De la Redacción
En la delegación estatal del Instituto Nacional de Migración (INM), todo es caos. Tras la ejecución del subdelegado de la dependencia, Iván Rojas en Playa del Carmen hace una semana, y de la renuncia intempestiva de la coordinadora estatal, Aracely Fernández, únicamente dejó al descubierto como la red de corrupción al interior del organismo federal está más fuerte que nunca.
Desde hace más de diez años, el INM en Quintana Roo está dominado por la delincuencia organizada y se ha convertido en el eslabón principal de la cadena de tráfico internacional de indocumentados extranjeros desde México hacia Estados Unidos.
Es que mientras el gobierno federal se ha enfocado en cerrar la frontera sur desde Chiapas, Quintana Roo se ha convertido en un lugar clave para que indocumentados tanto centroamericanos como sudamericanos –e incluso asiáticos– puedan encontrar camino hacia territorio estadounidense.
La red de corrupción se ha encargado de la internación y salida de extranjeros con documentación falsa y la expedición de documentos oficiales por parte del Instituto Nacional de Migración
Esta situación estaba siendo investigada por el subdirector Iván Ulises Rojas Vergara, quien iba a ser nombrado coordinador estatal. La investigación demostraba cuales son los grupos delictivos que operan la red desde el escritorio mismo del Instituto Nacional de Migración.
Por ejemplo, por la internación ilegal de un extranjero se cobra de 6 mil a 10 mil dólares que pasan directamente por el control interno del INM, y por ello el asesinato de un subdirector y la renuncia de su coordinadora estatal provocó una sacudida en la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Quintana Roo.
Dentro del esquema, el Aeropuerto Internacional de Cancún es el sitio donde se da la internación de extranjeros sin ningún tipo de control, sobre todo aquellos que provienen de Sudamérica, caso concreto Venezuela y Colombia.
Por esta razón es que el número de extranjeros de ambas nacionalidades ha crecido hasta en un 60 por ciento en los últimos cinco años en la zona norte del estado, específicamente en los municipios de Solidaridad y Benito Juárez. De igual manera se aduce que existe mucha presión para los funcionarios de rango del INM, para no cerrar ni hacer frente a la red de corrupción.
Esta fue la principal razón por la cual Aracely Fernández Santacruz decidió renunciar a su cargo de manera intempestiva. Por su parte, el INM indicó que Iván Rojas trabajó en la dependencia desde septiembre de 2013, donde fungió como subdirector de la delegación federal en Playa del Carmen y también en la subdelegación de Chetumal.
Ante esta situación, se presume que todo el personal tanto operativo como administrativo se encuentra bajo investigación y en espera de la evaluación de la Secretaría de Gobernación, principalmente por el tema de entrega de residencias y permisos de internación provisionales de estancia a varios extranjeros.
Esta situación se descubrió porque varios ciudadanos de las nacionalidades antes mencionadas fueron detectados en ciudades como Monterrey, Distrito Federal, Guadalajara, Mexicali y León entre otras.
Lo anterior ha llamado la atención de las autoridades federales, ya que los extranjeros detectados han dado como referencia al Instituto de Migración en Quintana Roo, y en particular las oficinas de Cancún, como la dependencia donde encontraron sus permisos para estar de manera “legal” en México.
Esta situación no es nueva. Desde hace un año, la Secretaría de Gobernación detectó desde el pasado mes de marzo, que en otros estados de la República existen residentes extranjeros cuyos primeros permisos fueron entregados en Quintana Roo.
Fuentes extraoficiales de la Segob confirmaron que en varias ciudades de la República mexicana se encontró un patrón repetido cuando se investigó el estado migratorio de ciudadanos cubanos, argentinos y asiáticos principalmente.
El patrón fue que ingresaron a México vía Cancún donde el Instituto de Migración, delegación estatal, expidió desde permisos de internación hasta cartas de residencia para poder permanecer en el país, sin verificar su estatus y condición de extranjero.
Al mismo tiempo, por medio de una investigación oficial, la Secretaría de Gobernación tuvo conocimiento de que desde el 2004 a la fecha se han entregado ese tipo de permisos migratorios en esta entidad a más de 4 mil extranjeros que hoy radican en distintas partes de la República mexicana.
Esta red se mantiene actualmente en operaciones. No sólo se trata del contubernio que agentes migratorios, jefes de área e incluso delegados y subdelegados, han establecido con el crimen organizado.
Esa relación crimen – funcionarios, es una cadena de toda la red donde los recursos obtenidos de manera ilícita alcanzan cifras estratosféricas. Los mismos agentes de Migración han establecido un sistema de “economía” que les permite obtener ganancias.
Con la entrega de permisos y documentos oficiales, los agentes lograron tener entradas de dinero que reportaban sólo a sus mandos superiores y a los delegados en turno del INM.
Con ello, se armó una red que ahora está siendo investigada directamente por la Secretaría de Gobernación mediante una auditoría en las oficinas del Instituto tanto en Cancún, Chetumal y la Riviera Maya.
Cabe señalar, que en su momento la delegación Quintana Roo del INM ha sido cuestionada y señalada por su “permisividad” en el, cada vez más frecuente, tráfico de cubanos, así como por su “ligera” actuación en la supervisión del estatus migratorio de extranjeros que se asientan en la Riviera Maya y Cancún. Diversos sectores han denunciado los probables vínculos entre personal de esta oficina y los traficantes de personas.
Sin embargo, los señalamientos habían quedado en el olvido hasta ahora que comenzó un procedimiento que irá más allá del plano administrativo y que ha sido negado desde el interior de la delegación del Instituto Nacional de Migración