Contra voraz monopolio naviero

Por Gabriel E. Manzanilla

CHETUMAL, 27 de noviembre.- La XVI Legislatura del Congreso del Estado se sumó al rechazo generalizado contra el monopolio de Ultramar, a través de la aprobación de un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) a que realice un estudio y evaluación del desempeño de la política de competencia y sus efectos en el mercado de transporte marítimo de Quintana Roo, para el efecto de procurar el bienestar de los consumidores con especial atención en las tarifas establecidas para el mercado de transporte marítimo de pasajeros y carga.

De esta manera, con la propuesta presentada por la diputada Atenea Gómez Ricalde y los diputados Edgar Humberto Gasca Arceo, Carlos Hernández Blanco, José Luis Toledo Medina y José Luis Guillén López, se busca poner un freno a los abusos de Ultramar y detectar la existencia de un problema de competencia económica en perjuicio de los habitantes de las islas del estado, identificando si existen monopolios, prácticas monopólicas, concentraciones u otras restricciones al funcionamiento eficiente de dicho mercado.

El estudio también servirá para determinar si es necesaria la posterior intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a efecto de que se establezcan bases de regulación de tarifas, de conformidad con el artículo 8 fracción XI de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos para brindar el servicio en condiciones de calidad y eficiencia.

Dando su respaldo unánime al punto de acuerdo, las diputadas y diputados de la XVI Legislatura se unieron a todas las voces ciudadanas y sectores que hoy piden poner un freno al monopolio y abusos de Ultramar, naviera que en menos de un año ha aplicado dos alzas discrecionales e injustificadas de sus tarifas en la ruta Cozumel-Playa del Carmen.

El último incremento que se impuso hace algunos días, se hizo en mutuo acuerdo con su competidora Winjet, por lo que los precios subieron hasta en más del 200 % en perjuicio de la economía de habitantes y turistas quintanarroenses, siendo las familias de Cozumel las más afectadas, pues diariamente requieren del transporte marítimo por cuestiones de trabajo, asuntos médicos y otras necesidades básicas.

Como parte de sus consideraciones, la propuesta señala que es necesario analizar los costos del transporte marítimo que pagan los habitantes de las islas de Quintana Roo, “no podemos permitir que los precios sean elevados, injustos y, sobre todo, se debe verificar que las tarifas de las empresas navieras no se encuentren manipuladas; por ello es importante intervenir para cerciorarnos de que los agentes económicos que brindan los servicios de transporte marítimo no llevan a cabo acciones en perjuicio de los quintanarroenses, y para ello es necesario realizar los análisis o estudios pertinentes sobre el costo de los boletos para transportación de pasajeros, así como las tarifas para el transporte de vehículos y mercancías, de manera que se garantice la competencia económica y se combatan las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente del mercado de servicios navieros”, manifiesta.

El exhorto va dirigido a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), por tratarse del principal organismo encargado de promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica; así como prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.

El documento explica la necesidad de contar con un estudio serio llevado a cabo por la Cofece, el cual sirva para garantizar que los quintanarroenses no están siendo afectados por conductas anticompetitivas y que puedan perjudicarlos causando artificialmente costos injustos por los boletos del transporte marítimo.

“Recordemos que los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y las barreras que, en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, disminuyan, dañen, impidan o condicionen de cualquier forma la libre concurrencia o la competencia económica en la producción, procesamiento, distribución o comercialización de bienes o servicios, están prohibidas. Por ello necesitamos que se estudie este mercado y sus agentes económicos y con resultados certeros se tomen las medidas que resulten procedentes”, se indica en el punto de acuerdo.

Los diputados consideran que la intervención de la Cofece, que hasta el momento se ha mantenido pasiva y como simple espectadora, impactará de manera sustancial a la población de Quintana Roo, ya que el mercado de transporte marítimo local en las rutas Cancún-Isla Mujeres, Holbox- Chiquilá y Playa del Carmen-Cozumel es muy significativo por el número de pasajeros que las utilizan, “de acuerdo con cifras de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), sólo en lo que va del año 2019, al corte del mes de septiembre, en la ruta Playa del Carmen-Cozumel se han dado 18 mil 244 movimientos marítimos con 3 millones 464 mil 835 pasajeros y en la ruta Isla Mujeres-Cancún-Puerto Juárez se han dado 40 mil 885 movimientos, con un total de 4 millones 240 mil 803 pasajeros”, se expone.

El documento hace mención de los antecedentes que Ultramar tiene por prácticas monopólicas, al señalar que “es bien sabido que este servicio se encuentra dividido, monopolizado o coordinado por pocos agentes económicos y, en especial, en últimos años existe un operador preponderante (Ultramar) que ostenta el 78 % del movimiento de pasajeros del mercado total de Isla Mujeres y Cozumel, y el 74 % del movimiento de la carga en toneladas”.

A razón de lo anterior, indica el punto de acuerdo, este operador (Ultramar) se encuentra prácticamente en una posición monopólica en Isla Mujeres, con el 100 % del movimiento de carga y el 95 % del movimiento de pasajeros, “al menos en Isla Mujeres, en el mercado de pasajeros, al parecer la tarifa pudiera ser un 70 % más económica y que, por lo tanto, se encuentra más del doble arriba de su costo de operación y rendimientos aceptables, costo que debe ser revisado, pues puede estar generando un posible daño a la población y al mercado”, explica.

En el caso de Cozumel, se habla de un oligopolio donde dos empresas compiten por los mercados de carga y de pasajeros; en el caso de la carga contando con rutas alternadas y coordinadas, así como precios similares, mientras que en los pasajeros se cuenta con rutas cada hora, al mismo tiempo con capacidades instaladas ociosas (que también se presume ilógica bajo el punto de vista económico).