Observatorio Quintana Roo, organización dirigida por Eduardo Galaviz Ibarra, denunció públicamente el incumplimiento de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, de no presentar en el plazo estipulado las reglas de operación para ejercer los recursos que se le destinaron para este año. En el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado se establecen diversos requisitos para la aplicación del presupuesto aprobado por el Congreso Estatal.
La Secretaría de Desarrollo Social cuenta con una enorme partida presupuestal, la más grande, para el otorgamiento de las llamadas “ayudas sociales”, que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 70 del mencionado Presupuesto de Egresos, obligatoriamente se debieron presentar a más tardar el pasado 13 de enero las reglas de operación en el Periódico Oficial del Estado, para poder ejercer dichos recursos.
Adicionalmente, y como corresponde a la propia Ley para el Desarrollo Social del Estado de Quintana Roo, la Secretaría tampoco acató el cumplimiento señalado en los artículos 27 y 28, en los que se dispone se determinen las zonas de atención prioritarias y los segmentos de la población objetivo a las que se canalizarían esos beneficios.
No solo es una omisión, ya que la aplicación de esos recursos sin el debido antecedente del cumplimiento legal del proceso puede ser objeto de cuestionamientos de carácter judicial y generar observaciones ante la Auditoría Superior del Estado, en su carácter de revisora de la rendición de cuentas. En el terreno del análisis que pudiera explicar las razones, por supuesto que hay varias vertientes en lo individual, o peor aún, en una combinación de las mismas.
Lo que no deja lugar a ninguna duda es la inexperiencia y falta de capacidad del titular de la Secretaría, Pablo Bustamante, quien además, como lo ha venido demostrando desde que asumió el cargo, no respeta ni le importa cumplir con los ordenamientos; ya sea por su novatez o terquedad, tal vez crea que puede hacer lo que se le dé la gana, a la hora que se le antoje.
También porque seguramente no entiende que la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de recursos públicos no solo es una obligación, sino un derecho ciudadano a estar informado del destino final de sus impuestos; porque, aunque él así lo crea, ese dinero no es de su propiedad.
Por otro lado, la discrecionalidad, que en este caso es un vano intento de ocultamiento, porque más temprano que tarde tendrá que dar a conocer esta información, no está amparada por el “madrinazgo” que presume; es un requisito, y si no se acata genera sanciones, pese a que él se considere intocable.
Por supuesto no es ningún secreto que su nombramiento en esa dependencia y la asignación generosísima de recursos presupuestales a su cargo son un componente para construirle una candidatura al amparo del gasto público, mediante un esquema de repartir ayudas a diestra y siniestra, con el fin de darle una popularidad que él solo, y por sí mismo, jamás podría alcanzar. En anteriores ocasiones en este espacio habíamos mencionado que ese destino, es decir, la candidatura a un cargo de elección popular, se refería a una diputación federal.
Sin embargo, fuentes muy confiables nos han hecho saber que ese es el plan “B”; que la verdadera intención es postularlo a la candidatura a la presidencia municipal de Benito Juárez. Más allá de su enorme carencia de atributos personales y profesionales, situación de la que ya hemos dado puntual cuenta, que deja muy en claro su falta de estatura política, está el paradigma de los acuerdos previamente establecidos.
Porque la lógica implica que esa candidatura emanaría de una coalición entre Morena y el Partido Verde, que se dice se negoció desde el momento en que se le otorgó la nominación a la actual Gobernadora, en la que hay escenarios preestablecidos, lo que significa que el margen se acota solo a esas opciones.
Una de ellas, que sí le correspondería a Morena designar abanderada, sería entre dos mujeres, actualmente una Senadora y la otra, Diputada Federal; y la segunda si fuera el caso que el Partido Verde propusiera, en primera instancia en la persona de la actual Alcaldesa Ana Paty Peralta o en su defecto a instancias del Comité Nacional de ese Partido.
El asunto es que Bustamante jamás estuvo considerado en ninguna de esas ecuaciones, lo que podría significar que esto es producto de una ocurrencia de la Gobernadora, quien ya en el poder tal vez se sienta con la capacidad y fuerza para romper acuerdos e imponer su voluntad. Lo cual no sonaría tan extraño e improbable, toda vez que ha trascendido que su relación con el Partido Verde, que fue el que impulsó su precoz carrera política, ya no transita en los mejores términos.
Y debido a una serie de incumplimientos de compromisos sobre todo de índole política, la Gobernadora quiere desmarcarse de ese origen para no tener que corresponder a ninguna obligación previamente pactada, y cobijarse en el halo de Morena.
Con el pequeñísimo detalle que en Morena no la consideran una de ellos, pese a que desde el primer día de su Gobierno ha pretendido manifestar una pertenencia que en la realidad no existe. El poder, y más cuando se ejerce de manera absoluta, tiende a modificar pensamientos y comportamientos, porque una de sus trampas es la falsa creencia que durará por siempre y que eso permite imponer la voluntad propia, por encima de cualquier pacto o lealtad, e incluso peor aún, que el periodo de poder se puede duplicar a través de incondicionales.
Independientemente de las intenciones de la Gobernadora, que en principio en el análisis no parece puedan llegar a tener éxito, ya que esas decisiones no son unilaterales y en su momento tendrá que enfrentar poderes superiores al suyo para lograrlas, Bustamante no alcanza para el propósito; con él se equivoca de carta.