Por Carlos Barrachina Lisón
Las caravanas de migrantes han generado la sensación de que el fenómeno migratorio en México es nuevo, y ello no es así. También señalan algunos expertos que han surgido en semanas recientes, sentimientos xenófobos en muchas comunidades en nuestro país (lo cual no deja de ser preocupante).
Se ha despertado de nueva cuenta el debate sobre si el tema migratorio es un tema de seguridad nacional, o si éste puede ser gestionado con inversiones relacionadas con el desarrollo regional. Donald Trump y Kirstien Nielsen (secretaria de Homeland Security en los Estados Unidos) piensan que es un tema de seguridad nacional, y están reclamando que se autorice una situación legal de “emergencia” en su país para que las cámaras legislativas destinen recursos para la construcción del muro fronterizo con México. Barack Obama tenía una aproximación mixta. Por una parte se convirtió en uno de los presidentes estadounidenses que más repatrió extranjeros indocumentados de su país; y al mismo tiempo impulsó el Plan de la Alianza para la Prosperidad, que en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo y los países del triángulo norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) destinó 8 mil 618 millones de dólares en diferentes programas de desarrollo en la región entre el año 2016 y el 2018.
La verdad es que esta inyección de capital no ha contribuido a reducir el tránsito de los centroamericanos hacia el norte. Los centroamericanos desconfían de las posibilidades que pueden encontrar en sus países, y las caravanas, como nueva forma de organización, responden a la búsqueda de la seguridad de migrantes, que llevan años arriesgándose en el tránsito; y que en esta ocasión se están dejando acompañar por sus familias.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador apuesta por no criminalizar a la migración, y Marcelo Ebrard ha propuesto invertir 30 mil millones de dólares en acciones de desarrollo en Centroamérica. Para ello se ha puesto de acuerdo con Alicia Bárcenas, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL y con los países del triángulo norte; y está invitando a Europa, Canadá y Japón para apoyar esta estrategia, tratando de mejorar las condiciones de vida en la región para así taponar de forma natural los flujos migratorios centroamericanos.
¿Cómo explicamos la reciente xenofobia o cansancio que se está generando entre algunos ciudadanos mexicanos en relación a los extranjeros indocumentados? En mi opinión tiene que ver con la atención mediática que se le ha dado recientemente al fenómeno; a la creciente e imparable ola de inseguridad en el país -que poco tiene que ver con los migrantes-; y a las declaraciones de los gobernantes estadounidenses que insisten en criminalizar este fenómeno.
La verdad, es que, en los espacios fronterizos, la población está acostumbrada al paso de centroamericanos documentados de forma regular. En Chiapas sólo desde el año 2006 al 2018 se han registrado 17 millones 867 mil 356 cruces (de trabajadores fronterizos, visitantes regionales, turistas y extranjeros que viven con sus papeles en México y que pasan la frontera). En Tenosique 1 millón 208 mil y en Chetumal 7 millones 834 mil 926. La vida en la frontera es muy dinámica. Guatemaltecos y beliceños cruzan diariamente a México al cine, a comprar, a estudiar, a realizar actividades cotidianas, y pocos han sido los problemas derivados de esta convivencia cotidiana.
También la gente está muy acostumbrada al paso de indocumentados (en algunos lugares de forma más visible que en otros). Señala Ebrard que más o menos 500,000 migrantes transitan anualmente por territorio mexicano de forma indocumentada; bien en su camino a los Estados Unidos, o con la idea de quedarse en México. Ello tampoco ha representado tradicionalmente problemas mayores.
Desde el año 2000 las diferentes administraciones mexicanas han tratado el fenómeno migratorio con diferentes enfoques, prevaleciendo el de seguridad nacional. Del año 2001 al 2018, 2 millones 146 mil 852 centroamericanos y cubanos han sido regresados a sus países de origen desde México.
El Plan Sur que Vicente Fox implantó, se caracterizó por una estrategia represiva y policial. Tras los atentados del 11 de septiembre, se establecieron planes para apoyar a los Estados Unidos en el control migratorio. La administración del presidente Calderón enfrentó una situación nueva, porque fue en estos años en los que el aumento de la violencia homicida en el país; así como de las actividades del crimen organizado, se reflejó también en el número de secuestros y homicidios de los migrantes en tránsito. Los informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la matanza de San Fernando de Tamaulipas en el año 2010, llevó a que la administración se viera en la necesidad de integrar el concepto de los Derechos Humanos en la legislación y cambiar el enfoque de aproximación a los migrantes. En esos años la repatriación de migrantes se redujo de forma significativa.
Fue de nueva cuenta a partir de julio del año 2014, con la aprobación por parte del presidente Peña Nieto del Plan Frontera Sur, cuando se volvió a endurecer la política migratoria mexicana. Hay señalamientos incluso que las autoridades utilizaron el fenómeno migratorio para negociar con mayores ventajas la renovación del tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá.
Es indudable que nos encontramos en un momento de transición. Mientras en el año 2017 y 2018, los Estados Unidos y México organizaban reuniones conjuntas, con los países del triángulo norte, fomentando alternativas relacionadas con la seguridad nacional; a partir de diciembre del 2018 esta dinámica se ha alterado. En la conferencia sobre el pacto mundial sobre las migraciones celebrada por la Naciones Unidas en Marrakech (Marruecos) el 10 de diciembre, México se asoció con la CEPAL y los países del triángulo norte para impulsar políticas de desarrollo regional. Por su parte, los Estados Unidos, organizaron el 20 de febrero del 2019 una reunión en San Salvador, con los ministros de seguridad de Honduras, Guatemala y el Salvador -con la ausencia de México- para continuar con la securitización tradicional de la agenda; política que no ha dado resultados desde hace muchos años, pero que sigue presente de forma recurrente.
En las próximas semanas se espera que México presente con la CEPAL su plan de reconstrucción económica y social de Centroamérica. Tendremos que esperar y ver si esta política tiene continuidad a lo largo de los años; también si tiene resultados positivos y logra convencer a los ciudadanos centroamericanos que pueden desarrollar su vida en sus comunidades de origen. Tendremos que analizar con calma cómo se sigue comportando tanto el flujo migratorio, y cómo se comparta la convivencia de los mexicanos con los que se sigan aventurando en la aventura migratoria a través de México. Si México deja de lado el enfoque de seguridad nacional, y apuesta por el desarrollo regional, en la transición deberá estar muy pendiente para que los sentimientos xenófobos no aumenten entre la población, y para que las condiciones de paso de los migrantes sean aceptables por todos.
Por supuesto la diferente forma de entender el fenómeno migratorio por parte de las administraciones de los Estados Unidos y México, tendrán consecuencias en sus relaciones (especialmente si este tema es considerado como uno de seguridad nacional por los Estados Unidos). Toca esperar y ver como estas relaciones se van a ir acomodando.