Por Miguel Ángel Fernández / Redacción
CHETUMAL, 11 de junio.- El presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura, Eduardo Martínez Arcila, pretende desviar la atención de las irregularidades que envuelven su turbio manejo de la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo, sin justificar ni explicar por qué hasta el momento la ciudadanía no tiene acceso al dictamen y el decreto aprobados desde el 29 de diciembre de 2018, que siguen sin estar disponibles en la página de internet del Congreso del Estado, en abierta e impune violación a sus obligaciones de transparencia y pisoteando el derecho a la información de los quintanarroenses.
El tema se mantuvo en total secrecía hasta que fue expuesto por este medio informativo y algunos diputados reclamaron la presunta modificación del contenido, obligando a Martínez Arcila a dar a cuentagotas información sobre la sustitución de la Gran Comisión por un nuevo órgano de gobierno legislativo, y hasta a pedir a la Secretaría de Gobierno que “se apure” en su promulgación en el Periódico Oficial del Estado, todo lo cual sólo confirma que su doloso propósito siempre fue mantener oculto el documento en tanto no supiera el resultado de la elección del 2 de junio, lo cual generó sospechas fundadas de que la ley pudo ser modificada para favorecer al PAN en un intento de contrapesar al Morena en la XVI Legislatura.
Una vez expuesta su forma de actuar de espaldas a la ciudadanía, ahora Martínez Arcila ha manifestado que la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo será publicada en el Periódico Oficial del Estado la próxima semana.
Sin embargo, en sus declaraciones el presidente de la Gran Comisión sólo da información a cuentagotas, sin exponer con claridad puntos cruciales del contenido de esa ley que, como no se conoce en su versión original, deja fundada sospecha de su manipulación, dados los antecedentes de que en esta legislatura se han modificado documentos después de haberlos pasado por el pleno.
El contraste de las declaraciones de Martínez Arcila es con la sesión de la Comisión de Puntos Legislativos, donde se aprobó el dictamen de la Ley Orgánica sin que los diputados leyeran el documento, sino que sólo fueron expuestos de manera general algunos puntos, de los cuales vamos a informar al lector.
Integración de la Junta y derecho a voto, puntos de interés
La nueva Ley Orgánica incluye la conformación de la Junta de Coordinación Política, que sustituye a la Gran Comisión; las nuevas atribuciones y duración de la Mesa Directiva y el nuevo formato administrativo del Poder Legislativo.
Habrá nuevas direcciones y secretarías al interior del Poder Legislativo, e incluso desaparece la figura de Oficial Mayor, que será sustituida por un Secretario General.
La Junta de Coordinación Política tendrá un presidente, un secretario y vocales. La presidencia será anual, por lo que cada año cambiará entre los representantes de los 3 grupos que tengan número más alto de diputados. El que tenga mayor porcentaje de votación electoral podrá elegir en que año ejercerá su presidencia.
Aquí cabe mencionar que en la reunión de comisiones del 29 de diciembre se dijo que la presidencia será para los partidos con mayor proporción de diputados, mientras que en recientes entrevistas Martínez Arcila agregó que en caso de haber empate de legisladores entre partidos, se tomaría el porcentaje de votación en la elección para decidir cuál de ellos tiene derecho a un año de presidencia.
Este punto es importante, porque con los resultados actuales de las elecciones, ya Martínez Arcila se ha encargado de difundir que la presidencia de la Junta de Coordinación será rotativa entre Morena, PAN y PVEM, porque son los partidos que tienen mayor número de diputados (8, 4 y 3, respectivamente); pero en el caso del PVEM su número de diputados es igual al del PT, sólo que los verdes obtuvieron casi 8 por ciento de la votación y los petistas apenas y superaron el 3 por ciento, por lo que los ecologistas tienen el derecho a una presidencia.
Asimismo, Morena tendrá el derecho de elegir en qué año ocupará la presidencia, es decir, si en el primero, en el segundo o en el tercero.
Sin embargo, si bien este punto al parecer no tiene diferencia con lo aprobado en el dictamen del 29 de diciembre pasado (cosa que no se puede saber porque nunca se dio a conocer el documento en la fecha de su aprobación), hay otros en los que cabe más la posibilidad de que haya habido manipulación.
Tal es el caso de qué diputados formarán parte de la Junta, pues en la reunión de comisiones se dijo que sería integrada por los coordinadores de los grupos parlamentarios, siendo el caso que en la nueva Ley se establece que sólo se considera grupos parlamentarios a los partidos que tengan dos o más diputados.
En ese momento, a pregunta expresa, se dijo que los diputados independientes podrían ser parte de la Junta, pero que no tendrían derecho a voto, pero nunca se especificó cuál era el caso de los que la nueva Ley llama ahora “representaciones legislativas”, que se trata de los partidos que tiene sólo un diputado.
Tal situación es importante, porque la iniciativa del PAN, en la cual se basó la elaboración de la nueva ley, disponía que a los partidos con un solo diputado participaran en la Junta sólo con derecho a voz, pero no con voto.
Y ahora el diputado Martínez Arcila dice que la Junta está integrada por los coordinadores de grupos parlamentarios y las representaciones legislativas, aunque tampoco ha tenido el detalle de precisar si los segundos tendrán derecho a voto o no.
La importancia que tiene este punto en la coyuntura actual es la siguiente: según la nueva ley oculta, son grupos parlamentarios Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y PRD; mientras que no lo son Movimiento Ciudadano, Movimiento Auténtico Social y Confianza por Quintana Roo, porque al tener sólo un diputado se les considera representaciones legislativas.
Y no es lo mismo tener una Junta de Coordinación Política donde seis partidos tengan derecho a voto que tener una con 9 partidos con capacidad de incidir en las decisiones.
Tampoco se ha aclarado si el voto de cada integrante tendrá igual valor, o si representará el número de diputados que tenga en el Congreso, punto éste que era una propuesta de una iniciativa para elaborar la ley.
La importancia de este asunto reside en que, según la segunda propuesta, el voto de Morena en la Junta contaría por 8; pero si resulta que la ley dispone que el voto sea de valor igualitario, dentro de ese órgano el voto de Morena valdrá por uno al igual que el de todos los integrantes.
Lo anterior evidentemente sería más conveniente al PAN, pues le permitiría sumar más aliados dentro de la Jucopo.
Y asume preponderancia porque la nueva Junta tendrá atribuciones de gobierno semejantes a los que tiene la en vías de extinción Gran Comisión, como nombrar a los directivos de la administración del Congreso del Estado, y proponer la integración de la Mesa Directiva que encabezará los trabajos del pleno.
En este caso, la Mesa Directiva tendrá una presidencia que también durará un año, y será para un partido diferente al que encabece la Junta de Coordinación.
La presente Legislatura ha sido evidenciada de modificar documentos legislativos de manera posterior a ser pasados al pleno, y ahora es clara la irregularidad de mantener oculto el dictamen de la nueva Ley Orgánica, lo que ocurrió desde la reunión de comisiones, en la sesión del pleno y, posteriormente, al no subirlo a la página oficial del Poder Legislativo.
Sin embargo, el legislador en mención llama “controversia ficticia en medios” y “discordia mediática” a lo que es una irregularidad y el principal problema recae en la falta de humildad de Eduardo Martínez Arcila, de no poder reconocer los errores que por torpeza, omisión o dolo se cometen en el Poder Legislativo.
Hasta la fecha, en la página de internet del Congreso del Estado no aparecen el dictamen y el decreto de dicha Ley, pese a que Martínez Arcila sigue manifestando públicamente que “no hay nada que esconder” y que el Congreso es transparente, pero los hechos muestran lo contrario.