El presidente colombiano, Gustavo Petro, declaró el pasado miércoles el fin de la coalición de Gobierno, que comprendía al Partido Liberal, el Conservador y el de Unidad Nacional -de la U-, pidió la renuncia protocolaria a todo el Gabinete, se la aceptó a siete de ellos y en su lugar nombró a personas cercanas a su línea de pensamiento incluyendo algunos exmilitantes del M19, movimiento en el cual había militado, por lo que pagó prisión y, según él mismo dijo, fue torturado.
Petro había iniciado su mandato con un mensaje de conciliación con todas las fuerzas, se reunió con su más acervo oponente, el expresidente Álvaro Uribe, nombró al presidente de la Federación de Ganaderos (Fedegan), tan señalada de cercanía con los paramilitares, miembro del equipo de Gobierno para la negociación con el ELN, hizo alianza con el expresidente César Gaviria y nombró en el Gabinete a miembros de esa colectividad, así como a personas que habían sido parte del Gobierno de Juan Manuel Santos, y fueron notorios sus esfuerzos para hacer evidente que su talante es democrático, que no llegó a expropiar, como quiso hacer ver la propaganda negra de la más extrema derecha.
Desde la campaña hacia la Presidencia, Petro planteó serios reparos al sistema de salud, al de pensiones, al laboral y al pensional, y se comprometió a hacer una verdadera Reforma Agraria. El país vio con satisfacción, apenas logrado el triunfo, el nombramiento de una ministra liberal con amplísima experiencia en ese campo, así como el de José Antonio Ocampo, reconocido internacionalmente, también de origen liberal, como ministro de Hacienda.
Pero, sorpresivamente, y con rechazo aun de quienes apoyan al Presidente, aceptó la renuncia a estos dos funcionarios. Ocampo, quien había logrado la aprobación de la Reforma Tributaria que aportará 50 billones de pesos para financiar los proyectos, reactivó la inversión extranjera, dio tranquilidad a los mercados asustados porque creían que el exguerrillero llegaría a expropiar hasta las casas más humildes, bajó el déficit fiscal y redujo el desempleo; hace alrededor de un mes, la universidad de Columbia, de la que es profesor, le había ampliado por un año más una licencia para ser ministro colombiano.
El pasado miércoles, el país vio a un Petro enardecido declarar terminada la coalición con los partidos ya mencionados porque no apoyaron su proyecto de reforma a la Salud: “La invitación a un pacto social para el cambio ha sido rechazada” y que, por tanto, debía recomponer su Gobierno, dijo. Y lo hizo, nombrando como reemplazo de los despedidos a personas salidas de las toldas del M19 o de otras vertientes de la izquierda.
La Reforma a la Salud ha sido cuestionada por amigos y contradictores por considerar que no ataca de raíz los problemas y sí, en cambio, propone soluciones estatizantes que provocan incertidumbre. En alguno de sus excesos verbales, el Presidente llegó a decir que es el peor Sistema de Salud del mundo, lo cual es difícil de sostener cuando se tiene una cobertura del 95 por ciento, es decir, es universal. Pero tiene problemas serios de inequidad que es urgente solucionar. Desafortunadamente, la ministra de Salud saliente no tuvo una actitud propositiva para concertar la reforma que está en peligro de ser rechazada en el Congreso.
Un cambio casi total de Gabinete a nueve meses de Gobierno y la ruptura de la coalición, es una apuesta audaz, puesto que esta se había hecho para garantizar los votos necesarios para la aprobación de las reformas porque los votos propios no son suficientes.
Sorprende que entre los despedidos estén los ministros del Interior, de Agricultura y de Hacienda, salidos del Partido Liberal pero probadamente progresistas, capacitados y eficientes. El presidente del Partido Liberal, expresidente César Gaviria, se ha atravesado a proyectos del Gobierno a pesar de haberse comprometido a apoyarlo; las propuestas de reforma han sido discutidas ampliamente con él, haciéndole concesiones, pero él continúa oponiéndose, presionando para obtener más gabelas, sin que medie el beneficio de su colectividad, por lo cual varios congresistas liberales declararon públicamente que no aceptaban las directrices de su presidente y que apoyarían las propuestas del Gobierno. Igual ocurre con el Partido Conservador y el de la U: les dieron participación en el Gabinete, pero continúan actuando como oposición.
Todo eso hace comprensible la ruptura de la coalición, pero la aceptación de renuncias a esos tres ministros, aunque sean de origen liberal, ha merecido rechazo general. La próxima semana se discutirá en el Congreso el Plan de Desarrollo y allí el exministro Ocampo es clave en la buena llave que ha hecho con el director del Departamento Nacional de Planeación.
El presidente Petro tiene derecho a integrar un equipo de Gobierno que le garantice apoyo a sus proyectos; el problema está en saber si una vez rota la coalición logra los votos que necesita para hacer aprobar sus reformas.
Ese mismo Congreso, a pesar de todos los opositores y boicoteadores, fue el que aprobó la Reforma Tributaria, la Jurisdicción Agraria y el Tratado de Escazú. Allí, con los antiguos aliados y ahora abiertos opositores, negaron las mociones de censura que la oposición había presentado contra la ministra de Minas, quien por inexperiencia hizo declaraciones imprudentes a las que atribuyeron la subida del dólar.
El pasado jueves la Federación Nacional de Cafeteros -una organización de capital importancia en el país- eligió como presidente al candidato que en varias ocasiones se refirió peyorativamente hacia el presidente Petro, a pesar de que este le había pedido que pospusieran esa elección unos días mientras se posesionaba el nuevo ministro de Hacienda. ¿Consecuencia del remezón ministerial y ruptura de la coalición? No está claro.