Por Gabriel E. Manzanilla
CHETUMAL, 22 de mayo.- El Congreso del Estado de Quintana Roo aprobó la creación de la nueva Ley del Notariado impulsada por el gobernador Carlos Manuel Joaquín González, con lo que se fortalece la función notarial al establecer procedimientos claros, sencillos y transparentes para la creación de nuevas notarías, mientras que la obtención de patente de notario público titular se realizará mediante examen de oposición.
El dictamen que contiene la minuta de Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roo, fue avalada por mayoría de los diputados integrantes de la XV Legislatura, siendo el diputado José de la Peña Ruiz de Chávez quien votó en contra en lo general, además de votar en contra en lo particular junto con el diputado José Carlos Toledo Medina.
Como parte de la exposición de motivos, se explica la necesidad de crear una nueva Ley del Notariado que responda a la actualidad cambiante del estado, pues la que actualmente se tiene es obsoleta y data del año 2007, teniendo sus últimas reformas en 2010.
El documento señala que desde el año de 1975 a la fecha, el estado ha otorgado 124 patentes de notarios públicos y 41 de notarios auxiliares, tratándose de un aumento inusitado si se compara con otras entidades.
A la fecha existen 45 patentes de notarías expedidas a lo largo de 30 años, durante cinco administraciones gubernamentales, en las últimas dos se otorgaron 78 patentes.
De acuerdo con el dictamen elaborado por la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, se estableció que la creación de notarías tenga un equilibrio y parámetros objetivos, para lo cual se tomarán en consideración aspectos como la población del estado, las actividades económicas relacionadas con la función notarial, así como el movimiento inmobiliario comercial.
En ese sentido, se propone que no debe superarse la proporción de una notaría por cada quince mil habitantes. En este caso, la Secretaría de Gobierno determinará la jurisdicción territorial de las nuevas notarías públicas y podrá reubicar las ya existentes.
Con el objetivo de asegurar un notariado confiable y con la preparación necesaria, se proponen exámenes de oposición imparciales y transparentes para obtener patente de notario público, dejando de ser la asignación una atribución que defina únicamente a las autoridades.
Además, se establece que la Secretaría de Gobierno tendrá en todo momento la facultad de realizar la convocatoria para el examen para aspirantes al ejercicio del notariado, determinando la procedencia cada dos años, siempre y cuando al menos así lo soliciten al menos cinco interesados en obtener el nombramiento correspondiente y atendiendo a factores de incremento de las operaciones relacionadas con la función notarial.
El examen de oposición será revisado por un jurado, el cual estará integrado por un notario designado por el Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobierno, un notario designado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y un notario designado por la Mesa Directiva del Consejo de Notarios.
En la ley se estableció que entre los requisitos para ser aspirante al ejercicio del notariado, los interesados no deben haber ocupado un cargo en el gobierno, Poder Legislativo o Judicial, ayuntamiento, partido político, órgano autónomo, o en alguna dependencia de la administración pública, al menos un año antes de solicitar su examen de oposición como aspirantes.
Para mayor confianza de las personas que solicitan los servicios de un notario, se establece la responsabilidad solidaria del notario titular por las infracciones, omisiones, actos o hechos irregulares en que su notario auxiliar incurra en el ejercicio de la función notarial.
Se prevé el funcionamiento de la Dirección General de Notarías, la cual tendrá a su cargo el despacho de todos los asuntos y actos relacionados con el notariado, así como la organización y conservación del Archivo General de Notarías, el cual tendrá su sede principal en la ciudad de Chetumal.
Se establece la existencia de un Consejo de Notarios, el cual se integrará por todos los notarios titulares y notarios suplentes de la entidad, regulando su organización y funcionamiento conforme a la citada ley, al reglamento del Consejo de Notarios y a sus propios estatutos.
Por otro lado, con la finalidad de evitar que personas no autorizadas ofrezcan o brinden servicios notariales, se equiparan dichas conductas al delito de Usurpación de Profesiones, con las correspondientes sanciones penales previstas en el Código Penal de Quintana Roo.