Por Gabriel E. Manzanilla
CHETUMAL, 11 de agosto.- La Ley de Protección y Bienestar Animal sigue sin publicarse en el Periódico Oficial del Estado y tampoco ha sido devuelta al Congreso de Quintana Roo, por lo que estaría quedando como un asunto pendiente de atender para la próxima XVI Legislatura, la cual estará representada por una mayoría de diputados del Morena.
Al entrar a la recta final para la renovación del Congreso del Estado, los diputados de la XV Legislatura pretenden “lavarse las manos” y no atender su compromiso de reformar la Ley de Protección y Bienestar Animal, luego de que suspendieran los foros de consulta que se habían anunciado para los once municipios, pero que finalmente sólo se hicieron en José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Leona Vicario, municipio de Puerto Morelos, donde fue evidente la mala organización y falta de compromiso de los diputados, ya que la mayoría ni siquiera tuvo el valor y la decencia de asistir.
La polémica ley sigue sin publicarse en el Periódico Oficial del Estado, trascendió además que tampoco ha sido devuelta al Congreso de Quintana Roo, por lo que ésta se mantiene en espera y no existen las garantías de que vaya a ser modificada por la actual XV Legislatura.
Además, la Diputación Permanente del Congreso del Estado tampoco ha dado entrada a ninguna iniciativa de reforma a la citada ley, ya que para poder hacerlo primero tiene que decretarse, lo cual es incierto dado el corto tiempo que le queda a la actual legislatura, cuyo periodo concluye en tres semanas.
Con la excusa de que una contrarreforma no puede ser aprobada hasta que inicie el próximo periodo ordinario de sesiones, el 5 de septiembre del año en curso, la XV Legislatura pretende desentenderse de la polémica que causó con la Ley de Protección y Bienestar Animal, sólo que para esa fecha ya estará en funciones una nueva legislatura.
Esto mantiene en incertidumbre y ha generado la desconfianza de aquellos sectores que pedían su modificación, quienes solicitaban se echara atrás la prohibición de las corridas de toros, peleas de gallos y el uso de equinos para carruajes turísticos en Quintana Roo, medidas que fueron aprobadas al vapor, sin criterio y sin consenso entre los diputados, ya que ni siquiera hicieron el análisis debido y únicamente las metieron de último momento.
La aprobación de la Ley de Protección y Bienestar Animal generó la movilización e inconformidad de decenas de sectores que se han dicho afectados, quienes han alzado la voz para pedir que se respeten las tradiciones y costumbres de más de 200 pueblos mayas y comunidades indígenas de Quintana Roo, pero también están protegiendo miles de fuentes de empleo que giran en torno a estas actividades populares.
La polémica prohibición fue respaldada de manera irresponsable por un puñado de 12 diputados, que dieron su voto a “ciegas”, sin el análisis debido y sin siquiera consultar a las comunidades mayas y pueblos indígenas afectados, así como a todos los sectores que resultarán perjudicados, como el de los caleseros de Cozumel, quienes perderán su trabajo porque también se prohibe el uso de caballos para carruajes turísticos.
Esto ha dejado en incertidumbre a miles de familias de las comunidades mayas y pueblos indígenas, así como a productores, ganaderos, criadores de aves de pelea, representantes ejidales, organizadores de fiestas patronales, toreros, palqueros, criadores de caballos, caleseros, comerciantes de alimentos, artesanos, dignatarios mayas, entre muchas otras personas que no saben si los diputados cumplirán su promesa de reformar la ley o si se está ante una nueva simulación de la XV Legislatura, ya que todo parece indicar que no harán nada y que dejarán la responsabilidad a la siguiente XVI Legislatura, que estará representada por una mayoría de diputados del Morena, quienes son aliados del PVEM, partido que votó a favor de la prohibición.
Los actuales diputados usarían de pretexto que ya no hay periodo ordinario de sesiones para no reformar nada y dejar la ley tal y como está, dejando la responsabilidad a los diputados de la próxima XVI Legislatura, para que sean ellos los que decidan si se modifica la prohibición o si se queda sin cambios.