La acción combinada de la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA, por su sigla en inglés), el fi scal general Merrick Garland, el juez Bruce Reinhart, el FBI y probablemente alguna “garganta profunda”, pueden haber clavado los últimos clavos en el ataúd político de Donald Trump. La argumentación ofrecida al magistrado y los resultados del operativo mediante el cual se ocuparon documentos altamente comprometedores parecen definitivos.
El pasado 10 de agosto, Holmes Lybrand, Marshall Cohen y Hannah Rabinowitz de CNN, publicaron una cronología de la investigación que, con el allanamiento de Mar-a-Lago, entró en una etapa conclusiva al involucrar a Trump en un proceso criminal que en lo adelante seguirá cursos judiciales en los cuales, nadie puede intervenir ni frenar.
El proceso se inició en enero de 2021 cuando, funcionarios de la NARA que es la entidad federal encargada del registro nacional de todos los documentos y materiales creados en el curso de la gestión del gobierno federal de los Estados Unidos, se percató que, documentos clasificados inscriptos en los registros, no estaban físicamente donde debían encontrarse por lo cual solicitó a funcionarios de la administración saliente y al propio presidente, la entrega de los mismos. En mayo de 2021, Gary Stern, abogado de NARA contactó con el equipo de Trump para localizar los documentos faltantes.
Transcurrido varios meses sin respuesta, en el otoño de aquel año, Stern insistió y preguntó por varias cajas de registros que aparentemente se trasladaron a Mar-a-Lago a lo cual no hubo respuesta.
En enero de 2022, finalmente el equipo de Trump entregó a la NARA 15 cajas de documentos que se encontraban en Mar-aLago. NARA hace constar que algunos de los registros recibidos habían sido “destrozados” por lo cual fue necesario reconstruirlos físicamente, es decir pegarlos. En ese proceso, el 9 de febrero de 2022, se conoció que la NARA pidió al Departamento de Justicia una investigación sobre el manejo de documentos en la Casa Blanca para comprobar si hubo violación de la Ley de Registros Presidenciales, la cual obliga a entregar a los Archivos Nacionales los documentos creados por un presidente.
El 18 de febrero de 2022 la NARA comunica al Departamento de Justicia que entre los documentos recuperados en Mar-a-Lago en el mes de enero hay material clasificado. También informa que algunos de los devueltos están físicamente rotos y que altos funcionarios de la administración no conservaron adecuadamente sus mensajes en las redes sociales, los borradores de tuits y los tuits eliminados. Los faltantes se acrecientan.
El 7 de abril la NARA informó que fiscales del Departamento de Justicia pusieron en marcha una investigación penal sobre el presunto mal manejo de documentos clasificados por parte de Donald Trump. El 12 de mayo de 2022 esos fi scales piden a la NARA acceso a los documentos clasificados recuperados en Mar-a-Lago y se conoce que el Departamento de Justicia utiliza un jurado investigador en sus procedimientos.
Preocupados por la integridad de los documentos que permanecen en Mar-a-Lago, el 3 de junio de 2022 investigadores, incluido un alto funcionario de contrainteligencia del Departamento de Justicia, se personan en la residencia de Trump y recaban información sobre el material que permanece allí. Los investigadores se reúnen con los abogados de Trump, Cristina Bobb y Evan Corcoran, e inspeccionan la sala donde se guardan los documentos. Trump aparece brevemente saluda, aunque no responde a ninguna pregunta.
Como resultado de la inspección el 8 de junio de 2022 los investigadores aconsejan al personal de Mar-a-Lago, que refuercen la seguridad de la sala donde se guardan los documentos. La sugerencia fue aceptada.
Entre ese momento y el 8 de agosto de 2022 se realizó un proceso no público en el cual la NARA pide al Director del Departamento de Justicia un registro en Mar-a-Lago y ofrecen argumentos al respecto, convencido, el fi scal general Merrick Garland, pide al juez Bruce Reinhart, que emita la orden de registro correspondiente, para lo cual el magistrado debe saltar sobre la IV Enmienda a la Constitución, lo cual entraña una enorme responsabilidad.
El 8 de agosto pasado, en un hecho sin precedentes, amparado en un orden judicial, el FBI registra la residencia de un expresidente de los Estados Unidos, conocida como Mar-a-Lago donde incauta cientos de documentos como parte de una investigación criminal.
El 26 de agosto, por orden del juez Bruce Reinhart, el mismo que emitió la orden de registro, dio luz verde para publicar una versión editada (para no comprometer fuentes ni perjudicar la investigación en curso) se publicaron los argumentos tenidos en cuenta para ordenar el registro que son lapidarios.
En la medida en que surjan novedades, los mantendré informados.
Extractos de los argumentos para la orden de registro (Seleccionados por el autor)
1-El Gobierno está llevando a cabo una investigación criminal sobre la indebida la sustracción y almacenamiento de información clasificada en espacios no autorizados, así como la ocultación o remoción de registros gubernamentales.
2-La investigación se inició como resultado de una remisión que la Administración Nacional de Archivos y Registros de los Estados Unidos (NARA) envió al Departamento de Justicia de los Estados Unidos...Los NARA declaró que el 18 de enero de 2022, recibió del ex presidente Trump 15 cajas que habían sido transportadas a Mar-a-Lago. NARA informó que contenían, entre otras cosas, documentos altamente clasificados entremezclados con otros registros.
3-Después de una revisión inicial de la remisión de NARA, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) abrió una investigación criminal, entre otras cosas, para determinar cómo documentos con marcas de clasificación y los registros fueron retirados de la Casa Blanca (o de cualquier otro lugar(es) y llegaron a ser almacenados en el LOCAL y determinar si los lugares de almacenamiento en el LOCAL eran autorizados para el almacenamiento de información clasificada...
4- La investigación del FBI ha establecido que los documentos que llevan clasificación marcas, que parecen contener Información de Defensa Nacional (NDI), se encontraban entre los materiales contenidos en las QUINCE CAJAS y fueron almacenados en el LOCAL en una ubicación no autorizada. Además, existe causa probable para creer que los documentos adicionales que contienen NDI clasificado o que son registros presidenciales sujetos a requisitos de retención de registros actualmente el LOCAL permanecen. También hay causa probable para creer que la evidencia de obstrucción se encontrará en el local