El presidente colombiano Gustavo Petro y su bancada en el Congreso de la República están aprovechando la primavera de sus mayorías para hacer aprobar leyes y decisiones importantes que le permitan la realización material de sus promesas de campaña.
Una de ellas, la reforma rural integral, ya empieza su andadura con la titulación de 11 mil 200 títulos para 10 mil 800 familias de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, y la compra de tres millones de hectáreas a los ganaderos afiliados a FEDEGAN de la que hablé en mi columna anterior. Ante el resquemor que suscita cualquier negocio con esa federación, tantas veces señalada de vinculación con paramilitares, la ministra de Agricultura ha dado un parte de tranquilidad, con el peso que su experiencia y formación en el tema trasmite, como que es una de los más importantes estudiosos sobre el tema. Ha dicho que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tiene un registro riguroso de seis millones de predios despojados de manera forzada (desplazados por masacres de paramilitares durante el conflicto armado) realizado por la Unidad de Víctimas del Conflicto (HUARIV); cuenta con un equipo de litigantes expertos propiedad, despojo y tenencia de tierras para revisar cada oferta; que la Unidad de Planificación Rural (UPRA) tiene los mapas de uso del suelo y sabe cuáles son fértiles y cuáles no.
Aclara la Ministra que no se ha comprado nada aún y que cada hectárea que se compre pasará por su personal supervisión y que se iniciará con el listado de campesinos de que ya se dispone para que sean los primeros beneficiarios. Iniciando con ellos, la asignación de predios se hará por restitución, por baldíos o por compra. La compra no excluye la extinción de dominio que aportará un número importante de predios a asignar.
En apenas dos meses y tres días de posesionado ya puede mostrar como hechos verificables, además de los antes relacionados de la reforma agraria, el inicio de diálogos con el ELN; ya se han reunido los negociadores de ambas partes, entre ellos los que estaban en Cuba que regresaron mediante el cumplimiento de los protocolos internacionales. Hay que recordar que el gobierno anterior presionó de manera ingrata e inamistosa a Cuba para que los devolviera a Colombia, infringiendo la legislación internacional. En noviembre debe iniciar la primera ronda de conversaciones con esa guerrilla.
En consonancia con la exigencia del ELN de participación comunitaria, por su consideración de que ellos son solo representantes del pueblo y que éste debe participar, el Gobierno se propone realizar 50 diálogos regionales vinculantes, de los cuales ya ha realizado tres, cuyas conclusiones se convertirán en insumos para el Plan Nacional de Desarrollo, que marcará la ruta a seguir en el próximo año.
Asimismo, se han iniciado contactos con grupos armados al margen de la ley a los cuales se les aplicará un proceso de sometimiento a la justicia, muy distinto al político -destinado exclusivamente al ELN y al parecer a algunos reductos del EPL.
Las controversias de amigos y contradictores se presentan en torno al caso de Iván Márquez, porque ya había recibido beneficios en el Acuerdo de Paz con las FARC, en el cual actuó como jefe negociador por parte de esa guerrilla, y ese acuerdo prevé que quien luego de firmado retome las armas o cometa delitos, perderá sus beneficios. Asimismo, hay rechazo al hecho de que una disidencia de esa guerrilla se presente como FARCEP, puesto que la organización que se identificaba con ese nombre se desmovilizó, ya no existe y participa en política democrática, con varios miembros en el Congreso con una organización política de nombre de Comunes.
Una de sus primeras medidas de este gobierno, aún antes de iniciados estos diálogos, ha sido la solicitud a Estados Unidos de que levante la calificación de Cuba como país promotor del terrorismo que el gobierno de Iván Duque le atribuyó a ese país que tanto ha aportado a la paz de Colombia.
La bancada de gobierno logró la aprobación en el Congreso de la ley que establece la Paz Total como un propósito de Estado y reemplaza el Servicio Militar Obligatorio por el Servicio Social para la Paz y autoriza al Gobierno encuentros que conduzcan a ella y que, como ya vimos, empieza a mostrar avances.
No menos importante ha sido el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela, con quien compartimos más de dos mil kilómetros de frontera. El presidente Petro acudió a Cúcuta, ciudad fronteriza de Colombia para inaugurar la apertura; el presidente Maduro delegó su participación en el acto. Esa circunstancia, que ha criticado tanto la oposición en ambos países es un tema menor. Lo importante es que se devolvió la empresa Monómeros, que los dos millones de colombianos que viven en Venezuela y los más de dos millones de venezolanos que viven en Colombia podrán reanudar sus lazos familiares, y que los empresarios y comerciantes de ambos países, empiezan la reactivación de sus economías.
En los dos meses que lleva este Gobierno en el poder han disminuido los asesinatos de líderes sociales que ojalá cesen totalmente.
Las relaciones con Estados Unidos están en una tónica muy distinta a la que mantuvieron en el gobierno anterior. Duque debió esperar meses para lograr una conversación telefónica con Joe Biden. Petro la tuvo horas después de su posesión y el secretario de Estado, Antony Blinken, vino de visita al país antes de cumplidos dos meses del Gobierno, y Biden declaró que apoya la paz total, que “en la lucha contra las drogas apoyamos el enfoque integral de Petro” pero tiene reservas en cuanto a su política de extradición.
En el Congreso de la República avanza la aprobación de la Reforma Tributaria, con un régimen de tributación progresivo, que pone el énfasis en la paz, el campo con la reforma agraria, la educación y la lucha contra el hambre. Esta ha sido la reforma tributaria más discutida y concertada en la historia del país; ha tenido que vencer la resistencia de los empresarios que proponen bajar, de los 23 billones de pesos que propone, a ocho, como máximo. El ministro de Hacienda, uno de los economistas más respetados internacionalmente, dice haberse reunido con ellos en ocho ocasiones por muchas horas cada vez. Finalmente, luego de consensuar hasta donde es posible, avanza esta reforma que respeta la regla fiscal, pero debe brindar los recursos indispensables para financiar el programa de gobierno y abatir el nivel del déficit fiscal que ha heredado.
Así, a pasos acelerados pero firmes, avanza el Gobierno que ha prometido construir un país en paz, con equidad y justicia social, que permita vivir sabroso.