Por Ramiro Can
CHETUMAL, 20 de febrero.- El abogado Ángel Francisco Torres Fritz aseguró que es totalmente falso que la Interpol haya detenido en Belice al extitular de la Secretaría de la Gestión Pública Gonzalo H. C., quien tiene orden de aprehensión por el caso VIP Saesa, y lamentó que la Fiscalía General del Estado trate de confundir a la ciudadanía sobre esa situación.
Asimismo, expresó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó al juez de control cancelar la orden de aprehensión que obraba en contra de Román Quian Alcocer, exsecretario de Gobierno, por el delito de desempeño irregular de la función pública, debido a que el ilícito ya está prescrito, por lo que el profesional solicitó a dicha dependencia cancele también el mandato judicial que existe en contra de Gonzalo H. C., en virtud de la misma prescripción del delito que se investiga en la carpeta 151/2017, de VIP Saesa.
En improvisada rueda de prensa, el abogado penalista, antes de entrar en detalles del caso, dijo ser abogado de Gonzalo H. C.; posteriormente, indicó que es totalmente falso que la Interpol haya detenido a su cliente en Belice.
Esa información es la que dio a conocer anoche la Fiscalía General del Estado a través de un comunicado, en el que aseguró que el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección de Extradiciones notificó vía electrónica a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción sobre la detención de Gonzalo H. C. por parte de la Interpol.
Allí mismo, la Fiscalía dijo que había iniciado los trámites para la deportación y que en las próximas horas se esperaba el traslado de Gonzalo C. H. a territorio mexicano.
Todo esto fue desmentido por el abogado del exfuncionario, Ángel Francisco Torres Fritz, quien reconoció que su cliente fue detenido por la Policía de Belice derivado de una confusión, pero la Corte lo puso en libertad, y nunca fue detenido por la Interpol, dejó claro el abogado.
Asimismo, agregó que hasta donde sabe, la Fiscalía de la entidad solicitó la deportación del exfuncionario, pero les fue negada por la Corte, toda vez que Gonzalo H. C. cuenta con nacionalidad beliceña.
En ese sentido, la Fiscalía General del Estado tendría que recurrir al proceso de extradición, aunque el abogado penalista precisó que el país de Belice sólo otorga extradición en ilícitos graves como homicidio, violación y narcotráfico, entre otros.
Por lo que el profesional señaló que es ocioso pedir extradición por un delito de desempeño irregular de la función pública, ilícito que ya está prescrito, tal como lo han determinado el Juzgado Sexto de Distrito y el Tercer Tribunal Colegiado en cuatro sentencias.
La determinación del Juzgado Sexto de Distrito y del Tribunal Colegiado ha beneficiado a varios exfuncionarios como son: el expresidente municipal de Solidaridad, Mauricio G. E. (que libró la acusación del caso VIP Saesa, pero está procesado por peculado todavía); Víctor Hugo L. C., exprocurador fiscal de la Sefiplan (que está en prisión domiciliaria, porque la FGC se fue a revisión del amparo); Mario Castro Basto, exsecretario de Infraestructura y Transporte; Carlos Acosta Gutiérrez, exdirector de la compañía VIP Saesa y principal imputado en el caso; Gabriel Mendicuti Loría, exsecretario de Gobierno; y Román Quian Alcocer, exsecretario de Gobierno, ambos durante la administración de Roberto Borge.
Torres Fritz dijo que éste último solicitó por escrito a la fiscal Anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, la cancelación de la orden de aprehensión que obra en su contra, porque el delito que se le imputa ya está prescrito.
En ese sentido, mencionó que la fiscal Anticorrupción acordó positivamente la petición de Román Quian Alcocer, por lo que pidió al juez de control cancelar la orden de aprehensión que obraba en contra del exfuncionario, porque consideró que el delito ya está prescrito.
Mientras que a Gabriel Mendicuti Loría se le concedió el sobreseimiento parcial por falta de elementos, y a pesar de todo esto, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción pretende detener a Gonzalo H. C., cuando debería de otorgar el mismo beneficio de la cancelación de la orden de aprehensión, en virtud de que el delito que se investiga en la carpeta administrativa 151-2017 de VIP Saeza ya está prescrito.
Por lo tanto “si el ilícito está prescrito, debe de beneficiar a todos, sea cual sea su grado de participación”, dijo categóricamente Ángel Francisco Torres Fritz.
Para finalizar, el abogado pidió a la fiscal Anticorrupción, Rosaura Villanueva, que deje de seguir engañando al pueblo de Quintana Roo simulando que hace su trabajo, “cuando no tiene ni la menor idea de la aplicación del derecho, y si a sabiendas lo hace, su grado de perversidad es todavía mayor”.
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