Quintana Roo

Por Gerardo Reynoso

El gobierno de Enrique Peña Nieto cometió graves irregularidades en el manejo del problema del sargazo y gastó más de 800 millones de pesos sin obtener resultados y bajo la sospecha de un posible desvío de recursos.

De la mano de Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se dio un mal manejo de recursos oficiales para atender un problema que ha quebrado la actividad turística del país.

Mediante una investigación realizada por la Secretaría de Marina y Armada de México, Semar, la pasada administración federal gastó los recursos antes mencionados para intentar atender el problema del sargazo en costas mexicanas, sin resultados positivos.

De acuerdo con la dependencia, los recursos destinados por la pasada administración federal para este fin no representaron una inversión, dado que en su momento no resolvieron el problema, no hubo lecciones aprendidas y tampoco dejaron vestigio de materiales o equipos para futuras contingencias.

Tras subrayar que cada vez el esfuerzo para esta tarea “es comenzado desde cero”, en un informe difundido en medios resaltó que si a esos montos se agregan los gastos realizados por los “concesionarios”, la cifra podría rebasar “con mucho” los 1,000 millones de pesos.

La Semar detalló que en 2012 fueron destinados 55 millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que se suman a los 176 millones de pesos de esa misma partida ejercidos en 2013.

Refirió que para 2015, el Fonden aportó 150 millones y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) otros 30 millones, mientras que en 2017, los gobiernos federal y de Quintana Roo aportaron 57 millones de pesos para combatir el problema.

La Secretaría de Marina precisó que en 2018, la cifra se elevó hasta 333 millones de pesos, de los cuales 222.5 millones fueron entregados por el gobierno de Quintana Roo, 62.57 millones por el federal a través del Fonden, y 48 millones por los municipios afectados.

En el último año del gobierno pasado, los recursos fueron utilizados para apoyar el esfuerzo de limpieza de playas y municipios costeros, y aunque la mayor parte del presupuesto fue usado para la renta de 27 kilómetros de barreras de contención de hidrocarburos, “no arrojaron los resultados esperados”, abundó.

En el reporte, la Semar indicó que en 2015, los recursos fueron destinados a la renta y compra de maquinaria para remover la macroalga, como fue la embarcación de recolección de seis millones de pesos a la empresa Tecno Productos Gab, y un catamarán de recolección de 752 mil 500 pesos.

Asimismo, en bandas transportadoras se gastaron 2.89 millones de pesos, en barreras de contención 1.2 millones, en un vehículo con remolque para transporte de sargazo 568 mil pesos y en un tractor con barredora 2.21 millones de pesos, aunado al pago de estudios y contratación de servicios, acopio, transporte y disposición de esa materia marina.

Como parte del reporte de la reunión de trabajo para la atención de la problemática del sargazo en el Caribe mexicano, la Marina indicó que se tienen 10 municipios prioritarios en este tema, desde Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Othón P. Blanco y Cozumel.

Mencionó que el pasado 17 de junio recibió siete millones de pesos del Fonatur para la construcción de barcazas sargaceras, y el 20 de junio, 45 millones de pesos transferidos por la Secretaría de Hacienda para la adquisición de barredoras y barreras de retención de sargazo, así como de otros materiales y equipo para el mismo fin.

Indicó que en el corto plazo, las acciones previstas para combatir esta problemática incluyen la recolección de sargazo mediante unidades operativas de Marina, cuatro buques, un avión patrulla y tres helicópteros, así como 137 elementos de la institución, además de apoyo a la iniciativa privada y municipios para esta tarea.

A largo plazo, la dependencia prevé destinar 90 millones de pesos sin Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la reparación, durante seis meses, del barco sargacero Kelsol, que actualmente lo tiene la Aduana Marítima de Ensenada en embargo.

También calculó 210 millones de pesos sin IVA para la construcción de un buque similar al Kelsol, lo cual implicaría ocho meses.

 

El gobierno federal obligaba a contratar empresas afines

Cabe señalar que uno de los datos más importantes que se tienen en torno al manejo irregular de recursos del anterior gobierno federal, es el esquema de obligatoriedad que se estableció para beneficiar a grupos específicos de manera económica.

El esquema partía desde la federación, la cual condicionaba los apoyos a gobiernos estatales y municipales, a cambio de que se efectuaran contratos con empresas afines a los intereses de la administración de Enrique Peña Nieto.

Una de esas empresas fue la española OHL, la cual tuvo precisamente en Quintana Roo inversiones y proyectos durante los últimos cuatro años de gobierno del anterior presidente de México.

Bajo la premisa de tener recursos para atender problemas o situaciones locales, tanto gobiernos locales como municipales, accedían a este tipo de tratos que, en su momento, representaron negocios millonarios.

En el caso del sargazo, la situación fue muy clara, ya que el gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto determinó inflar por completo presupuestos para, en teoría, atender la problemática.

Por eso es que las acciones que se emprendieron no dieron resultados. Se adquirieron productos de baja calidad que se pasaron por “tecnología de punta”, lo cual originó que no se presentara una solución integral.

A raíz de esto, el gobierno que ahora encabeza Andrés Manuel López Obrador sostiene que se trata de un problema menor el tema del sargazo, debido a que se gastaron más de 800 millones de pesos en nada.

Incluso, la postura del presidente de la república está sustentada en la investigación que realizó la Secretaría de Marina, donde se especifica que el dinero nunca fue invertido al 100 por ciento en la lucha contra el sargazo.