Por Miguel Ángel Fernández
CHETUMAL, 1 de junio.- La opacidad y manejo poco transparente de documentos y recursos han sido el sello de la XV Legislatura, sin que hasta el momento ningún funcionario haya sido sancionado o destituido. Lo anterior sólo muestra que, aunado a la opacidad y actos en contra de las leyes, también se promueve la impunidad desde el Congreso del Estado.
En un acto que va contra toda legalidad y que hace evidente que funcionarios incurren en responsabilidades que deben ser sancionadas, a cinco meses de haber sido aprobada la nueva Ley Orgánica, no se encuentra el documento en la página del Poder Legislativo y no se ha publicado en el Periódico Oficial.
La nueva Ley Orgánica implica la desaparición de la Gran Comisión, que actualmente ostenta el diputado Eduardo Martínez Arcila, cuyo desempeño ha sido cuestionado por despilfarro, falta de transparencia en el manejo presupuestal y la bajísima productividad en favor de la ciudadanía.
Fue el 29 de diciembre de 2018, cuando la XV Legislatura aprobó el paquete fiscal 2019, pero también la creación de una nueva Ley Orgánica para el Poder Legislativo “con la cual reforman de manera profunda el funcionamiento de éste en términos políticos y administrativos, con una visión incluyente, en donde todas las fuerzas políticas tendrán participación de acuerdo a la representación que obtengan en las urnas”.
De manera irregular el dictamen definitivo no fue enviado a los correos de los diputados y diputadas. Posteriormente, se cometió otra irregularidad, siendo que no se publicó tampoco en la página del Poder Legislativo, lo que va en contra de la transparencia.
Aunado a ello, en lo que evidentemente tiene motivaciones políticas, esta ley tampoco fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, con el objetivo de que se mantenga como letra muerta.
De todas estas irregularidades es responsable el diputado presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, pero también incurren en responsabilidades la directora de Proceso Legislativo, Brenda San Román Ovando, y el titular de la Unidad de Transparencia, Hassan Medina.
Y es que de acuerdo con las obligaciones de información, está establecido que deberán estar públicas en internet de manera permanente y actualizada con acceso público a la Ley Orgánica, así como las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones. Además, la obligación en el Poder Legislativo es que “los dictámenes y los acuerdos aprobados en el Pleno; así como los decretos legislativos, deben ser publicados dentro de los cinco días hábiles posteriores a la sesión.
Otra muestra de la opacidad en el Congreso del Estado, es el manejo de las ayudas sociales, que en los últimos dos años ha gastado 147 millones de pesos, pero cuyo manejo ha sido totalmente opaco y existen dudas fundadas sobre su verdadero destino.
De hecho, existen denuncias por el delito de peculado (malversación de fondos públicos), interpuestas en la Fiscalía Anticorrupción y Fiscalía General del Estado (FGE), con el objetivo de transparentar y aclarar el paradero de estos recursos, pero hasta la fecha no se tienen avances contundentes.
Sin embargo, las denuncias simplemente no “caminan”, a pesar de que han descubierto la existencia de falsos beneficiarios en la lista de ayudas sociales, de personas que aseguran no haber recibido ningún tipo de apoyo del Congreso del Estado, pero que sus nombres aparecen junto con documentos apócrifos, además de la falsificación de sus datos personales y hasta su firma.
Este no solamente se ha utilizado de manera opaca, sino también ha servido para fines político-electorales de varios diputados que se han consolidado en el poder y que ahora no quieren soltarlo, muchos de ellos incluso están en busca de la reelección.
De todo este manejo irregular de los recursos públicos es cómplice el auditor superior de estado, Manuel Palacios Herrera, quien desde que asumió el cargo mostró celeridad para actuar contra exfuncionarios, pero ahora una injustificable lentitud para fiscalizar los recursos de los gobiernos afines a los partidos que lo avalaron, y menso para el manejo en el Congreso del Estado, que lo designó como una autentica imposición política.