Una de las más importantes promesas de campaña de Gustavo Petro, ratificada luego de su triunfo como Presidente, fue la entrega de tierra a los campesinos desheredados. Ahora se ha dado a conocer, oficialmente por parte del Gobierno, que comprará tres millones de hectáreas al Fondo Ganadero-Fedegan, para este fin.
Inmediatamente, saltaron las alarmas porque esa llamada federación se ha declarado en la práctica enemiga del Gobierno; ha llamado a los hacendados a unirse en una “acción solidaria” en respuesta a las invasiones de tierra que han venido dándose de manera dudosa luego de la declaración del presidente Petro de que desarrollaría del primer punto del Acuerdo de Paz con las FARC, referido a la reforma agraria.
Ese llamado de José Félix Lafourie (presidente del gremio) inevitablemente hace recordar que el inicio de los paramilitares fue bastante parecido: organizaciones de autodefensa campesina, llamadas a convivir, impulsadas por el entonces presidente Álvaro Uribe, que luego se ha comprobado fueron a parar a manos de los paramilitares.
Alejandro Reyes, tal vez el mejor analista de la cuestión agraria en Colombia, ha dicho en relación con esas supuestas invasiones de tierra que las organizaciones campesinas no están interesadas en hacerlas porque están esperanzadas en la promesa del presidente Petro de entregar tres millones de hectáreas a los campesinos sin tierra y en la ley de restitución de tierras que el actual Gobierno ha reactivado luego de que el expresidente Iván Duque la mantuviera inactiva y promete devolverles lo que les fue arrebatado por medio de las armas en esa horrible sangría de la violencia paramilitar.
Dice Reyes que, por el contrario, detrás de las invasiones están quienes quieren sabotear la reforma agraria, el restablecimiento de relaciones con Venezuela a la que atribuyen la penetración del castrochavismo y su política de paz total.
Otros analistas, al igual que Reyes, sostienen que con las invasiones pretenden obligar a la fuerza pública a intervenir para demostrar que la nueva política que privilegia el diálogo de los militares con los invasores antes que la represión es inviable.
Las declaraciones del representante de los ganaderos no generan tranquilidad y menos la sensación de que se ha llegado a un acuerdo pacífico, sino más bien la declinación del Gobierno en aras de lograr un entable de seguridad y paz que, al tiempo que tranquiliza a ese gremio recalcitrante y da cumplimiento a su apuesta más importante que es la de la paz total. Nadie duda de que sin solucionar el problema de la tierra nunca habrá paz en Colombia.
Ha dicho Lafourie, el ganadero mayor, que este acuerdo de compra de tierras permitirá mandar un mensaje de tranquilidad al sector ganadero. ¿De qué otra manera podría entenderse esta transacción luego de las amenazas de unirse los terratenientes “en acción solidaria” para repeler las invasiones?
Con suficiencia declara el ganadero que el Gobierno estaba obligado a negociar con ellos, porque “el sector ganadero tiene 37 millones de hectáreas, de las 55 (del total del país), por consiguiente, si el Gobierno va a adquirir tierras por cualquier título, pues evidentemente tendrá que pasar por la tierra ganadera”.
A esto se llega luego de que difundieran la idea de que el Gobierno llegaba a expropiar la propiedad privada, con campañas de terror parecidas a las que desplegaron antes del plebiscito por la paz, que les dieron la victoria en esa ocasión. Ahora, sibilinamente, el jefe de los ganaderos se muestra complacido de que el Presidente haya decidido optar por la vía del diálogo.
Así que ésta ha sido una decisión arriesgada de pragmatismo político, que prefirió apagar el incendio antes de que se propagara, al tiempo que da cumplimiento al punto tal vez más importante del Acuerdo de Paz, negado por Iván Duque durante su Gobierno, para realizar una reforma agraria que desde 1936, cada vez que tímidamente asoma en el horizonte, es negada con el poder de las armas. Fue una promesa de Petro desde su campaña y corresponde a las ideas centrales que ha esgrimido desde mucho antes de que decidiera buscar la Presidencia de la República.
Debió hacer un análisis muy juicioso Petro, muy posiblemente balanceando los peligros para la paz, para decidirse por la opción de compra de tierra en lugar de la extinción de dominio de las tierras no cultivadas a que lo autoriza la ley 200 del 1936, de reforma agraria, basada en la declaratoria de función social de la propiedad, del Gobierno progresista del liberal Alfonso López Pumarejo, tantas veces traicionada por quienes por tantos años lo han sucedido en el poder.
Es posible pensar que balanceó las posibilidades ante las amenazas de rearme de los grandes propietarios de la tierra y haya decidido que su proyecto de reforma agraria y el de la paz total están anudados de tal manera que sin uno no puede existir el otro.
Las largas filas de víctimas de la violencia paramilitar que todavía hoy piden justicia, las verdades que ha develado la Comisión de la Verdad, las confesiones de exjefes paramilitares ante la Justicia Especial de Paz (JEP) nos recuerdan que a veces el logro de la justicia con equidad exige mirar la realidad con sentido pragmático, optar por el diálogo con adversarios que puedan echar por tierra el proyecto básico del Gobierno y aplazar algunos otros en espera de momentos más auspiciosos.