos, la 4T ha sido deliberadamente omisa. Algunos otros activistas ponen el énfasis en la posibilidad de crear Comisiones de la Verdad para escuchar a las víctimas y Tribunales Transicionales para abordar los crímenes políticos del pasado.
Ciertamente no es este el ángulo que originalmente pretendía Palacio Nacional, que se ha limitado a hablar de delitos de corrupción cometidos específicamente por los exmandatarios. De hecho, hacer responder a los presidentes por los crímenes contra la población cometidos durante su respectiva administración, pondría en la mira más temprano que tarde al propio López Obrador, considerando que su sexenio terminará con una cifra aún más alta de asesinados y desaparecidos, por no hablar de las cifras ingentes de los que han caído por la epidemia.
¿Qué podemos esperar? Una cifra pequeña de participación, pero en proporción abrumadora en favor del sí. Muy lejos del 40 por ciento del padrón electoral que contempla la Constitución para que el resultado se convierta en un mandato legal, pero con un saldo desproporcionado en favor de que se emprenda una investigación sobre el pasado. Ahora bien, ¿qué tipo de investigación? Como no tendrá valor jurídico sino político, los actores sociales lo interpretarán de acuerdo a sus agendas e intereses.
La Presidencia intentará ganar “la narrativa” sobre corrupción; por el contrario, activistas y organizaciones sociales impulsarán los temas de derechos humanos. Las Cámaras legislativas serán sometidas a la presión de la opinión pública para que se formen Tribunales de la Verdad y equivalentes. Pero los alcances y propósitos de estos proyectos serán la arena de confrontación de las siguientes semanas.
Al final la Presidencia obtendrá lo que necesitaba. Pero al mismo tiempo no queda descartado que esto abra el camino a ejercicios de indagación sobre la responsabilidad de los presidentes en la violación de los derechos humanos de la población y en el enorme saldo de víctimas que ha dejado la violencia. Algo que no esperaba Palacio Nacional. Como dice el dicho, cuidado con lo que deseas, porque puede hacerse realidad.