De la Redacción
CHETUMAL, 13 de mayo.- Este lunes se realizó una maratónica audiencia bajo la modalidad de videoconferencia, para determinar la vinculación o no a proceso del exgobernador del estado Roberto B. A., respecto a la carpeta administrativa 151/2017, correspondiente a supuestas irregularidades cometidas mediante la paraestatal VIP Saesa.
Durante la audiencia, que se postergó prácticamente hasta las dos de la mañana, el juez de control escuchó los alegatos de la defensa y de la representación social respecto a las acusaciones en contra del exgobernador por los delitos de aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública.
Entre fallas técnicas y constantes recesos, se efectuó la audiencia en contra del exgobernador Roberto B. A., acusado de aprovechar su cargo para imponer contratos de renta de aeronaves de la paraestatal VIP Saesa.
Visiblemente más delgado, pero manteniendo el semblante duro, el exmandatario se dijo inocente de las acusaciones en su contra y se reservó el derecho de rendir declaración con relación a los asuntos que le imputan.
La defensa se manifestó para que el juez de control otorgue la no vinculación a proceso al exgobernador, tomando en cuenta las resoluciones federales en materia de prescripción de las imputaciones contra el exgobernador, pues otros acusados dentro de la misma carpeta han sido liberados de los cargos.
Además, el abogado defensor Guillermo Barradas señaló su desacuerdo con el hecho de que la Fiscalía agregó la imputación de aprovechamiento ilícito del poder, cuando ésta no obró en el acuerdo de extradición de Roberto B. A., además de que los fiscales, durante los alegatos, no pudieron comprobar que se ejerciera presión física o moral en contra de los miembros de la junta directiva de VIP Saesa para la firma de dos contratos en favor de la empresa “Aerotaxi Villarica”.
Cabe mencionar que la audiencia inició a las 2 de la tarde mediante una pantalla ubicada al costado izquierdo en la que se podía observar al exgobernador Roberto B. A., quien mantuvo un semblante duro y fue breve en sus intervenciones respecto al desarrollo del procedimiento jurídico.
Al tratarse de la primera audiencia contra exfuncionarios en la modalidad de videoconferencia, se presentaron algunas complicaciones técnicas en la recepción de la imagen y de audio, principalmente, por lo que se decretaron recesos para atender las fallas.
Una vez iniciada la audiencia a cargo del juez Daniel Esteban Farah Godoy, se expusieron los hechos por parte de la Fiscalía, en los que acusaron al exgobernador de aprovechamiento ilícito del poder en el sentido de ordenar a los miembros de la junta directiva de la paraestatal VIP Saesa, la contratación de la empresa “Aerotaxi Villarica” para la prestación del servicio de taxi aéreo, en dos asambleas realizadas, la primera en 2011 y otra más en 2014.
Sin embargo, la defensa manifestó incongruencias en los alegatos de los fiscales, pues en un principio la acusación era que se contrataron y pagaron servicios que no se realizaron, pero que posteriormente se comprobó que sí se efectuaron.
Al acabarse ese alegato, la Fiscalía añadió la imputación respecto a aprovechamiento ilícito del poder; sin embargo, la defensa consideró que no se cumple con tal señalamiento, siendo 12 personas las que firmaron las asambleas de donde emanaron los contratos, y que se maneja el supuesto de que Roberto B. A. obligó a los involucrados a celebrar los negocios, pero en ninguna de las testimoniales de Carlos A. G. ni de Javier Z. G. existe alguna aportación del modo en que se realizaba esta “presión”, pues no se menciona amenaza física, moral o de despedir a quien se opusiera.
Ante una representación social divagante y sin argumentos sólidos, la defensa de Roberto B. A. también aportó que, de acuerdo con los tratados internacionales de extradición, no deberían variar los hechos y delitos por los que el exgobernador fue traído a México para ser juzgado; sin embargo, la Fiscalía ha agregado la imputación por aprovechamiento ilícito del poder.
Asimismo, ambas partes discutieron sobre la prescripción del mismo, en el que la parte acusatoria manifestó que no debe contarse el tiempo en el que el exgobernador tenía fuero por el cargo, pero la defensa rebatió que esas reformas legales fueron posteriores a los hechos y presuntos delitos que obran en el expediente en cuestión.
Cerca de la medianoche terminó la discusión, por lo que se decretó un último receso para que, a las 2 de la mañana, el juez determinara la vinculación o no del exgobernador, no sin antes darle la oportunidad de hacer alguna manifestación, lo cual aceptó Roberto B. A.
En su intervención se dijo inocente y manifestó que en su caso ha habido maniobras jurídicas para inculparlo, pero no obstante respeta al Poder Judicial.
“Cuando el Poder Judicial es una tentación para el Poder Político, sólo hay una salvaguarda, la honorabilidad y la ética”, concluyó Roberto B. A., quien hasta el momento desconocía cuál sería la resolución del juez.