Gustavo Petro ganó la Presidencia de Colombia con propuestas de cambio, audaces. Pero un plan de transformación radical hacia la paz, la justicia social y el respeto a la naturaleza, necesariamente despierta el rechazo de quienes viven en un mundo de privilegios y, aún, paradójicamente, entre muchos que se beneficiarían con ellas porque el temor al cambio no permite ver los beneficios que traería.
Así que desde el inicio se conocían los obstáculos que un Gobierno que se declara humano tendría que enfrentar. Por eso, Petro, como una de las primeras acciones de su Gobierno, invitó al expresidente Álvaro Uribe, a quien tan duramente había fustigado en sus debates de control político cuando era senador, a reunirse en el Palacio Presidencial para ofrecerle garantías como opositor y asegurarle que no iba a expropiar a los ricos como malsanamente decían sus enemigos, tal vez buscando repetir lo que hicieron cuando a punta de calumnias asustaron a los votantes que acabaron negando la ratificación del Acuerdo de Paz en el marco del cual se desmovilizaron 13 mil guerrilleros de las FARC.
Uribe no había perdido oportunidad de calificar a Petro como castro-chavista, desde mucho antes de que este se lanzara a competir por la presidencia de la República. Con ese gesto generoso buscaba Petro ir allanando el camino para implementar sus reformas. Especialmente la de la salud, que busca desmontar el modelo actual, creado por la Ley 100 del 1993, de la cual fue ponente Álvaro Uribe cuando era senador. La reforma laboral que Petro propone busca restablecer beneficios a los trabajadores como la jornada nocturna y horas extra que Álvaro Uribe hizo suprimir más tarde, ya como presidente.
Otro enemigo que buscó para apaciguar los ánimos fue José Félix Lafourie, presidente de Fedegan, la poderosa organización de los ganaderos, tantas veces señalada como aliada de los paramilitares. No sólo le ofreció comprarles 63 mil hectáreas de tierra para adelantar la Reforma Agraria, sino que lo nombró negociador en el proceso de paz que actualmente se desarrolla con miles de difi cultades con el Ejército de Liberación Nacional.
Pero, desafortunadamente, esos esfuerzos de conciliación con sus adversarios contrastan con enfrentamientos innecesarios con quienes está obligado por ley a respetar como que son ramas que, junto con la que él preside, conforman nuestro sistema de Estado Social de Derecho.
Inexplicablemente, lanza trinos precipitados diciendo que como según la Constitución él es Jefe de Estado y de Gobierno, lo es también del Fiscal General. De inmediato, el Presidente de la Corte Suprema se vio obligado a responder de manera pública que la división de poderes es base de nuestra democracia.
Afortunadamente, el presidente Petro aceptó públicamente su error y se reunió con los presidentes de todas las Cortes para limar asperezas y trabajar armónicamente. Pero ese acto de inmadurez le posibilitó al desacreditado Fiscal posar de víctima; llegó incluso a llamar dictador al Presidente.
El pasado día 29, el Consejo de Estado anuló la elección del senador Roy Barreras, presidente del Congreso y mano derecha del presidente, y la del Contralor General. De inmediato, Petro dijo: “Le están quitando los votos de los congresistas del Pacto Histórico suspendiéndolos con órdenes administrativas”. Y habló de que le estaban preparando un golpe de Estado “blando”. Nuevamente, el presidente de ese alto tribunal reconvino al Presidente.
Para mayor inoportunidad, esos enfrentamientos se han presentado en un momento de alza en el respeto a la rama judicial por las providencias de dos valientes juezas que se atrevieron a fallar en contra del expresidente Álvaro Uribe.
A los anteriores se suman los que el Presidente ha generado con la prensa, de los cuales se aprovechan sus opositores. Con el sector minero, en un país que depende en buena medida de las exportaciones de petróleo, sus contradicciones sobre si habrá o no más exploración y explotación han generado malestar en el sector empresarial que se sitúa en el centro político, favorable a sus reformas y todavía no se conoce la decisión definitiva en este campo.
Y entre peleas inútiles, tal vez ninguna tan inútil, gratuita e injusta como la que el Presidente ha generado con el sector cultural. Con apenas un mes de nombrada, la Ministra de Cultura, con cuyo nombramiento se hacía un homenaje simbólico a su partido -la UP- exterminado en un genocidio político, fue destituida sin ninguna explicación y sin que el presidente tuviera la cortesía de decírselo personalmente.
Desde entonces ese ministerio permanece acéfalo, sin que el Presidente responda al clamor de escritores, gestores culturales y artistas, muchos de ellos mundialmente reconocidos, que trabajaron entusiastamente para que él llegara a la Presidencia, para que nombre un ministro en propiedad y permita el desarrollo del sector. “Si el cambio no es cultural no será cambio”, ha dicho la exministra Ariza y lo han repetido los remitentes de las cartas sin respuesta del Presidente. Nadie encuentra la razón para que este vacío, ya de nueve meses, sea el sustituto del cambio prometido.