De la Redacción
PLAYA DEL CARMEN SOLDIARIDAD, 27 de octubre.- El recrudecimiento de la narco-violencia en este destino turístico, en apenas doce horas, cobró la vida de cuatro personas, entre los cuales se encuentra el cobarde asesinato de “Chato” empresario nativo de Playa del Carmen, el homicidio de dos custodios de la empresa Cometra para despojarlos de dos millones de pesos y la ejecución de un sujeto por ajuste de cuentas entre bandas rivales del crimen organizado, todos cometidos con armas de fuego, nuevamente encienden las luces de la inseguridad, el cual se atribuye a la crisis de agentes de la Policía Municipal, por el reducido número con que se cuenta, por el desinterés del gobierno del estado en reforzar el C-3 para agilizar la aplicación de las pruebas de control y confianza a los aspirantes a policías.
El cobarde crimen de Claudiano Quiam Dzib, de 62 años de edad, el popular “Chato”, nativo de esta ciudad, miembro de una conocida familia fundadora de Playa del Carmen, empresario, taxista y ejidatario, cometido la noche del viernes dentro de su propio domicilio en la colonia Ejido, causó una gran indignación porque su asesinato de un balazo en la cabeza de manos de un trío de delincuentes se atribuye a la incapacidad de los autoridades federales, estatales y municipal para salvaguardar a los solidarenses; aunque en especial el gobierno del estado por su indiferencia criminal en reforzar el C-3 para agilizar la aplicación de las pruebas de control y confianza a los aspirantes a policías, ya que, por turno apenas se tienen 150 agentes de la Policía Municipal, cuando se requieren al menos mil 500, porque de acuerdo a la ONU se debería tener 300 policías por cada 100 mil habitantes.
La narco-violencia en Solidaridad, al igual que en los otros municipios turísticos de la zona norte de Quintana Roo, estalló a raíz de la llegada de Carlos Joaquín González de la alianza PAN-PRD al gobierno del estado el 30 de septiembre del año 2016, quien supuestamente instruyó al secretario general de Gobierno, Francisco Xavier López Mena, ratificar a la cuestionada Francisca Ríos Preciado como directora general del Centro de Evaluación y Control de Confianza (C-3) cargo que ocupaba en la gestión del exgobernador Roberto Borge Angulo, actualmente preso en una cárcel federal del estado de Morelos, organismo al que se atribuye la inseguridad porque la crisis de policías es por la lentitud en la aplicación de las pruebas de control y confianza a los aspirantes a policías.
Un ejemplo de lo anterior es el municipio de Solidaridad, en los años 2014, 2015, cuando fungía como alcalde el priísta Mauricio Góngora Escalante, se cometieron seis ejecuciones cada año, en los primeros nueve meses del 2016, cuando terminó su período se perpetraron cuatro ejecuciones, y en los tres meses siguientes y tres primeros de la ahora exalcaldesa Cristina Torres Gómez del PAN-PRD fueron cinco asesinatos por ajuste de cuentas, en el 2017 la inédita cifra de sangre fue de 58, en este 2018 cuando terminó su cargo el pasado 30 de septiembre ya sumaba 62 y en el primer mes de gestión de la presidente municipal Laura Beristáin Navarrete del partido Morena se contabilizan 11 ejecutados, hasta este sábado suman 73 ejecutados en este año.
Finalmente, la narco-violencia se atribuye a la falta de agentes de la PMP, lo impide una adecuada cobertura en esta ciudad de 500 mil habitantes, esto por la lentitud del Centro de Evaluación y Control de Confianza para la certificación de nuevos policías, y la muestra es que en este municipio de Solidaridad se cuenta con 153 cadetes, la mayoría con dos y tres años esperando su alta en la corporación, aunque ya participan en labores policíacas no pueden portar arma de fuego, porque el C-3 no ha concluido con la aplicación de las pruebas de control y confianza, y el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, no toma acciones para resolver este grave problema.