De la Redacción
CHETUMAL, 28 de diciembre.- La Fiscalía muestra su parcialidad nuevamente con el caso del extesorero municipal César Rey. E. T. (2013-2016), a quien un juez de control le aplicó una segunda vinculación a proceso, mientras tanto ha dilatado dolosamente procesos contra el exdirector de Obras Públicas Roberto C. I. (2016-2018). Tintes políticos empañan las acciones de la Fiscalía Anticorrupción.
Este viernes, un juez de control decretó vinculación a proceso por el delito de desempeño irregular de la función pública a César Rey. E. T., relativo a una segunda carpeta de investigación, por la suma de 1 millón 500 mil pesos, por daños en perjuicio de la administración pública de Othón P. Blanco.
La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, informó que también el juez otorgó la prisión preventiva justificada como medida cautelar, así como un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria.
Cabe destacar que se cumplió una tercera orden de aprehensión, ésta es también por el delito de desempeño irregular de la función pública en agravio del Ayuntamiento Othón P. Blanco
Sin embargo, la rápida acción de la Fiscalía para garantizar que el exfuncionario de gobiernos del PRI se mantenga privado de su libertad, contrasta con lo apenas ocurrido hace un mes, pero con un exfuncionario del gobierno municipal del PAN-PRD.
Como se recordará, en contra de la objetividad, imparcialidad y del discurso anticorrupción, fiscales pretendían extender a prácticamente 3 años y 9 meses las investigaciones en contra del exdirector de Obras Públicas del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Roberto C. I., con la clara intención que prescribiera el delito que se le imputa. Sin embargo, sólo quedaron exhibidos y el juez de control negó ese plazo determinando, y que se cierren las investigaciones en 3 meses.
El funcionario es acusado de irregularidades en su desempeño, lo cual está asentado en la carpeta administrativa 279/218, que se instruye por su probable participación en el hecho delictuoso de abuso de autoridad. La denuncia contra el exfuncionario de la administración 2016-2018, fue presentada en febrero del presente año y, 9 meses más tarde, la Fiscalía dijo necesitar 3 años como plazo para terminar las investigaciones, en un acto que se presume de corrupción de estos agentes de la Fiscalía Anticorrupción.
Tuvo que llevarse una audiencia de control judicial, en donde la parte agraviada llevó ante el juez a los fiscales Anticorrupción, para que expliquen porqué sin previo aviso suspendieron la audiencia de formulación de imputación contra el exfuncionario el 10 de octubre, así como señalen que elementos de prueba hacen falta para cerrar la investigación y den plazo para celebrar la audiencia.
Titubeantes, ambiguos e incongruentes se vieron los “representantes sociales” de la Fiscalía, al manifestar ante el juez que se requieren 3 años más para cerrar la investigación. Lo anterior sin sustento, lo que fue considerado como un exceso por parte del juez y de la parte agraviada, motivo por el cual se resolvió un plazo máximo de 3 meses para el cierre de la investigación.
Los fiscales quedaron en evidencia de estar dilatando dolosamente el caso, al manifestar que requerían copia certificada de un documento, así como las facultades del director de obras e información de convenios entre el gobierno municipal y la CAPA.
Todos los requerimientos, de acuerdo con la parte quejosa, ya obran en el expediente y algunos de ellos se encuentran en las páginas de transparencia del gobierno municipal y de la CAPA, por lo que no hay justificación para tan desproporcionado plazo, que sólo mostró intención de proteger al imputado para que prescriba el supuesto delito y dejar en total indefensión a quien acusa a un servidor público de actos de corrupción.
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