El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofreció mil cupos universitarios y pagar un millón de pesos a los muchachos de Buenaventura que se desmovilicen de los grupos armados, como parte de su programa Jóvenes en Paz. “Serán miles de jóvenes a los que les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia, por estudiar”, dijo el mandatario. Este subsidio a jóvenes delincuentes había sido propuesto por el Presidente en Bogotá pero con la mira de extenderlo a todo el país.
El estadista fue hasta Buenaventura en compañía de la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, y otros funcionarios de distintos ministerios para lanzar esta propuesta, la cual busca bajar los niveles de violencia disparados últimamente por enfrentamientos entre los Shotas y los Espartanos, facciones de la banda La Local, enfrentados a muerte por el control de los esteros con salida al océano Pacífico, donde se comercian droga y armas. A finales del año pasado habían firmado una tregua, pero la muerte de uno de los voceros de los Shotas ha significado el recrudecimiento de la guerra. Ahora nuevas bandas han entrado a la disputa por el territorio, lo cual hace aún más dramática la situación.
No se trata en este caso de grupos guerrilleros ni de las grandes organizaciones armadas, algunas provenientes de antiguas guerrillas como la Nueva Marquetalia, de Iván Márquez, y las disidencias de las FARC, o del Clan del Golfo que se hace llamar Autodefensas Gaitanistas, un verdadero ultraje a la memoria de Jorge Eliécer Gaitán, el caudillo liberal cuyo asesinato desencadenó el llamado periodo de la violencia que azotó al país en los años 50 y 60 del siglo pasado. Aquí se refiere a bandas armadas, casi de carácter barrial, de esa ciudad del Pacífico colombiano, asentadas en los sitios de máxima marginalidad, con todas las necesidades básicas insatisfechas, que actúan con una gran crueldad.
Sobra decir que están permeadas por el narcotráfico, porque difícilmente exista en este país alguna organización ilegal armada desvinculada de esa práctica; estas operan en el principal puerto colombiano, donde ya ni registramos los anuncios de incautación de grandes cantidades de cocaína o de captura de sumergibles en los cuales se transporta la droga especialmente hacia Estados Unidos.
La creatividad de los traficantes siempre nos sorprende, yendo cada vez más allá de la última sorpresa. Y cada día nos trae una nueva noticia de recrudecimiento de la violencia cuando creíamos imposible ir más allá. La crueldad que exhibe la violencia en Buenaventura ha alcanzado niveles impensables y está protagonizada por jóvenes y adolescentes.
En el año 2017, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, se realizó un paro en esa ciudad en rechazo a la violencia, pero los 31 acuerdos hechos con el Gobierno para levantarlo aún siguen sin cumplirse. En ellos se incluía también la creación de cupos universitarios como parte de un Programa de Educación Superior en Buenaventura, la creación de una ciudadela universitaria y 5 mil puestos de empleo. De ahí el escepticismo con que se recibe la propuesta del presidente Petro.
Según la Fundación Pares, que se especializa en estudios de violencia y paz, la propuesta del presidente no toma en cuenta que cualquiera de esos muchachos, en el puesto más bajo de su organización, gana mucho más que lo que le está ofreciendo. Propone que, a cambio, se les brinde empleo, pero cabría pensar que con el nivel educativo de esos muchachos difícilmente podrían lograr un empleo que les brinde una entrada económica mayor que la que le ofrece la pandilla.
La directora de una fundación promotora de la lectura, propone que las ayudas se concentren en niños y jóvenes no captados por las bandas; muchos padres no envían a sus hijos a la escuela por temor a que terminen como víctimas de delitos sexuales o contra la vida, en un ambiente tan violento. De hecho, muchas de las críticas a esa propuesta se basan en que las ayudas sean para los delincuentes y no para quienes no participan de la violencia. Pero el programa del Presidente está dirigido a sacar de la violencia a los jóvenes de las bandas y a evitar otros ingresos en ellas.
Tal vez la solución esté en una estrategia integral en la que participen varios ministerios y entidades estatales, así como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General, con programas de largo aliento, no coyunturales, y a la vez fortalecer la presencia de la Fuerza Pública. Según ha advertido el Presidente, su oferta de paz no significa dejar de actuar contra la criminalidad, pero insiste en reactivar las mesas de diálogo para la desmovilización de las bandas, inscrita en su propuesta de Paz Total, una bandera que ha esgrimido desde su campaña presidencial.
Para hacer realidad esta propuesta, el Gobierno necesita radicar de nuevo en el Congreso el proyecto de ley que dé piso jurídico al desarme y desmovilización de las bandas.