De la Redacción
Mientras la Fiscalía General de la República, FGR, imputó a Rosario Robles el delito de ejercicio indebido del servicio público por presunta omisión al momento de evitar o denunciar actos ejecutados por terceros que podrían causar un daño a la hacienda pública por 5 mil 73 millones 369 mil 846 pesos, en Quintana Roo también se confirmó la investigación contra Jorge Acevedo y Luz María Orozco Quiroz, quien fungió como titular de la Sedatu en el 2015.
De hecho, la investigación tiene fechas claves en el caso del estado. Entre 2015 y 2016 la Sedatu firmó dos convenios generales con el sistema de comunicación del gobierno de Quintana Roo, aprovechando una excepción legal marcada en el párrafo quinto del Artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que permite contratar servicios con otra instancia pública sin pasar por un proceso de licitación.
Por la Sedatu firmó como responsable Luz María Orozco Quiroz en su calidad de titular de la Dirección General de Comunicación Social y por el SQCS Jorge Eugenio Acevedo Marín, como director general y representante legal.
Se trataron de convenios irregulares de origen, de acuerdo con la auditoría de la Contraloría estatal pues no fueron autorizados por la Junta Directiva.
La dependencia estatal también encontró que el SQCS empezó a entregar los contratos con las empresas subcontratadas desde julio 2015, aunque el convenio general entre la Sedatu y el organismo quintanarroense se firmó dos meses después, el 17 de septiembre de ese año.
También detectó la falta de facturas que comprueben el gasto de 37 millones de pesos y la entrega de “anticipos” por el 98% del monto subcontratado.
El Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) no pudo solventar las irregularidades en los convenios que recibió de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) por 806 millones de pesos de acuerdo con una auditoría iniciada por la Secretaría de la Contraloría de esa entidad.
La dependencia informó al organismo estatal desde el pasado 22 de marzo el inicio de los procedimientos administrativos contra exfuncionarios que estuvieron el frente del organismo en las fechas en las que se firmaron los convenios entre ellos: Jorge Eugenio Acevedo Marín, exrepresentante legal y titular del organismo en el sexenio de Roberto Borge.
Los millones que recibió la televisora estatal de Quintana Roo entre 2015 y 2016 fueron dispersados en al menos 33 empresas y 49 contratos sin licitación de por medio, con esquema similar al utilizado en la trama de la “Estafa Maestra”, un sistema que permitió un fraude al erario público por más de 5 mil millones de pesos utilizando convenios con universidades públicas.
A las irregularidades detectadas por la Contraloría quintanarroense se suman los hallazgos de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), la entidad que destapó el fraude, pues detectó el desvió de recursos que la Sedatu entregó a televisoras estatales, entre ellas la quintanarroense.
La ASF detectó que el SQCS subcontrató empresas para dispersar los recursos federales, estas empresas, varias de ellas señaladas como “fantasmas” por el Sistema de Administración Tributaria, subcontrataron a otras empresas sin que hubiera pruebas de que los trabajos se hicieron.
Estos son tres casos señalados por la ASF de las 33 proveedoras del SQCS: La ASF acudió al domicilio señalado en las facturas y en los contratos que firmó Publicidad Nat Nit sin localizar a la empresa que recibió transferencias por 123 millones de pesos del SQCS. Por si fuera poco Nat Nit declaró impuestos en ceros, como si no hubiera obtenido ningún tipo de ingresos en el 2016.
No fue el único caso, la televisora de Hermosillo, otra de las televisoras estatales involucradas en la estafa, le otorgó 3 contratos a la misma empresa por 143 millones de pesos, esos recursos tampoco fueron declarados al SAT.
Donetsk, SA de CV obtuvo pagos del SQCS por 17.4 millones de pesos, la empresa también declaró al SAT ingresos en cero en 2016; y tampoco atendió las solicitudes de información que le planteó la ASF.
Las dos empresas relacionadas: Publicidad Nat Nit y Donetsk, que en conjunto recibieron el importe de 298.2 millones de pesos, tiene el mismo apoderado legal: Felipe Román Flores.
La empresa Desarrollo Publicitario ADP, que recibió 110 millones de pesos del SQCS, registró domicilio fiscal en despacho de abogados que sólo recibe la correspondencia de la empresa. Es otra de las empresas que declaró en cero ante el SAT a pesar de los millones que recibió, y ya fue clasificada como “presunta fantasma” en marzo del año pasado.
Esta empresa fue constituida por dos personas físicas y sus domicilios se ubican en Ciudad Nezahualcóyotl, y se constató que el primero de ellos estuvo trabajando hasta el 31 de diciembre de 2015, en el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) dependiente de la SEDESOL, con un salario mensual de 1.8 miles de pesos, y en su acta de terminación de la relación de trabajo, manifestó no saber leer ni escribir.
Agatha Líderes Especializados, igual que las anteriores no fue localizada en el domicilio fiscal señalado en facturas y contrato, lo que los investigadores de la ASF encontraron en el lugar fue “una casa habitación en total estado de abandono, sin evidencia de operación de una empresa”.
La compañía también fue declarada fantasma por el SAT “hecho que debió de haber sido suficiente para que cualquier organismo público federal o estatal limitara sus relaciones comerciales con ella”, y al igual que las anteriores “no presentó la declaración anual del impuesto sobre la renta, a pesar de haber recibido recursos del SQCS por 58.9 millones de pesos.
Agatha fue otra de las empresas que Televisora de Hermosillo también contrató para atender el convenio con la Sedatu y recibió en pago 105 millones de pesos, nada de eso fue declarado al SAT.
En las 25 empresas proveedoras que el SQCS subcontrató para atender el convenio con la Sedatu en 2016 presentaron irregularidades como las ya señaladas: no pagaron impuestos por los contratos, no fueron localizadas en los domicilios, entregaron información incompleta a las autoridades y/o ya están señaladas o en proceso de ser señaladas como “fantasmas”.
Al respecto, la ASF señala: “Se puede concluir que los convenios suscritos entre la Sedatu y el SQCS, así como entre ésta y los proveedores, únicamente fueron el mecanismo para justificar los pagos con cargo al erario federal, debido a que ni el SQCS ni la mayor parte de las empresas y personas físicas que se vieron beneficiadas con los recursos federales participaron en la elaboración de producto o servicio alguno en favor de la SEDATU, por lo cual se presume un desvío en el objeto del recurso federal”.