CON LA ASISTENCIA del Gobernador a la toma de protesta de Melisa Puga como alcaldesa de Izamal, varios funcionarios del Gobierno del estado también estuvieron presentes. Durante la ceremonia, llamó la atención el estado deplorable en que se encuentra el Palacio Municipal, que, según se menciona, está prácticamente en ruinas.
Las oficinas de los directores presentan condiciones lamentables: carecen de techo, el mobiliario está roto y las sillas son inutilizables.
Además, muchos espacios han sido convertidos en bodegas improvisadas para almacenar objetos inservibles que parecían estar ocultos. Por otro lado, en la parte trasera del edificio se observa un “cementerio automovilístico”, con la mayoría de los vehículos en evidente abandono.
Es verdaderamente lamentable que un Pueblo Mágico como Izamal, cuya principal carta de presentación es su Palacio Municipal, se encuentre en tan precarias condiciones, desluciendo su imagen ante los visitantes.
TODO PARECE INDICAR que habrá cambios en el Instituto de Infraestructura Carretera, mejor conocido como el INCAY, por sus siglas. Y es que la devolución de favores va lenta por las “tantas vueltas” que le da a los asuntos el Director Jurídico de la dependencia, de nombre Israel Díaz Valadez.
Según nuestras fuentes, Díaz Valadez es el encargado de analizar y determinar la viabilidad jurídica, y hay obras con determinada urgencia para ser otorgadas y presupuestarlas, y el mencionado servidor público en lugar de acelerar, retrasa y alenta el procedimiento sin un motivo especial y brincándose las instrucciones que le dan.
“Antes, con Hurtado (anterior director) la aprobación salía en una semana, ahora con este joven hasta un mes y algunas van para mes y medio de demora”, mencionan los propios informantes. Eso atrasa pagos, cada día aumentan los precios de los insumos por el valor del dólar y este funcionario solo pone trabas. Ojalá, para bien del estado y de la fluidez del trámite para asignar obras, se hagan cambios inmediatos en la titularidad de esa área.
CONTINUANDO CON los hallazgos de presunta corrupción en el Instituto Yucateco de Emprendedores, todo apunta a que el director del área Jurídica, Germán Rivas Coral, tuvo a su mando la infructuosa colaboración con la Secretaría de la Contraloría General del Estado, y se supone que fue encontrado en el edifi cio de dicha ofi cina gubernamental hasta dinero en efectivo presuntamente de gente vinculada con pasadas administraciones.
Lo que llama la atención es que no se presentaron las denuncias administrativas y penales correspondientes y ese suceso se limitó a manejarse con mucha secrecía, inclusive omitiendo información al director general de la paraestatal recién nombrado, Salvador Vitelli.
Rivas Coral es conocido en las lides políticas por haber trabajado muchos años en el Iepac y finalmente ser obligado a renunciar a su último puesto como titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, por presuntos malos manejos.
DONDE COMENZARÁN un año 2025 en medio de zozobra, dudas y un panorama desajustado es en la Facultad de Economía de la UADY, ante la salomónica decisión del rector de dicha casa de estudios, Carlos Estrada Pinto, de dejar vacante el puesto de dirección ante el final del período de la última administración.
Cinco académicos y catedráticas fueron los que alzaron la mano ante dicho proceso de renovación a principios de noviembre; sin embargo, el rector, al ver el panorama tan complicado que hay en dicha Facultad por la falta de organización y completo rechazo de la planta docente a la que parecía sería su designación, tomó la determinación de nombrar como encargada de despacho a la Licenciada en Derecho Ligia Herrera Correa, coordinadora general de protección civil de la UADY y exdirectora de la Prepa Uno.
En medio del sigilo se tomó dicha determinación, esperando que nadie se diera cuenta; sin embargo, ha sido el mismo personal de dicha Facultad que ha expresado su enojo en círculos profesionales, sociales y hasta en la prensa.
Hablado de la UADY, todo parece indicar que el recorte presupuestario de 37 millones de pesos para el 2025 causó más enojo a la bancada del PAN y de Movimiento Ciudadano, que a su propio rector, Carlos Estrada Pinto, ya que no existió manifestación alguna sobre los impactos de dicha disminución presupuestaria que, en círculos universitarios, deja muy endebles proyectos estratégicos de la Universidad Autónoma de Yucatán, tales como el fortalecimiento de la Unidad Académica de Tizimín y el aumento de la matrícula en las carreras más demandadas.
Según nos informan, el silencio del alto funcionario de la UADY se debe a que a través de un contacto en la Federación ha apalabrado un supuesto “apoyo extraordinario” para la consecución de sus objetivos institucionales, a cambio de dar en comodato dos edificios para las Universidades de la Salud y Rosario Castellanos, proyectos insignia de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Gris ha sido y gris se quedará”, mencionan nuestras fuentes universitarias con respecto al poco valor y lo mucho que le falta a Estrada Pinto por llenar los zapatos de la institución que representa.
CONTRASTES. Mientras el exalcalde de Motul Roger Aguilar Arroyo, actual director general del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm) del Gobierno del Estado, se encuentra en el ojo del huracán por una denuncia de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), bajo las siglas del PRI, el actual alcalde panista Lucio Estrella fue absuelto por la Sala Regional de Xalapa, al declarar ilegal la sentencia del Tribunal Electoral de Yucatán, que pretendía condenarlo por violencia de género.
Esto representa un revés para sus detractores, quienes en contubernio con los magistrados electorales locales, pretendieron condenarlo.
Ahora, el Tribunal Electoral Local estará obligado a emitir una nueva resolución, en donde ya no podrá estudiar la imputación que hiciera la regidora Maribel Albornoz. Todo parece indicar que la cortina de humo que le tendió Aguilar Arroyo al panista se desvaneció y los focos de atención se centrarán en su próxima comparecencia ante las autoridades judiciales.
Como ha publicado esta columna, la última denuncia fue interpuesta por la ASEY el 28 de noviembre pasado ante la representación de la Fiscalía General del Estado en Motul y quedó registrada en el expediente UNATD24-GL/001364/2024.
EL CASCABEL AL GATO. Todo parece indicar que en el tema de la infraestructura nadie quiere meterse. Especialmente en algo tan complicado como la reparación de las tapas y registros metálicos que abundan en el corazón de la ciudad de Mérida.
Todo apunta a que será la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado -que dirige Alaine López Briceño- la encargada de tender un puente para reconvenir a las empresas paraestatales, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE y a las privadas, como Telmex y las cableras e incluso las de la Japay, para poner orden en los registros metálicos de su propiedad en el Centro, que son destruidos por el paso de vehículos pesados o bien robados por su alto valor metálico en el caso de las tapas de bronce.
De la misma forma, tendría que coordinarse con la Policía Municipal de Mérida para la regulación del tráfico en las zonas en donde estas tapas metálicas ya constituyen verdaderas trampas para el tránsito vehicular.
Será una tarea titánica no por el esfuerzo que representa cambiarlas o repararlas sino porque la burocracia privada es más lenta que la del propio Gobierno. Se recuerda en este caso, un fallido intento en la administración de Mauricio Vila de poner orden en el tema, el cual finalmente fracasó porque no hubo colaboración de parte de las empresas privadas ni gubernamentales para proporcionar información sobre este tipo de infraestructura urbana, sus características, dimensiones, ubicación, funciones y otros aspectos técnicos.
LA POLÍTICA siempre nos lleva a situaciones sorprendentes e incluso inverosimiles. Resulta que Agustín Cascante, conocido por su paso como funcionario de segundo o tercer nivel en gobiernos priistas, ahora ostenta el cargo de administrador general del IMDUT. Sin embargo, lo realmente llamativo es que su esposa, Diana Canto, ocupa el puesto de tesorera del Comité Directivo Estatal del PRI. Como bien nos recuerda Él Quijote: ¡Cosas veredes, mío Cid!
SI EL NOMBRAMIENTO de Salvador Vitelli en el IYEM en sí ya ha sido polémico, lo es aún más el hecho de que haya incorporado a personas de extracción panista, como Patricio Zapata Sosa, quien trabajaba en el Ayuntamiento de Mérida bajo las administraciones de Renán Barrera y luego de Cecilia Patrón.
LA DIPUTADA Jéssica Saidén, presidenta de la Comisión de Seguridad del Congreso de la Unión, desató críticas al compartir una fotografía sosteniendo un cachorro de tigre de bengala, una especie protegida cuya tenencia es ilegal en México. Este acto no solo viola la Ley General de Vida Silvestre, sino que también contradice los valores de legalidad que debería representar como figura pública.
El hecho cobra mayor relevancia al ser parte de un movimiento político que promueve justicia e igualdad. Para muchos, este episodio refuerza la percepción de que en México las leyes no se aplican de manera equitativa.
Más allá de las críticas, este caso refleja una desconexión entre el discurso político y las acciones personales, y deja la pregunta abierta: ¿cuándo la legalidad será ejemplo y no excepción?
INTEGRANTES DEL Sindicato de la Japay han exigido una auditoría exhaustiva de las cuentas del Secretario General, Manuel Barrera. Alegan que durante 2024 se produjo un desfalco signifi cativo, utilizado principalmente para cubrir gastos personales del Secretario y financiar su campaña de reelección el pasado año.
Asimismo, acusan a Barrera de desviar fondos del Sindicato hacia su empresa fi nanciera, la cual otorga préstamos a los trabajadores, generando dependencia económica y condicionando sus votos bajo amenaza de embargo de bienes.
En el 2025, TODO es personal.