Por Olivia Vázquez
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) eligió a Quintana Roo para aplicar, a más tardar en mayo próximo, el primer programa piloto de apoyo a propineros, que facilitará el acceso a la vivienda a los trabajadores de la industria turística que perciben salario mínimo pero que podrían acreditar sus propinas para sumar al monto de sus créditos. Así lo dio a conocer Mario Macías Robles, director sectorial de los trabajadores, quien se reunió ayer con representantes sindicales para plantear la nueva política de calidad que se estará diseñando para retomar la confianza del trabajador hacia el Infonavit.
En este nuevo esquema, el Infonavit advierte que será implacable para garantizar una vivienda digna, fuera de zonas de siniestralidad, precio transparente y de alta calidad, sin permitir más viviendas de un solo cuarto para los trabajadores.
Dentro de esta nueva política también se advierte que serán sancionados aquellos constructores o desarrolladores que reporten los números más altos en carteras vencidas y viviendas abandonadas.
Luego de la reunión que sostuvo con representantes sindicales de las comisiones consultivas, el director sectorial ratificó a Quintana Roo como uno de los primeros estados del país en colocación de créditos y de pagos, con una buena cultura de pago y de aportación patronal.
Detalló que en el estado hay 530 mil trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, de los cuales 118 mil tienen un crédito hipotecario y 105 mil trabajadores que ya cuentan con más de 116 puntos para acceder a vivienda, lo que mantiene un ritmo de colocación de 16 mil créditos cada año.
Dentro de los programas que se afinan en esta nueva administración, destacó que el principal reto que se tiene es elevar la calidad de la vivienda y dentro de ello, se está diseñando un programa piloto dirigido a propineros que se aplicará en Quintana Roo en mayo próximo.
Este programa, reconoció, ya se había intentado en años anteriores, sin embargo, no dio resultados efectivos toda vez que no se dio un cumplimiento de constancia por parte del patrón y algunos créditos llegaron a impactar hasta el 60% del sueldo del trabajador, lo que es inconstitucional, y lo hizo no funcional.
Ahora, dentro de la propuesta del programa piloto, refirió que el trabajador, por medio de una cuenta, podría acreditar el ingreso de sus propinas, lo que le permitiría acceder a un crédito más alto para una mejor vivienda.
El detalle del programa se dará a conocer más adelante, a fin de que esta zona donde se mueve la industria turística pueda aplicar el primer esquema que posteriormente sería replicado en el resto del país.
En cuanto al universo de beneficiarios, indicó que en el estado 412 mil trabajadores adscritos al IMSS, dentro de los cuales se estima que muchos de ellos estarían dentro de este programa de beneficio a los propineros.
De las políticas que se analizan y se estarán aplicando en esta administración, informó que el objetivo principal que se ha planteado es elevar la calidad de la vivienda, bajo estrictas reglas de operación que permitan ofrecer una vivienda realmente digna, que contempla desde su ubicación en la tenencia de la tierra como la garantía de que no se encuentra en zona de alta siniestralidad, así como blindar los precios, sin vicios ocultos y que las constructoras tengan una cartera sana.
En este sentido advirtió que aquellos que tengan altos rangos de carteras vencidas o vivienda abandonadas, serán sancionadas, así como se darán estímulos a los desarrolladores que le estén aportando valor agregado a su vivienda.
En abril próximo se darán a conocer estos programas pero el Infonavit desde hoy garantiza que no se darán más viviendas con una sola habitación y esto es parte de la política de vivienda que se estará impulsando.
En cuanto a la vivienda abandonada que existe en Quintana Roo, refirió que las estadísticas del INEGI no son reales sobre miles de viviendas en el país abandonadas, y que la cifra real que tiene el Infonavit en Quintana Roo es de mil 186 viviendas, y se tiene una estadística de 90 mil viviendas dispersas en todo el país que tienen servicios provisionales, donde ya se realiza una investigación para fincar responsabilidades.