De la redacción
PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, 8 de noviembre.- Se consuma la presunta ilegalidad de la corrupta Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo del polémico Oscar Montes de Oca de “despojar” a los arrendatarios de 12 locales comerciales en la Quinta Avenida, porque al tener contratos vigentes y pagar puntualmente su renta, el propietario no podía desalojarlos para entregar el inmueble a su nuevo dueño, ya que, lo vendió; por esta razón, la FGE aseguró los negocios bajo el pretexto que encontraron droga, no obstante que estaban cerrados al momento del ostentoso operativo, los empresarios alegan que el narcótico fue “sembrado”, y este viernes se levantó el aseguramiento; sin embargo, los locales no fueron devueltos a los ocupantes, sino entregado a su nuevo propietario, para lo cual, su mercancía fue sacada a la calle sin previo aviso, a pesar que en los Juzgados Federales se ventilan juicios de amparo interpuesto por los afectados.
En su edición del pasado 15 de agosto, este diario publicó oportunamente que los abogados de la empresa helados aldo´s arrendataria de uno de los 12 locales asegurados por la FGE a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud (FEIDCS) en la emblemática Quinta Avenida con calle 4, consideraron ilegal la acción realizada en base al Número Único de Caso (NUC) FGE/QR/CAN/FEIDCS/06/188/2019 porque el negocio no había incurrido en algún ilícito que lo justifique e inclusive estaba cerrado al momento del ostentoso operativo que desplegó la Policía Ministerial de la FEIDCS, bajo las sombras de la madrugada del lunes 12 de agosto.
A través de las páginas de este diario los abogados hicieron un llamado al Fiscal General del Estado Oscar Montes de Oca Rosales para que en su calidad de garante de la legalidad vigile que se hagan procesos justos y no se violenten los derechos procesales, porque existe la presunción que el aseguramiento sea una acción legaloide para desposeer a los inquilinos y que en el caso de helados aldo´s está vigente su contrato de arrendamiento y por esta razón había recurrido a la protección de la Justicia Federal, porque la propia FGE podría incurrir en la violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Corrupción de alto
nivel en la FGE
Tal pareciera que la corrupción enquistada en la FGE se está danto desde la cúpula, incluso dicho problema fue expuesto en el cuarto encuentro de la Red Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia celebrado el jueves en la ciudad Cancún; porque a pesar que el Fiscal General del Estado tenía conocimiento del ilegal aseguramiento de los 12 locales comerciales, cinco artesanías, un bar, un mini súper, una heladería entre otros, la tarde de este viernes se llevó a cabo la diligencia de levantamiento de aseguramiento; sin embargo, los locales no fueron devueltos a los arrendatarios sino a su nuevo propietario, para lo cual, las autoridades de la FGE sacaron la mercancía y lo colocaron en la vía pública, sin la presencia de los locatarios.
Los afectados, manifestaron que esta corrupta acción legaloide se debió a un intento de estos por comprar los locales a los dueños originales y fundadores de Playa del Carmen, Ponciano Aguilar Quian y Minerva Catzin Dzul, donde doce locatarios quisieron hacer válida la compra con el usucapión, por lo que iniciaron un proceso legal para la adquisición de los locales tras más de 10 años de arrendamiento, pero repentinamente se les notificó la venta de los locales y se les pidió salirse de los locales sin respetar los contratos que aún tenían validez jurídica.
Finalmente, los afectados manifestaron que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo tiene la encomienda de salvaguardar los intereses de los ciudadanos; sin embargo, en esta ocasión actúo en contra de los solidarenses al servir como herramienta jurídica para montar una carpeta de investigación por narcomenudeo en contra de los 12 locatarios que rentaban los espacios comerciales para desalojarlos a la mala.