Por Miguel Ángel Fernández
CHETUMAL, 23 de julio.- El gobierno de Othón P. Blanco ha tenido que pagar a una afianzadora para hacer frente a la multa que le impuso la Procuraduría de Protección al Ambiente, siendo que no se ha mejorado el manejo del basurero de Chetumal.
A principios del mes de junio, la PPA advirtió mediante un documento que impondría una nueva multa a la comuna de Othón P. Blanco, por las acciones que no se han realizado para atender el basurero.
Lo anterior al considerar que no se estaban atendiendo los 29 puntos que impuso la PPA respecto al inadecuado manejo del tiradero de Chetumal.
Ahora la directora de Ecología y Medio Ambiente del gobierno municipal, Alondra Martínez Flores, reconoce que se tuvo que contratar una fianza, en la cual el ayuntamiento tiene un año para tomar las acciones que impuso la PPA, de lo contrario se hará efectiva la multa por los poco más de 3 millones de pesos.
La multa de la PPA a la comuna se calculó en 3 millones de pesos desde hace meses, pero el gobierno de Otoniel Segovia ha sido incapaz de corregir el inadecuado manejo de los desperdicios.
De acuerdo con la directora de Ecología, comprenden tres aspectos las acciones correctivas que se tienen que hacer por el daño que ha causado el relleno, entre ellas diversos proyectos y estudios, además de acciones de conmutación.
El problema de la basura sigue latente en la capital del estado ante la incapacidad del gobierno municipal que encabeza Otoniel Segovia Martínez, que prácticamente no avanza en las observaciones que le hizo la autoridad ambiental.
Y es que muy poco se ha realizado respecto a las obligaciones en materia ambiental que se deben tomar, tras ser multado el ayuntamiento por la Procuraduría de Protección al Ambiente, por el inadecuado manejo del basurero.
Como se recordará, a finales de 2018 el municipio de Othón P. Blanco fue notificado por parte de la Procuraduría de Protección al Ambiente, de una sanción por 3 millones 224 mil pesos, por arrojar basura en terrenos no autorizados, colindantes al tiradero municipal.
La Procuraduría consideró oportuno adoptar 29 acciones para el correcto funcionamiento del sitio de disposición final (regularización). Entre las más importantes se requiere que el gobierno municipal presente para aprobación de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del estado un programa de clausura, posclausura y monitoreo del sitio. Además de emprender acciones de remediación del sitio; generar un plan de regularización que incluya las acciones y medidas que se juzguen necesarias, con el fin de cumplir los requisitos de la NOM-083-SEMARNAT-2003.