Reforma judicial: perjurio, el delito favorito

Según el World Justice Project de 2023, México ocupa el lugar 116 de 142 países en cuanto al estado de derecho. Esto nos coloca al nivel de Angola, Guatemala y El Salvador, mientras que países como Jamaica y República Dominicana nos superan con los puestos 53 y 54, respectivamente. No solo estamos mal, estamos entre los peores del mundo en cuanto a la aplicación de la ley.

Lo decía bien la ministra Lenia Batres en su discurso en Motul, Yucatán: el Poder Judicial en México está corroído por vicios internos. Y la realidad es que la sociedad no defiende el Poder Judicial actual, ¿cómo hacerlo cuando hemos sufrido en carne propia la injusticia, las demoras interminables, y los juicios plagados de sorpresas y mentiras? Batres añadió que la reforma, que incluye la elección de ministros por voto popular, es apenas el primer paso hacia una transformación judicial profunda. Cada estado ajustará sus fiscalías para garantizar procesos más justos y oportunos, porque no hay nada más parecido a la injusticia que la justicia tardía.

En México, todos hemos visto casos legales que se resuelven rápidamente, mientras otros, con la misma naturaleza, se eternizan. Y es que, en el Poder Judicial, la máxima de "Por el bien de todos, primero los pobres", que promueve López Obrador no aplica. En su lugar, lo que se impone es “Por el bien de pocos, primero los ricos”. Los casos de herencias, despojos y fraudes se alargan por años debido a las famosas chicanadas: trampas legales que incluyen mentiras a las autoridades, documentos falsos y testimonios inventados que obligan al sistema a contratar peritos y revisar testimonios durante meses.

Un ejemplo claro de estas chicanadas es el caso del señor Porfirio Loria Trejo, de 85 años, quien el domingo pasado se presentó en un predio del centro de la ciudad alegando que era su casa. El predio pertenece a una comunidad social, no cuenta con regaderas ni camas, y el señor Loria ni siquiera paga la luz o el predial, su dirección no es la figura en su INE; sus conocidos y vecinos saben que vive en la colonia Pensiones. Aun así, consiguió una orden judicial que prohíbe a varias personas acercarse al predio, bajo la falsa premisa de que lo iban a molestar. Todo con el fin de consumar su despojo.

Estos son los actos que someten al estado de derecho en México y que nos colocan en el fondo de los rankings. Como bien señaló el diputado federal de Morena Jorge Sánchez en su campaña: la justicia no debería comenzar en el juzgado, sino en la misma policía, que, al verificar la falsedad de este tipo de reclamos, debería impedir que estos despojos se consumen. Ahora, el caso de Porfirio Loria iniciará un largo proceso judicial, lleno de evidencias y testimonios, que esperemos, con la reforma, pueda agilizarse.

En países como Estados Unidos, donde los jueces se eligen por voto popular, la justicia se corrige rápidamente, con la intervención directa de la policía, lo que ahorra meses de litigios. En México, el problema principal es que no se castiga la mentira ante la autoridad judicial. El día que mentir a una autoridad sea castigado severamente, miles de juicios y chicanadas desaparecerán. La sociedad ganaría confianza en un sistema que hoy solo parece beneficiar a quienes tienen el poder y los recursos para mentir sin consecuencias.

Casos de robos, fraudes y otros delitos se han cerrado gracias a testimonios falsos que no pueden comprobarse, mientras que otros, obvios en su falsedad, son ignorados. El perjurio, en México, se ha convertido en una herramienta que alimenta a las mafias inmobiliarias, afectando a los pequeños propietarios que ven sus derechos pisoteados.

Es urgente repensar el delito de perjurio, comenzando desde las fiscalías hasta las policías, que a menudo se ven impotentes ante mentiras evidentes que desatan largos y costosos procesos judiciales. Si no lo hacemos, seguiremos viendo cómo personajes como Porfirio Loria se ríen del sistema para obtener beneficios temporales que rompen con el orden social.

La ministra Batres lo dijo claramente: esta Reforma Judicial es solo el principio. Ahora es el turno de los estados para afinar sus procedimientos y recursos. México no debería conformarse con estar en los últimos lugares en materia de estado de derecho. Alcanzar una posición como la de Bahamas o Grecia, en el puesto 50, debería ser nuestro primer objetivo.

Comienza un nuevo sexenio, y la política social es clara: la prioridad es transformar el Poder Judicial con acciones diarias, rompiendo las inercias del pasado. Solo con determinación podremos lograr la justicia que todos en Yucatán, y en México, tanto anhelamos y necesitamos con urgencia. Es momento de transformar no solo las leyes, sino también las prácticas, y devolverle al país la justicia que le ha sido arrebatada por la corrupción y el engaño.