Hace cuatro días una juez negó la solicitud de preclusión en favor del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, en el caso que se le sigue por presiones a testigos para que declararan a su favor. Si se le hubiera aceptado, habría quedado libre y declarado inocente sin necesidad de adelantarle el juicio penal.
El inicio se remonta al año 2018 cuando el entonces senador Uribe era investigado por la Corte Suprema de Justicia por esas supuestas presiones indebidas y soborno a testigo.
Ya había ocurrido el famoso proceso de la parapolítica en desarrollo del cual la Corte investigó y condenó a varios congresistas y funcionarios cercanos a Uribe y desde entonces los senadores y representantes a la Cámara vinculados de alguna manera con hechos delictuosos miraban con temor y rechazo a esa entidad judicial.
Los congresistas, así como otros funcionarios que la Constitución Política enumera taxativamente, gozan de un fuero especial que establece a la Corte Suprema de Justicia, que es el organismo de cierre de la justicia ordinaria, como su juzgador. Es decir, es una prerrogativa especial concedida por su alta dignidad de legisladores.
Pero a partir de proceso de la parapolítica, los congresistas imputados renunciaban a sus curules para escapar del rigor y la honestidad demostrada por la Corte para ser investigados por la Fiscalía General de la Nación, encabezada por el compañero de pupitre del expresidente Iván Duque, que ha actuado más como defensor de los imputados que como ente encargado de la investigación y acusación.
Fueron tantos los congresistas que optaron por ese camino escapista que la Corte decidió en un momento que todo servidor público aforado que, siendo sujeto de investigación por la Corte, cayera en la condición de imputado, seguiría bajo su jurisdicción, aunque renunciara al cargo.
En el caso del expresidente Uribe, como su renuncia al Senado se produjo antes de ese pronunciamiento de la Corte, su caso sigue en investigación de la Fiscalía.
Ya en el 2018 la Corte Suprema había investigado las presiones al testigo por intermedio de su abogado y de otros internos que colaboraban con él, mediante ofrecimientos de rebajas de pena y dinero.
El expresidente intentó inculpar al senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, que apoya al presidente Gustavo Petro, como el que había sobornado a testigos, pero la justicia le dio la razón a Cepeda.
El año pasado, la Fiscalía General, torciendo su misión de ente investigador, actuó como defensora del expresidente y la Juez 28 Penal de Conocimiento, a la cual había correspondido el caso, se vio obligada a llamarle la atención: “(luego del análisis). Todo lo anterior le permite al despacho concluir que contrario a lo aseverado por el señor fiscal sí existen elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permiten afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva de soborno en actuación penal sí ocurrió y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe. Por lo tanto la Fiscalía no acreditó la atipicidad del comportamiento y, por tanto, el Despacho negará la solicitud de preclusión”.
Ahora el turno fue para otra juez honesta y valiente, la Juez 41 Penal del Circuito con funciones de conocimiento. Hay que tomar en cuenta que el expresidente es tal vez el hombre más poderoso del país y que estas jueces no están en la cúspide del poder judicial. Y me atrevo a decir que si en sus análisis del caso encontraron, como dicen sus fallos, que hubo ofertas de dinero a testigos, emiten sus decisiones sin siquiera pensar más que en lo que les indicaban la ley y sus conciencias, sin esperar benefi cios indebidos.
Pido excusas por traer una experiencia personal: cuando yo era Procuradora Judicial Penal, actué como Ministerio Público ante el Juzgado 41, entonces como ahora a cargo de la juez Laura Barrera Coronado y me impresionaron su conocimiento de la Constitución, la ley y el Procedimiento Penal, rigurosa y a la vez amable y compasiva, incorruptible y siempre estudiosa de materias más allá de las estrictamente vinculadas con el derecho, buscando ejercer cada vez mejor su función. Su metro y medio de estatura puede engañar a quien no conozca su verticalidad.
Esta juez también tuvo que reconvenir al Fiscal, considerando que “no realizó un trabajo serio y acucioso con el que se pueda sustentar la solicitud de preclusión realizada por la Fiscalía”.
Así las cosas, el expresidente sigue atado al proceso por soborno a testigos. Dos juezas, dos mujeres honestas y valientes, nos están diciendo que en un país donde con tanta frecuencia la gente se toma la justicia por mano propia, también hay jueces que no tiemblan ante los poderosos y sólo obedecen a la ley y a su conciencia.