De la Redacción
CHETUMAL, 17 de junio.- Los diputados suplentes también le entraron al dispendio de las “ayudas sociales” entregadas por la XV Legislatura. Cinco de estos legisladores han derrochado con total opacidad y en menos de un año 6.4 millones de pesos, bajo este esquema.
De acuerdo con una investigación presentada por la asociación civil “Somos tus Ojos”, la lista es encabezada por el panista Mario Baeza Cruz, que por sólo cuatro meses estuvo de diputado supliendo a Fernando Zelaya Espinoza, pero en ese corto tiempo, dijo haber entregando 229 “ayudas sociales”, que representaron un gasto estimado de 2 millones 369 mil 392 pesos.
Otra diputada es María Yamina Rosado Ibarra, que entró a la XV Legislatura como suplente de la actual senadora Mayuli Martínez Simón, quien de acuerdo con la información de “Somos tus Ojos” entregó 182 “ayudas” y en ellas, se gastó un millón 883 mil 97 pesos.
También es señalado el diputado independiente Luis Ernesto Mis Balam, suplente del perredista José Esquivel Vargas, quien presuntamente otorgó 78 “ayudas” que alcanzaron un monto estimado de 807 mil 41 pesos.
Le sigue la diputada independiente Teresa Sonia López Cardiel, suplente de la ex perredista Laura Beristain Navarrete, quien reportó 72 “ayudas” a las que destinó 744 mil 961 pesos, según los datos de “Somos tus Ojos”.
La diputada Adriana Chan Canul, suplente de la actual diputada federal Ana Patricia Peralta de la Peña, dijo haber entregado 59 “ayudas sociales”, por un monto estimado de 610 mil 454 pesos.
En total los cinco diputados suplentes se gastaron, en menos de un año, 6 millones 414 mil 945 pesos en “ayudas sociales”, ya que, el periodo que se informa es de septiembre de 2016 a septiembre de 2018, pero estos legisladores rindieron protesta entre marzo y abril de 2018.
“Somos tus Ojos” informó que estos supuestos “apoyos” se repartieron de manera discrecional y con total opacidad, sin que se conozcan a detalle los datos de los beneficiarios y la cantidad recibida por cada uno, por lo que fácilmente este rubro puede ser utilizado para el saqueo de los recursos públicos por parte de los legisladores.
Como parte de la investigación de “Somos tus Ojos”, se menciona que en estos dos años (septiembre 2016-septiembre 2018) los 25 diputados de la XV Legislatura gastaron casi 150 millones de pesos en “ayudas sociales”.
De acuerdo a la solicitud de información 00837118, de septiembre a diciembre de 2016, el Congreso destinó 23 millones 312 mil 028 pesos al rubro de “ayudas sociales”; que sumados a los 87 millones 053 mil 997 pesos que la XV Legislatura gastó en 2017, más los 37 millones 250 mil 330 pesos ejercidos hasta septiembre de 2018, de acuerdo a datos públicos, hacen un total 147 millones 616 mil 355 pesos destinados al cuestionado rubro, informó la asociación.
De igual manera, se señala que hasta septiembre de 2018, los 25 diputados y sus suplentes habían dado en conjunto 14 mil 267 “ayudas sociales”, según respuesta a la solicitud de información 01032818 realizada por “Somos Tus Ojos”.
Para calcular el monto promedio por cada ayuda social, pues el Congreso del Estado no desglosa cada uno de los apoyos entregados, la asociación dividió el monto global gastado por este concepto y el número total de supuestos apoyos entregados, obteniendo así un gasto promedio de 10 mil 346.69 pesos por cada uno.
Nueva Ley oficializa el dispendio
Esto es relevante, porque como parte de la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo, se mantienen las ayudas sociales y se legalizan casas de gestión o atención ciudadana de los diputados en cada distrito electoral del estado.
El panista Eduardo Martínez Arcila, actual presidente de la Gran Comisión y diputado reelecto por la vía plurinominal, para asegurar su estadía por tres años más beneficiándose del erario público, y con impunidad ante el dispendio y los desvíos que permitió a los diputados, que encabezó durante los años de la XV Legislatura, promovió que se mantuvieran las ayudas sociales, fortaleciendo el rubro con la disposición de que se instalen casas de gestión en cada distrito electoral, pagadas con el presupuesto del Poder Legislativo.
De esta forma, los diputados salientes de la XV Legislatura, principalmente su coordinador, Eduardo Martínez Arcila, buscan evitar las revisiones del dispendio que ayudas sociales, pues al establecerlas en la nueva norma “legalizan” los abusos que ellos cometieron, los cuales han dado lugar a denuncias penales por desvíos de recursos.
Al mismo tiempo, convierten la disposición en una invitación a los diputados entrantes para que continúen con las mismas prácticas y de ese modo no les pidan cuentas, pues consideran que los legisladores entrantes, principalmente la mayoría encabezada por Morena, no pretenderán cambiar normas que les resultarán muy favorables para el uso del presupuesto del Congreso; en otras palabras, esperan que se conviertan en sus cómplices.
Para ello, la Junta de Gobierno y Coordinación Política determinará los montos a destinarse a ese rubro; además, la Dirección de Gestoría y Apoyo a la Comunidad le cambian el nombre a Dirección de Atención Ciudadana, con la función principal de coordinar de las casas de gestión de los diputados en los distritos.
Además de pretender justificar el dispendio y los abusos que cometieron con los recursos para ayudas sociales con esta “legalización”, las casas de gestión o de atención ciudadana quedan oficialmente reconocidas como una de las estrategias del PAN para justificar la abultada nómina con que cuenta el Poder Legislativo, que se considera pudo incrementarse hasta en más de 220 personas tan sólo durante dos años.
Por si fuera poco, la nueva Ley Orgánica contempla que los grupos parlamentarios, representaciones legislativas, diputados independientes y diputados sin partido tengan derecho a prerrogativas económicas para ser administradas por ellos mismos.
Para eso, señala que se contará con una partida equivalente al 10 por ciento del presupuesto total del Congreso, la cual será repartida entre cada fracción, con el límite de que ninguna de ellas podrá disponer de más del 40 por ciento de ese monto.
Tomando en cuenta que el presupuesto actual del Congreso del Estado es de 468 millones 858 mil pesos, eso significa repartir entre los grupos y representaciones legislativas 46 millones 885 mil pesos al año, para un uso que pretende legalizar los recursos que mensualmente se dan a cada diputado de manera adicional a su paga, que principalmente incluyen gastos de gestión social, para pago de asesores y gastos de gasolina, en cantidades que oscilan entre los 30 mil y 20 mil pesos por cada rubro, pero que no están estipulados en la actual ley, y también se han prestado a desvíos de recursos.
Lo anterior equivale en números actuales a poner a disposición de cada diputado un millón 875 mil pesos anuales, que son más de 156 mil pesos mensuales adicionales a su sueldo.