Por Graciela Machuca Martínez
Ante las deficiencias del sistema público de educación en México y las políticas internacionales para que los servicios educativos se vayan privatizando, en todo el territorio nacional, a lo largo de las dos últimas décadas, han tenido un crecimiento exponencial las universidades privadas que ofrecen terminar una licenciatura en dos o tres años y con ello, han inundado el mercado laboral de profesionistas que siguen engrosando las filas de los ejércitos de mano de obra barata, quienes al final de cuentas, a pesar de contar con una licenciatura, trabajan en actividades netamente técnicas al mando de sus pares, pero que egresaron de escuelas privadas de gran prestigio.
Pero en medio del vaivén del mercado laboral, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en el estado de Quintana Roo, se está presentando un caso de presunto fraude por parte del plantel de la llamada Universidad Privada de la Península (UPP), particularmente con los egresados de la carrera de Derecho, de la generación que egresó hace algunos meses, pero que hasta el momento la universidad no les ha entregado su respectiva cédula profesional a pesar de que los egresados hicieron los pagos respectivos para que fuera la misma universidad la que se encargara de este trámite, a pesar de que si el titulado hace el trámite en línea o personalmente, en menos de 15 días cuenta con su respectiva cédula, pero las escuelas privadas no lo permiten porque de lo contrario no podrían cobrar por ese trámite.
Las personas interesadas en obtener su cédula profesional se dieron a la tarea de investigar en la plataforma digital de la Secretaría de Educación Pública, y cuán grande fue su sorpresa que se encontraron con que la carrera de Derecho y otras del plantel Felipe Carrillo Puerto, de la Universidad Privada de la Península, se encuentran desactivadas, situación que en ningún momento la directiva de la institución les informó.
Quien escribe esta columna se dio a la tarea de investigar y encontró, que en efecto, la Universidad Privada de la Península, plantel Felipe Carrillo Puerto, tiene registro de la Subsecretaría de Educación Superior para la licenciatura de Derecho (Mixta), 20150302/2015-06-01, según información actualizada al 11 de febrero de 2019, publicado en la página 464 que se localiza en la liga http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/11274/16/images/5%20U-Z.pdf
Pero la institución no tuvo, hasta antes de que detonara el conflicto, la capacidad técnica y la responsabilidad ética de informarle a sus egresados las razones por las que la Dirección General de Profesiones no ha generado sus respectivas cédulas, una omisión que complica la vida laboral de los egresados, ya que con la nueva normatividad en materia de derecho procesal penal, ninguna persona puede litigar como defensora o asesora jurídica si no cuenta con este documento que debe presentar ante las instancias judiciales a las que acuden.
La institución educativa privada hizo llegar a este espacio una publicación de Facebook en la que da su versión de lo que está ocurriendo, al ser enviada por un directivo de la Universidad, la toma como la versión oficial de esta empresa educativa.
En esa publicación, la licenciada Flor Eugenia Sierra Osorio dice que la escuela “está legalmente inscrita ante las instancias correspondientes”.
Responsabiliza a la Secretaría de Educación Pública de que los egresados de la Universidad aún no tengan su cédula: “aquí el detalle se encuentra ante la SEP, pues debido a que el sistema de profesiones se digitalizó, esto ha ocasionado una serie de retrasos con las claves de las carreras.
“Una de las carreras que tiene este problema es la licenciatura en derecho (SIC), pero esto no quiere decir que las próximas generaciones pasen por esta situación, precisó que ha exigido a la SEP que este problema de programación lo resuelvan para que los jóvenes egresados puedan tramitar su cédula profesional”, de acuerdo a la publicación en Facebook.
La directora del plantel aclaró que “la escuela puede expedir títulos certificados y avalados por la SEP, y declaró que están legalmente registrados, el detalle que hay ahora no es de la escuela depende de la SEP, pero nosotros como institución estamos presionando para que nuestros alumnos egresados puedan adquirir su cédula, que ahora ya es de manera digital. Y que lamentablemente la SEP al realizar este sistema ha tenido diversas fallas que atrasan y perjudican a nuestros estudiantes”. Hasta aquí la versión de la Universidad.
Desde mi punto de vista, y tomando en cuenta los derechos de consumidores de servicios, como es el caso de los egresados de la Universidad Privada de la Península, esta empresa es corresponsable con la SEP de esta omisión, porque no es posible que durante los tres años de la carrera estuvo cobrando puntualmente sus cuotas y ahora que ya egresaron los dejan a la deriva. Las evidencias existen. Pagaron mil 400 pesos mensuales, más mil 400 pesos cada semestre. La titulación les costó 12 mil pesos.
La educación privada en Felipe Carrillo Puerto es un negocio. La primera generación de Derecho en la UPP tuvo 20, la segunda 15 y 25 de la tercera.
Las personas afectadas no están reclamando si la Universidad tiene o no REVOE para la carrera de Derecho en Carrillo Puerto, se ha comprobado que sí, lo que están reclamando, con justo derecho, es que no se les ha entregado su cédula profesional.
Sabemos que las cédulas no las entrega la universidad, sino la Dirección General de Profesiones de la SEP, pero la universidad sí se comprometió a realizar el trámite y en ningún momento le ha informado a sus egresados en qué fecha hizo la solicitud respectiva y cuándo le notificó la Dirección de Profesiones que tenía problemas con el sistema.
Todo ello se les debió informar, e incluso, como consumidores de un servicio educativo, tienen el derecho de recibir esa información. Las personas egresadas tienen derecho a que se les entregue un cronograma desde el día que terminó el último curso, cuando ya tenían el cien por ciento de sus créditos.
Después les deben informar la fecha en que la Universidad tenía listos los títulos, después cuándo obtuvo el registro y autorización de la autoridad estatal y cuándo solicitó las cédulas ante la SEP, con la finalidad de deslindar responsabilidades y por compromiso ético como empresa, porque sólo de esta manera, quienes aspiren a estudiar en esa universidad tendrán la certeza que se trata de una universidad sería, o una “patito”, como muchas que existen en el mercado de la educación en México.