Por María Luisa Vázquez
El gobierno de Benito Juárez decidió que interpondrá una controversia constitucional contra el Gobierno del Estado, debido a que a la autoridad municipal le quitan la facultad de decidir sobre las horas extras, además de que le generan un “boquete financiero”.
“En lo relativo a la Ley de Alcoholes vamos a ir a la Controversia Constitucional, nos parece que hay una ingerencia en la autonomía municipal, ya que nos quieren establecer hasta a qué horas pueden abrir los bares y restaurantes, y eso es violatorio a la autonomía municipal”, dijo ayer el secretario del Ayuntamiento.
Asimismo, la Tesorería Municipal tiene claro que también enfrentará un “boquete financiero” al ayuntamiento.
Aunque no se tiene cuantificado el monto, para el gobierno municipal las nuevas reglas que quiere imponer la Secretaría Estatal de Finanzas, de fijar los horarios, y además exigir al ayuntamiento que antes de aprobar “horas extras”, el ayuntamiento indica que cada negocio tiene que cumplir con un “Dictamen de Anuencia”.
Ante la situación, se planteó ya a la dirección Jurídica revisar los alcances legales de las nuevas disposiciones, y en su caso, ir a una controversia constitucional, por invasión de facultades a la autonomía municipal.
El gobierno de Mara Lezama dejó claro que actuará en coordinación y corresponsabilidad con el Gobierno del Estado, pero “cuando vulneren la autonomía municipal vamos a interponer los recursos correspondientes”.
Jorge Aguilar Osorio, señaló que “todo es viable si se trata de combatir el flagelo (de la inseguridad), pero de ninguna manera violentando la autonomía municipal, ellos no nos pueden decir que negocios pueden o no pueden abrir en el municipio”.
Sin duda, se tiene que cumplir la reglamentación en el tema de la venta de alcohol, además de que es una concesión que da el estado por medio de las patentes, pero de ninguna manera pueden decir en qué horarios, ya que “en eso exceden sus facultades”.
El plazo para interponer la controversia constitucional es en los primeros días de febrero, “ya el jurídico está trabajando sobre esto”.
En varios municipios del estado hay molestia en el gremio de restaurantes y bares debido a que el Gobierno del Estado ahora tiene la facultad de intervenir en las “horas extras” a través de reformas que el Congreso del Estado hizo en la Ley de Alcoholes de Quintana Roo.
Algunos anunciaron que recurrirán al amparo, como es el caso de la Unión de Propietarios de Restaurantes, Bares y Similares de Quintana Roo, con sede en Chetumal.