De la Redacción
Desde hace más de una década, el excomisario de la Policía Federal Javier Herrera Valles, entregó al diario POR ESTO! de Quintana Roo, los documentos que probaban sus señalamientos en contra de Genaro García Luna, quien fungió como secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.
En dicha documentación, el exjefe policíaco probaba como el plan de seguridad lanzado en ese sexenio contra el crimen organizado dejaba mucho que desear, al no ser una estrategia previamente analizada y probada para que vieran en verdad resultados.
Esto costó la vida de muchos elementos de la entonces Policía Federal, según hizo constar Herrera Valles, y de lo cual, dio vista al entonces presidente Felipe Calderón en dos cartas que le envió en distintas fechas y que nunca fueron contestadas, en las que también se señalaban los vínculos de García Luna con el crimen organizado, específicamente, con el Cártel de Sinaloa.
Como respuesta, Javier Herrera Valles fue encarcelado y después sentenciado a 10 años de prisión, acusado de vínculos con el crimen organizado, aunque fue absuelto y liberado casi cuatro años después.
La reciente captura de Genaro García Luna en Estados Unidos, en donde será enjuiciado por recibir sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa para permitir el libre trasiego de grandes cantidades de droga a ese país, ha revivido las acusaciones que desde hace más de una década hiciera en su contra el excomisario de la Policía Federal, Javier Herrera Valles.
El exjefe policíaco fue comisario general de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP) del 2006 al 2008, durante el gobierno de Felipe Calderón, y quien ocupaba el cargo de secretario de Seguridad Pública era Genaro García Luna.
La estrategia de seguridad lanzada desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón costó la vida de cientos o miles de policías federales, quienes fueron lanzados a la “guerra” contra el narcotráfico sin la debida preparación, equipo ni tecnología que se necesitaba en una operación de esa magnitud.
El único que alzó la voz, al ver lo que pasaba diariamente en los fallidos operativos, fue Javier Herrera Valles, quien preocupado por lo que pasaba, decidió informar al presidente de la República sobre lo que ocurría, además de que obtuvo información que señalaba a García Luna de recibir fuertes sumas de dinero del Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín Guzmán Loera (a) “El Chapo”.
Fue a través de una carta enviada al presidente, en febrero del 2008, cuando Herrera Valles informó a Felipe Calderón de lo que ocurría a través de César Nava, entonces secretario particular del presidente; lo que ocasionó su despido como jefe de la División de Seguridad Regional, iniciando así una persecución en su contra.
Aun así, en el mes de mayo de ese mismo año, envió otra con las evidencias de los presuntos vínculos entre García Luna y grupos del crimen organizado, y evidenciando también a otros funcionarios federales señalados de presuntos vínculos con el crimen organizado, como Luis Cárdenas Palomino, Víctor Garay Cadena, Armando Espinosa de Benito y Facundo Rosas.
Sin embargo, nunca hubo respuesta de la Presidencia de la República, lo que indicaba a todas luces la protección directa a García Luna y todos sus allegados, con la obvia complicidad del entonces procurador general de la República, Eduardo Medina Mora.
La respuesta a los señalamientos hechos por Herrera Valles fue recibida en noviembre del 2008, cuando fue detenido, acusado de estar vinculado al Cártel de Sinaloa, y después de ser encarcelado, fue sentenciado a tres años y después a 10 años de prisión.
Esta sentencia fue revertida en septiembre del 2012, cuando un juez en Nayarit determinó absolver al ex jefe policíaco, al considerar que los elementos por los que se habían formulado las acusaciones en su contra desde la Procuraduría General de la República (PGR), dirigida por Eduardo Medina Mora, no tenían sustento alguno.
Y en la venganza orquestada contra Herrera Valles, por atreverse a señalar los nexos de García Luna y todo su equipo con el crimen organizado, formó parte la entonces titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Marisela Morales, quien se prestó al juego para proteger a García Luna.
Esto quedó evidenciado, pues una copia de la segunda carta enviada al presidente de la República fue entregada a la Procuraduría Federal de la República, a la Secretaría de la Función Pública, a las Comisiones de Seguridad del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, obteniendo apoyo sólo de algunos legisladores y de la diputada Layda Sansores.
Desde entonces, Javier Herrera Valles hizo llegar a los diarios POR ESTO! de Quintana Roo la misma documentación que envió al entonces presidente de la República, Felipe Calderón, en donde constataba todas las irregularidades cometidas dentro de la fallida “guerra contra el narco”.
Los resultados de la fallida estrategia de seguridad pública orquestada por Genaro García Luna, con el aval de Felipe Calderón, alcanzaron a Cancún al igual que el resto del país, pues fue cuando comenzó a recrudecer la violencia en este destino turístico.
Fue en el 2007 cuando las ejecuciones perpetradas por grupos de la delincuencia organizada comenzaron a incrementarse, y para el 2008 arribaron los primeros grupos de elementos de las Fuerzas Federales de Apoyo, incursionando por primera vez en la Zona Hotelera, después de que un cubano fuera ejecutado en pleno corazón de la zona turística.
Las tropas federales fueron retiradas al poco tiempo, y siguieron manteniendo presencia aunque en un grupo muy reducido, permitiendo que con ello las incursiones del crimen organizado siguieran avanzando, lo que llevó a lo que hoy en día está viviendo el principal destino turístico del país.