La Paz Total es la gran apuesta política del presidente colombiano Gustavo Petro. Desde el momento mismo de su posesión la presentó como la guía que orientaría su Presidencia; sería la base para la Reforma Agraria, la de la salud, la política, la laboral, el revolcón de la justicia y la creación de un país justo y equitativo.
Estos 60 años de guerra han impedido que el Estado llegue a todos los rincones de la nación sudamericana, que parece muchos países si se compara el bienestar como del primer mundo de que gozan sectores de las ciudades, y la pobreza, realmente miseria, en el campo y en zonas citadinas. Somos un país dividido por la violencia y nos desangramos en una guerra inútil mientras la droga, ese acicate de nuestras muertes inútiles, apenas si es perseguida en el primer mundo, donde deleita la avidez de sus narices.
Así que una de las primeras acciones de Petro como presidente fue buscar la negociación de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) como organización política, y el sometimiento a la justicia de los demás grupos armados.
El ELN es la única organización política en Colombia que se ha negado a renunciar a las armas para hacer política dentro de la democracia. Hace ya más de 30 años se desmovilizó el M19 y hace siete lo hicieron las FARC que, con los tropiezos inevitables para todo aquel que comienza, está andando los caminos de la política. Es posible afirmar que sin esos dos hechos no hubiera sido posible que un exguerrillero -Gustavo Petro- hubiera sido elegido presidente de la República.
El ELN sabe de sobra que no hay ninguna posibilidad, ni siquiera remota, de conquistar el poder y que cada día que pasa se hundirá más en los terrenos cenagosos de la delincuencia del narcotráfico, pero es posible que el apoyo, voluntario o forzado, que tiene en pequeñas aldeas, les haga concebir la ilusión de que puede crear su propia democracia directa, sin caer en la cuenta de que ante un fusil nadie es libre y, por supuesto, es imposible la democracia. Por eso exige, para conversar con el Gobierno, la participación de la comunidad, pero sin proponer cómo hacerla viable, tal vez porque ellos mismos lo desconocen.
En cambio, cada día hacen crecer el rechazo del país hacia ellos y contribuyen a que aumente el desangre. Hace cuatro días atacaron de noche una guarnición del Ejército en el Catatumbo; murieron nueve soldados indígenas wayuu y campesinos, mientras dormían; es decir, estaban en estado de indefensión, por lo cual es una violación al Derecho Internacional Humanitario. Eran soldados del Gobierno del Cambio que preside un exguerrillero, que tiene como banderas de su administración lo mismo que ellos dicen buscar, pero para el ELN eso no tiene ningún signifi cado especial.
Van nueve meses de conversaciones y apenas si se ha logrado construir una agenda para la negociación y cada día nos encontramos con un comunicado altisonante del comandante Antonio García, jefe de la organización, quien no ha querido ver que mientras se gastan recursos de todo tipo tratando de convencerlos de que el único camino honorable que les queda es la desmovilización, se entorpece el desarrollo de proyectos que buscan hacer realidad eso que ellos exigen: participación de la sociedad civil, desarrollo comunitario, reforma agraria, justicia social.
Antonio García participó en el 1992 en las conversaciones de Tlaxcala (México) entre el Gobierno nacional y la insurgencia como representante del ELN; también lo hizo Alfonso Cano en representación de las FARC-EP. Cuando se rompieron, porque el EPL secuestró al exministro Argelino Durán, quien murió en cautiverio, el representante del gobierno, Horacio Serpa, le dijo a Cano: “Nos vemos dentro de 10 mil muertos”. Creo que fueron muchos más desde ese día hasta el año 2016 cuando finalmente esa guerrilla firmó su desmovilización. Ese debería ser un llamado de atención para el ELN.
El M19 se desmovilizó en el 1989 y fue copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente que nos dio la Constitución que hoy nos rige. En ella participaron también el EPL, el Quintín Lame y el PRT. El ELN se negó a negociar con el Estado, las FARC lo rechazaron rotundamente y la profecía de Serpa se cumplió: cuando lo hicieron, el baño de sangre que propiciaron y en el cual sucumbieron muchos de sus miembros, no había hecho más que aumentar.
Los desmovilizados han sido ministros, embajadores, alcaldes, gobernadores y han ocupado muchos cargos más. Han estudiado, hacen parte de organismos de investigación y su experiencia ha contribuido a nutrir la academia y las organizaciones sociales.
Pero el ELN parece no ver esa evidencia. Yo, que sé con certeza que muchos de sus militantes son campesinos, estudiantes, obreros, que ingresaron a la militancia decididos a entregar hasta sus vidas por conquistar un mundo más justo para todos, veo con dolor que su sacrificio ya sólo despierta rechazo en la mayoría de la población que ya no quiere más muertes inútiles. Necesitamos a esas personas construyendo el nuevo país que nos merecemos.
Ya es hora de que oigan lo que les dicen las organizaciones sociales que están proponiendo ponerse en modo minga para exigirles a los actores armados negociar para alcanzar la paz; y a los actores políticos, que se oponen a las reformas del cambio y mantienen las causas estructurales que alimentan el conflicto, que negocien una paz cierta y duradera. Si piden participación comunitaria, ahí la tienen.