La historia de la democracia en México ha sido una historia de luchas constantes. A partir de su independencia en el siglo XIX, nuestro país experimentó largos periodos de autoritarismo y represión, sin embargo, desde los años 70 del siglo pasado, un movimiento modernizador comenzó a tomar forma, demandando la democratización.
Este movimiento se intensificó en la década de los 80 y llevó a la transición política del año 2000, marcando la primera alternancia en el Ejecutivo federal en México e iniciando un periodo continuado en nuestros días de competencia electoral y ejercicio de democracia directa.
Desde entonces, México ha avanzado significativamente en la consolidación de su sistema político con elecciones libres, confiables y con mayor pluralidad de actores.
Además de la creación de un órgano electoral autónomo e independiente, se han llevado a cabo reformas importantes para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno y fortalecer nuestras instituciones democráticas, lo anterior con el objetivo de permitir la participación ciudadana en la toma de decisiones, garantizar la protección de los derechos humanos y la libertad de expresión, elementos fundamentales para un país pluricultural y megadiverso.
La tradición democrática en Yucatán también nos remonta al siglo XIX, cuando la región se unió al movimiento independentista. Durante este periodo, los yucatecos lucharon por la defensa de sus derechos e intereses, y por la construcción de un gobierno democrático.
Esta lucha se plasmó en la promulgación de la Constitución de Yucatán de 1841, que estableció un gobierno representativo y la división de poderes. Desde entonces, nuestra patria peninsular ha sido un referente, destacándose por su participación activa en las luchas sociales y políticas del país.
En la época moderna, la democracia en Yucatán ha evolucionado significativamente, el Estado cuenta con un sistema político pluralista, competitivo, con antecedentes de alternancia en el poder y un porcentaje de participación ciudadana muy por encima de la media nacional. Yucatán, también se destaca por la adopción de políticas públicas innovadoras en temas como la transparencia, la rendición de cuentas y métodos legales de democracia indirecta.
Todo esto ha contribuido a que el nuestro sea considerado como uno de los estados más democráticos y transparentes de México. En este sentido, privilegiar la democracia moderna es esencial para la estabilidad política y el desarrollo sostenible, a través de ella, se pueden abordar los desafíos y problemas de manera pacífica y justa, y se pueden promover políticas públicas que beneficien a toda la sociedad y consoliden el desarrollo económico generado en los últimos 15 años.
Hoy más que nunca, en nuestro país y fundamentalmente en nuestra tierra, debemos de asumir la herencia de la lucha democrática mexicana y vigilar que se garantice el pleno derecho del pueblo a decidir sobre sus líderes políticos, pues los mexicanos tenemos una historia ampliamente conocida de prácticas antidemocráticas que no debe resurgir.
El año en curso es un año político en su totalidad, pues será el año en el que los partidos definan quiénes serán los participantes de la elección que determinará al siguiente gobernador de Yucatán y con ello la calidad del proceso, pues el presupuesto fundamental del derecho humano a elegir a nuestros gobernantes es que tengamos opciones que realmente representen la voluntad de la gente.
En democracia, los partidos políticos tienen la responsabilidad de escoger a los candidatos que la gente quiera y no de elegirlos a través de pactos cupulares antidemocráticos. Por esto, es esencial que los institutos políticos actúen de manera transparente y justa, promoviendo la participación ciudadana y el diálogo, para garantizar que los candidatos elegidos representen verdaderamente los intereses y necesidades de la sociedad.
Los pactos antidemocráticos generan un ambiente de corrupción y opacidad que afecta gravemente la calidad de la democracia, los ciudadanos tienen derecho a conocer el proceso de selección de los candidatos y a tener voz en la elección de los mismos. La falta de transparencia y participación ciudadana en la selección de contendientes puede llevar a la percepción de que los partidos políticos actúan en interés propio y no en el interés de la sociedad.
En resumen, la elección de candidatos a través de pactos antidemocráticos es incompatible con los principios de democracia representativa y socava la confianza de la ciudadanía en el sistema político, por lo que es esencial que los tomadores de decisiones se comprometan a promover la claridad y a respetar la voluntad ciudadana en la selección de sus candidatos.