De la Redacción
CHETUMAL, 3 de julio.- El Congreso del Estado viola descaradamente el derecho a la información pública de los quintanarroenses, ya que a más de una semana de haberse aprobado, sigue sin dar a conocer el dictamen de la Ley de Protección y Bienestar Animal, junto con otros 11 documentos aprobados por la XV Legislatura el pasado 26 de junio.
La ley en materia de Transparencia, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la propia Constitución Política local, establecen que todos los documentos que se atienden en el pleno son públicos y deben ser difundidos para conocimiento de la ciudadanía, pero el Congreso del Estado viola este derecho, pues desde hace una semana mantiene ocultos 12 dictámenes aprobados por la XV Legislatura en sesión extraordinaria del pasado 26 de junio.
La obligación recae en la Unidad de Transparencia y de Proceso Legislativo del Congreso del Estado, así como en el presidente de la Gran Comisión, el diputado Eduardo Martínez Arcila, quienes deben revisar y encargarse de que estos documentos estén disponibles para el público en general en la página del Congreso, http://www.congresoqroo.gob.mx/, pero ya transcurrió una semana y no hay señales de ninguno, manteniendo así las prácticas de opacidad que han sido tan señaladas en esta legislatura.
Entre los dictamenes “escondidos” se encuentra la Ley de Protección y Bienestar Animal de Quintana Roo, misma que fue vetada y ya no será publicada por el gobierno del estado, ya que primero se va a revisar, analizar y modificar, especialmente en el punto que contiene la prohibición de las corridas de toros y peleas de gallos.
Tampoco aparece el dictamen con minuta de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia entre Estudiantes del Estado de Quintana Roo; el dictamen con minuta de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil del Estado de Quintana Roo, de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo y de la Ley de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo, en materia de protección civil escolar; dictamen con minuta de Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Quintana Roo.
Hace falta el dictamen con minuta de decreto por el que se reforma la Ley de Protección y Fomento Apícola del Estado de Quintana Roo; el dictamen con minuta de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil; el dictamen con minuta de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo.
De igual manera, el dictamen con minuta de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; el dictamen con minuta de decreto por el que se reforma el artículo 132 quáter de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad; y el dictamen con minuta de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Lázaro Cárdenas, entre otros.
Hasta el momento ninguno de los documentos está disponible en la página del Poder Legislativo de Quintana Roo, no se encuentran en el orden del día y tampoco en el Diario de los Debates, además de que a las diputadas y diputados tampoco se les hizo llegar a sus respectivos correos electrónicos, de acuerdo con un sondeo realizado por este medio informativo.
El ocultamiento de la información pública es una constante de la actual legislatura que encabeza el panista Eduardo Martínez Arcila, tal y como lo hizo con la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo, que aunque fue aprobada en diciembre de 2018, se mantuvo oculta por casi 6 meses y tampoco se mandó a publicar en el Periódico Oficial del Estado, saliendo a la luz después del proceso electoral del pasado 2 de junio.
Estas descaradas prácticas de opacidad son violatorias a distintas leyes y normativas estatales, entre ellas la de Transparencia, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y hasta la propia Constitución Política del Estado.
El ocultamiento de información pública también se presta a muchas especulaciones, pues al ser el diputado Martínez Arcila el único que tiene acceso a los documentos, junto con un puñado de directores de área que lo obedecen, fácilmente puede alterarlos para lograr un beneficio personal y/o político a favor de quienes ahora tienen el control del Congreso de Quintana Roo.
Pero no es nada nueva la manipulación irregular de documentos legislativos promovida por el diputado Eduardo Martínez, presidente de la Gran Comisión, ya que en al menos en dos ocasiones se ha demostrado la modificación ilegal de las leyes y decretos que aprueba la XV Legislatura, una de éstas fue en mayo de 2018, cuando se aprobó el dictamen para autorizar al gobierno del estado la contratación de un arrendamiento puro de hasta 2 mil 900 millones de pesos, para adquirir herramientas tecnológicas que sólo se aplicarán para la ciudad de Cancún.
Dicho dictamen estaba fundado en una ley que ya no existe, la de Proyectos de Prestación de Servicios para el Estado y los Municipios, que fue abrogada en junio de 2017 por la misma XV Legislatura.
Al revelarse este grave error de la legislatura, se le hizo fácil al diputado Martínez Arcila mandar a modificar el dictamen, pero haciéndolo de forma irregular porque se saltó el debido proceso marcado por la ley, con lo cual buscó evitarse la polémica y mayores señalamientos.
El caso más reciente es el de la presunta manipulación del dictamen y decreto de la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo, documentos que estuvieron ocultos por casi 6 meses y, cuando por fin se hicieron públicos, aparecieron con distintas anomalías, lo cual fue denunciado por la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la XV Legislatura, que aseguró que se trata de documentos totalmente diferentes a lo que aprobaron en diciembre de 2018.
Se dijo que la alteración de la nueva Ley Orgánica fue con fines político partidistas para favorecer a la bancada panista en la próxima legislatura, así como para evitar que la legislatura saliente sea investigada por los próximos diputados del Morena, ya que sobre Eduardo Martínez Arcila y la Gran Comisión de la XV Legislatura pesan graves señalamientos de corrupción y denuncias por mal manejo y desvío de recursos, especialmente en los más de 140 millones de pesos, que supuestamente se destinaron en “ayudas sociales”, recurso que a la fecha no se ha transparentado como es debido y del cual se han detectado diversas irregularidades.