Otra prueba de manipulación de la Ley Orgánica

De la Redacción

CHETUMAL, 18 de junio.- Luego de 5 meses y medio de permanecer oculto de los archivos del Congreso del Estado, el pasado lunes fue publicado el Dictamen de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en donde por ningún lado se propone, ni fundamenta ni motiva, la permanencia del actual titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Poder Legislativo, Jorge Alberto Rejón Chan, durante los casi3 años de gestión de la próxima Legislatura.

Tampoco existe ninguna mención ni fundamendación ni motivación a la disposición para obligar a la XVI Legislatura a conservar en su cargo durante un mes más al actual oficial mayor, el panista Gerardo Martínez García, como parte del “blidaje de impunidad” con el que se quiere proteger contra investigaciones internas anticorrupción el prisidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, como responsable de una administración legislativa señalada de múltiples irregularidades en el manejo de recursos para “ayudas sociales”, engorda de la nómina y contratos amañados.

Otros puntos que no se motivan ni fundamentan ni explican en el dictamen es el de las casas de gestión de diputados pagadas con presupuesto del Congreso, ni el reparto del 10 por ciento del presupuesto entre las fracciones parlamentarias, que actualmente equivale a casi 47 millones de pesos anuales.

En las consideraciones del referido dictamen, el cual consta de 179 páginas, no existe apartado alguno que sustente la propuesta de perpetuar en el cargo al actual contralor interno hasta el 28 de marzo de 2022, como pretende imponer Martínez Arcila a la XVI Legislatura.

La diposición de mantener al titular del OIC del Poder Legislativo viene en el octavo artículo transitorio del decreto, pero en inguna parte del dictamen se menciona la propuesta de introducir ese artículo.

En el dictamen tampoco se menciona por ninguna lado la propuesta de obligar a la XVI Legislatura a conservar en su cargo al actual oficial mayor durante un mes, ni se fundamenta ni se exponen los motivos de esta que sólo queda como otra imposición de Eduardo Martínez Arcila sobre los próximos diputados.

Lo anterior sólo es una prueba más de que el decreto de la Ley Orgánica fue manipulado para introducirle disposiciones que no fueron analizadas públicamente, lo cual fue señalado por el diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien aseveró que en el proceso de elaboración del dictamen el tema del contralor fue algo que jamás se discutió ni se propuso ante los diputados, tampoco se abordó en comisiones y ni siquiera estaba en los proyectos que sirvieron para elaborar la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo.

El dictamen parte de diferentes iniciativas que presentaron los diputados de la XV Legislatura, algunos de manera individual y otros por bancada, tomando como principales la del Partido Acción Nacional (PAN), de la diputada Leslie Hendricks y otra de la bancada priista, así como una del diputado Ramón Javier Padilla Balam, del Panal.

En ninguno de los proyectos presentados que sirvieron de base para el dictamen de la nueva Ley Orgánica se aborda el tema del actual contralor interno del Poder Legislativo y su permanencia por otros tres años, ni el del oficial mayor y su permanencia por un mes más después de que finalce la XV Legislatura.

De hecho, en el video de la reunión de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, presidida por el diputado Eduardo Martínez Arcila, donde se dictaminó la referida ley y que tiene duración de 27 minutos, tampoco se toca el asunto del contralor interno ni el del oficial mayor.

Esto tampoco se discutió en la sesión extraordinaria del 29 de diciembre de 2018, que es donde se aprobó el dictamen, pues los diputados que lo avalaron acordaron saltarse también la lectura del documento, emitiendo así un voto a ciegas.

Y como las versiones originales del dictamen y el decreto de la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo no se dieron a conocer desde el momento de su votación, ni en los días próximos siguientes, sino hasta cinco meses y medio después, una vez pasadas las elecciones, tampoco exixste la certeza de que esos transitorios y los artículos sobre el periodo de gestión del contralor interno hayan estado desde el principio en el texto, por lo que apunta a que la Gran Comisión los introdujo de manera subrepticia e ilegal después de la aprobación.

Otra anomalía es que tampoco se menciona la propuesta de establecer que el contralor interno tenga un período de gestión de 4 años, lo cual apareció en la nueva ley ya publicada, donde se introdujeron los artículos 137 y 138, pero éstos no se fundamentaron ni motivaron en el dictamen, además de que la reforma tampoco está en las iniciativas analizadas, ni siquiera en la del PAN, que sirvió de base para la nueva ley.

La iniciativa del PAN, que fue la que sirvió de base para la elaboración de la nueva Ley Orgánica, no contiene alguna propuesta de modificación a la norma del OIC, sino que mantiene el mismo texto de la ley todavía vigente, en la cual el titular del órgano interno de control no tiene período de gestión.

Lo del OIC tampoco se sugiere en las iniciativas que presentaron otras bancadas, es decir, fue un asunto que en ningún momento se tocó durante el proceso de dictamen y que tampoco sugirieron las fracciones parlamentarias.

Sin embargo, esto si aparece en el cuerpo de la nueva Ley, con cambios sustanciales en dicho apartado, pues se establece en el artículo 137 que el contralor interno ahora durará en su cargo 4 años, además de anexarle una serie de requisitos que deberá de cumplir para su nombramiento.

Lo anterior es totalmente nuevo para la legislación del Congreso, pues la ley todavía vigente no establece para el contralor interno un periodo de duración, entendiéndose que durará en el cargo el tiempo que dure la Legislatura que lo nombró y esta misma disposicion se encuentra en la iniciativa de ley de la bancada del PAN, que como ya se dijo sirvió de base para elaborar la nueva Ley Orgánica.

Pero además, como si eso no bastara, se estableció un artículo octavo transitorio, donde se extiende de manera automática el período del encargo del actual contralor interno, nombrado por la XV Legislatura por casi tres años más, para que coincida con casi toda la gestión de la próxima Legislatura, la XVI.

No hay tampoco en el dictamen una explicación o exposición de los motivos para instituir el pago con presupuesto del Congreso del Estado de casas de gestión de los diputados en cada distrito electoral, ni para el reparto del 10 por cieto del presupuesto de este poder entre cada fracción parlamentaria.

El tema de las casas de gestión social para los diputados es algo que si está en la iniciativa del PAN, pero no se justifica en el dictamen y no fue discutido al momento de su elaboración.

Sin tener el más mínimo sustento que las justifique, en el dictamen se mantienen las ayudas sociales y se incrustaron las casas de gestión o atención ciudadana de los diputados en cada distrito electoral del estado.

Con ello no sólo se mantendrá el dispendio de recursos bajo el concepto de ayudas sociales, sino que se fortalece el rubro con la disposición de que se instalen casas de gestión en cada distrito electoral, pagadas con el presupuesto del Poder Legislativo.

De esta forma, los diputados salientes de la XV Legislatura, principalmente su coordinador, Eduardo Martínez Arcila, buscan evitar las revisiones del dispendio de ayudas sociales, pues al establecerlas en la nueva norma “legalizan” los abusos que ellos cometieron, los cuales han dado lugar a denuncias penales por desvíos de recursos.