Por Gabriel E. Manzanilla
CHETUMAL, 17 de octubre.- Asociaciones civiles del sur del estado dan su total respaldo a la iniciativa ciudadana que hace algunos días presentó la asociación Liberales por una Verdera Democracia, con la cual se busca recuperar los espacios que le han sido quitados a los quintanarroenses, a través de la restitución del requisito de residencia de cinco años para ocupar los cargos públicos de secretario de Seguridad Pública y fiscal general de Quintana Roo.
El presidente del Comité Cívico Pro Defensa de los Quintanarroenses, José Alberto España Novelo, manifestó su apoyo a esta iniciativa que busca rescatar y hacer que se respete la Constitución Política de Quintana Roo, con el objetivo de priorizar el trabajo de los profesionistas quintanarroenses en la vida pública del estado.
“Los fundadores de Quintana Roo, los líderes de agrupaciones, profesionistas y pueblo en general protestamos ante los tres Poderes del Estado, en particular ante la XV Legislatura, para pedir que no se manipulara y que se respetara nuestra Constitución, luego de que fue eliminado el requisito de residencia mínima de cinco años para poder ser fiscal general, además de otros cargos que tampoco estaban apegándose al requisito de oriundez, como en Seguridad Pública”, comentó España Novelo.
Mencionó que esto no se trata del cacareado discurso del quintanarroismo ni falso nativismo, ya que todos tienen oportunidad de venir y prosperar en esta bella tierra, pero sin que ello implique tener que pisotear y desplazar a nuestros profesionistas, quienes han visto crecer a este gran estado, aman sus raíces y lo conocen mejor que nadie.
“Todos son bienvenidos en Quintana Roo, de eso no hay duda, pero no podemos permitir que lleguen políticos de fuera sin compromiso ni amor por esta tierra, que además no vienen solos, sino que llegan acompañados de cientos de colaboradores que lo único que hacen es desplazar a nuestra gente, mientras que sus resultados no se ven, no se palpan. Luchamos hace 45 años para ser un estado libre y soberano, por eso pedimos que se restablezca la Constitución original y que Quintana Roo sea conducido por personas con arraigo”, externó España Novelo.
El presidente del Comité Cívico Pro Defensa de los Quintanarroenses consideró que se debe establecer una residencia mínima de 10 años para poder ocupar cargos públicos de alto nivel, pero en caso de que esto no pueda ser, señaló que por lo menos deben hacerse valer los 5 años de residencia.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Profesionistas de Quintana Roo, Jorge Luis Ovando Martínez, también se sumó al respaldo de la iniciativa ciudadana presentada por la asociación Liberales por una Verdera Democracia, por lo que hizo un llamado a la XVI Legislatura para que la pueda revisar y llevar a buenos términos lo más pronto posible.
“Es necesario hacer valer el requisito de residencia para cualquier tipo de puesto dentro de la administración pública estatal, porque si esto no se respeta entonces se está menospreciando a nuestros profesionistas que son muchos y también son muy capaces para desempeñar un buen papel; pero vemos con tristeza que se les desprecia y hasta se les corre de sus puestos, todo para poder incrustar a gente de fuera, que en la mayoría de los casos no viene a trabajar por el bien de esta tierra y de sus familias, sino que sólo vienen a servirse del esfuerzo de todos los quintanarroenses”, manifestó Ovando Martínez.
Puso de ejemplo el estado de Yucatán, donde sí confían en su gente y le dan prioridad para ocupar los cargos públicos, siendo actualmente una de las entidades mejor calificadas, “aquí podemos hacer lo mismo, sólo hace falta dar oportunidad a nuestra gente, porque ni siquiera eso se hace. En lugar de despedir y desplazar a nuestros profesionistas, debemos ayudarlos y generar más empleos para ellos”, concluyó.
Como se recordará, la iniciativa fue presentada el pasado 15 de octubre ante Oficialía de Partes del Congreso, firmada por Rubén Alberto Reyes Pérez y Jorge Yeladaqui Arceo, en calidad de presidente y secretario general de la asociación Liberales por una Verdera Democracia, respectivamente.
Se trata de una iniciativa de reformas a la Constitución Política de Quintana Roo, así como a la Ley de la Administración Pública y la Ley Orgánica de la Fiscalía General, ambas del estado, teniendo por objetivo recuperar los espacios que le han sido quitados a los quintanarroenses, a través de la reposición de la residencia mínima de cinco años para ocupar cargos públicos en la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, donde en las últimas dos administraciones se han establecido excepciones a ese requisito.
Con esta propuesta se busca que sea general la condición de que para ser secretario de despacho, director de organismos descentralizados y empresas de participación estatal, se requiere ser ciudadano quintanarroense, nativo de la entidad y con residencia efectiva no menor de cinco años.
Por lo anterior, se pide abrogar la excepción al término y requisito de residencia para ser servidor público del estado, que está establecida para el caso del titular de la Secretaría de Seguridad Pública.
En el caso del fiscal general del estado, se pide que sea ciudadano mexicano por nacimiento y ciudadano quintanarroense, con residencia en el país y el estado, no menor a cinco años anteriores a su designación; en este caso la residencia no se pierde por des