Por Ricardo Jesús Rivas
CHETUMAL, 4 de julio.- La Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción recibió un revés luego de que en audiencia celebrada en los Juzgados Penales Orales de Chetumal, la autoridad jurisdiccional notificara a la extitular del Instituto Patrimonial Inmobiliario de la Administración del Estado de Quintana Roo (IPAE), ahora Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado, Gina Patricia Ortiz Blanco, que se le concedió la protección de la justicia federal, por lo que su vinculación a proceso por el delito de peculado en agravio del instituto, quedó insubsistente de acuerdo con el amparo indirecto que previamente promovió, con base en el expediente 433/2018-111-B.
Lo anterior indica que la exfuncionaria quedó fuera de toda responsabilidad por el acto penal que se le imputaba, de tal manera que la sentencia resolutiva a favor de la imputada quedó en firme.
Con base en la resolución de amparo, se estableció la orden “para que el juez de control y de juicio oral en el estado, actuando en los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, con sede en esta ciudad, deje insubsistente el auto de vinculación a proceso de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, dictado en su contra, por su probable participación en la comisión del delito de peculado…en agravio de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado, antes denominado Instituto Patrimonial Inmobiliario de la Administración del Estado de Quintana Roo (IPAE), en autos de la carpeta administrativa número 158/2018; y, en su lugar, dicte otra resolución en la que resuelva que está prescrita la acción penal ejercida contra la justiciable en la comisión del indicado ilícito y dicte el auto de no vinculación a proceso, conforme a los lineamientos expuestos en el cuerpo de este fallo”.
Gina Patricia Ortiz blanco fue denunciada penalmente por presuntamente haber vendido predios propiedad del gobierno del estado durante su administración en el IPAE, con base en la carpeta administrativa 158/2018.
Sin embargo, luego de haber dejado desde 2011 el cargo, se determinó, por parte de un juez federal, que la responsabilidad había prescrito.
Al final de la audiencia, a la exfuncionaria le fueron levantadas las medidas cautelares; sin embargo, tendrá que firmar ante el juzgado los días 15 y 30 del mes. De la misma forma, le fueron levantadas las garantías que tuvo que exhibir en su momento ante la autoridad. También a Gina Patricia se le decretó la no vinculación a proceso.