Consuman traición a comunidades

Por Miguel Ángel Fernández

CHETUMAL, 25 de noviembre.- A pesar del rechazo que existe contra la Ley de Protección y Bienestar Animal, de la cual había la promesa de campaña de diputados que ahora integran la XVI Legislatura de que no entraría en vigor, este lunes fue publicada la norma en el Periódico Oficial de Quintana Roo.

De tal manera se consuma una auténtica traición al pueblo de Quintana Roo por parte del Poder Legislativo y de la Secretaría de Gobierno de la entidad, al decidir publicar la Ley de Protección y Bienestar Animal que afectará severamente a miles de familias cuyo sustento son las peleas de gallos, tauromaquia, entre otras actividades.

Aun cuando se realizaron foros este 2019, donde tajantemente fue rechazada esta ley, todo fue una simulación. El Partido Verde Ecologista de México promovió la iniciativa que sería presentada el 5 de noviembre con motivo de exhortar a la Secretaría de Gobierno, a fin de que se publique y entre en vigor.

Sin embargo, minutos antes de la sesión fue sacado el punto del orden del día, porque supuestamente la Secretaría de Gobierno había dado fecha próxima para la publicación de la ley, lo cual se esperaba fuera en los siguientes días, pero ocurrió prácticamente tres semanas más tarde durante este 25 de noviembre.

La Ley de Protección y Bienestar Animal es una reforma que no se trabajó en comisiones durante la XV Legislatura y está hecha al vapor, lo que generó protestas y manifestaciones de diversos sectores afectados.

Ejemplo de ello es que Wilberth Campos, delegado estatal de la Asociación Nacional de Criadores de Aves de Combate de Quintana Roo, ha manifestado que dicha ley afectará a alrededor de 10 mil galleros en la entidad.

Cabe mencionar que, aprobada por la pasada XV Legislatura en junio de 2019, la Ley de Protección y Bienestar Animal generó un fuerte rechazo por diferentes sectores de la sociedad quintanarroense, generando una serie de marchas y movilizaciones de las comunidades mayas y pueblos indígenas, productores, ganaderos, criadores de aves de pelea, representantes ejidales, organizadores de fiestas patronales, toreros, palqueros, criadores de caballos, caleseros cozumeleños, comerciantes de alimentos, artesanos, dignatarios mayas, entre muchas otras personas que se oponen a la prohibición de las corridas de toros, peleas de gallos y calesas en el estado.

La aprobación de la ley despertó la inconformidad de decenas de sectores que se han dicho afectados, los cuales han alzado la voz para pedir que se respeten las tradiciones y costumbres de más de 200 pueblos mayas y comunidades indígenas de Quintana Roo, pero también que se protejan miles de fuentes de empleo que giran en torno a estas actividades populares.

Para calmar los ánimos de la gente, la pasada XV Legislatura montó una simulación con los foros de consulta sobre la Ley de Protección y Bienestar Animal, que únicamente se hicieron en las cabeceras de los municipios José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, así como en Leona Vicario, municipio de Puerto Morelos, pero posteriormente se interrumpieron y no rindieron frutos.

El gobierno de Quintana Roo hizo el compromiso de que la ley no se decretaría a través de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, con lo cual entraría en vigor y aplicaría la polémica prohibición; en lugar de eso, anunció que la regresaría a la cancha del Congreso del Estado para una nueva valoración y posible modificación, lo cual quedaría en manos de las diputadas y diputados de la nueva XVI Legislatura. No obstante, el compromiso no se cumplió, no regresó al análisis del Poder Legislativo y la ley ha sido publicada y por tanto ha entrado en vigor.

Cabe recordar que a finales de agosto se había dicho que la Ley de Protección y Bienestar Animal sería devuelta al Congreso del Estado para su respectiva revisión; sin embargo, galleros quintanarroenses se dijeron en incertidumbre tras considerar que no existen las garantías de que la normativa realmente sería modificada.

Incluso, se reunieron con el actual subsecretario de Gobierno, Joel Saury Galúe, quien les dijo que el acuerdo era no publicar la polémica ley y mandarla a revisión, pero en ningún momento se les hizo el compromiso de reformarla y echar abajo aquellos artículos que prohíben las corridas de toros, peleas de gallos y uso de calesas en el estado.

Posteriormente, en el marco de la instalación de la XVI Legislatura, se manifestaron los representantes de corridas de toros, carreras de caballos, peleas de gallos, entre otros, para solicitar que no se apruebe la Ley de Protección y Bienestar Animal.

En ese momento, Jaime Valenzuela, presidente de Tauromaquia Mexicana en Quintana Roo, señaló que la ley aprobada irregularmente por la XV Legislatura, encabezada por Eduardo Martínez Arcila, afecta a más de 35 mil personas en la entidad.

Comentó que lejos de la preservación de las culturas, costumbres y tradiciones de los pueblos, esta ley es violatoria, siendo que la Constitución dicta que se deben de hacer consultas.

Recriminó que la legislatura saliente promoviera esta ley “en lo oscurito y al vapor”, y que el procedimiento está mal hecho, siendo que no se convocó al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, pues toda ley de esta naturaleza debe ser consultada. Añadió que existen evidencias filmadas de que el 96 por ciento de los quintanarroenses consultados la rechaza.

El entrevistado dijo que las protestas continuarán porque no se puede permitir que se pierdan 35 mil empleos en Quintana Roo, de los cuales 20 mil se localizan en poblaciones vulnerables.

Sin embargo, ahora ha sido publicada, mostrando que el compromiso de la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo y de la XVI Legislatura no se cumplió.