Exfuncionarios ante la Secoes

Por Luis Enrique Tuz

CHETUMAL, 26 de febrero.- Alrededor de 20 exfuncionarios de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), de la pasada administración, acudieron a las oficinas de la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones de la Secretaría de la Contraloría para comparecer sobre las indagatorias del préstamo irregular de 560 millones de pesos y esclarecer en donde quedó el recurso.

La comparecencia es para darle cumplimiento a la carpeta de investigación SECOES/SRN/CGRS/PRA0004/2018, que sigue la Contraloría del Estado como parte de la auditoria de 2015.

Citaron a todos los exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) que intervinieron en las áreas de Ingresos, Presupuesto y Egresos, así como los exfuncionarios de la CAPA, Gustavo Guerrero, Paula González, exdirectores de Egresos y de la Subsecretaría de Ingresos.

El abogado Ángel Francisco Torres Fritz, representante legal de Luis Oíl, quien fue subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, de Reyes Rodríguez, exdirector de Ingresos, de Alejandro Marrufo, extesorero y de Gonzalo Herrera Castilla, excontralor del Estado, señaló que es un citatorio que se hace para inicio al procedimiento por motivo de la auditoria 2015, que se realizó a los créditos que contrató la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) por 560 millones de pesos aproximadamente.

“Asistimos para darle cumplimiento al citatorio, para darle contestación a lo que se nos corrió en traslado, así como en todos los procedimientos”, acotó.

Torres Fritz destacó que aquí como en todos los procedimientos que se han instalado hasta el momento, están viciados de muchos errores, de una auditoria en la que no determinan el grado de gravedad del delito que señala la ley, ni la individualización de la participación de cada uno de ellos.

“Hasta este momento nosotros cumplimos con contestar la demanda, así como aportar las pruebas que consideramos pertinentes y esperar cual será el criterio a manejar por parte de esta Coordinación General de Sustentación y Resoluciones de la Secretaría de la Contraloría.

Como procedimiento administrativo que es, será una sola audiencia en la cual compareces, das contestación a los hechos que te notificaron y se aportan las pruebas y ya, todas las documentales se desahogan por su propia naturaleza.

Lo que corresponde es la resolución que tiene que dictar la coordinación, y tienen tres días para acordar lo que corresponda y continuar con el procedimiento que debe de ser turnado al Tribunal Administrativo”, abundó.

Dijo que no se señala exactamente cuál es la conducta que le están señalando a cada uno y las sanciones pueden ser diferentes, como inhabilitación, de tipo restitutorio o una que se convierta de tipo penal, lo que señala la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

“Entonces estos son los detalles que nos encontramos en la audiencia, pues no tienen determinado específicamente cual es el grado de responsabilidad, para saber la pena que pudiera ser”, dijo.

Señaló que en todo lo que se ha manejado tanto por la vía penal como por la parte administrativa, es muy claro el trasfondo político que existe, “porque finalmente hasta el momento hemos ganado todas las etapas por la vía penal”.

“De entrada, la auditoria 2015, a nuestro criterio ya está prescrito, pero bueno, ya es costumbre esto en los procedimientos que presentan en contra de los exfuncionarios”.

Finalmente, dijo que la supuesta recuperación de los millones de pesos de que han hablado no se ha dado, porque realmente el trasfondo es más político que buscar la restitución del patrimonio.