De la Redacción
CHETUMAL, 21 de agosto.- Tras confirmar que ya no habrá más períodos extraordinarios de sesiones, el diputado Eduardo Martínez Arcila dijo que la Ley de Protección y Bienestar Animal será publicada tal y como se aprobó, incluyendo la prohibición de las corridas de toros y peleas de gallos en el estado, por lo que la legislatura entrante deberá decidir si la modifica o si la mantiene tal y como está.
Con esto se confirma la nueva simulación de la XV Legislatura, que oportunamente se dio a conocer en POR ESTO! de Quintana Roo, siendo que los diputados prefirieron “lavarse las manos” y se irán sin cumplir el compromiso de revertir la polémica prohibición, dejando la responsabilidad de sus irresponsables accciones a la XVI Legislatura, para que sea esta quien decida el rumbo de las corridas de toros y peleas de gallos en el estado.
Se espera que la próxima legislatura no haga ninguna modificación a la referida Ley, la cual podría quedarse tal y como fue aprobada, pues estará representada por una mayoría de diputados de Morena, quienes son aliados del PVEM, partido que votó a favor de la prohibición.
“Lo que hizo esta legislatura fue aprobarla (la Ley de Protección y Bienestar Animal) y mandarla a publicación. Esta Ley va a estar publicada sin lugar a dudas comenzando septiembre, en el momento que se publique estará en los diputados (XVI Legislatura) poder hacer una propuesta de reforma”, comentó el diputado Eduardo Martínez Arcila, tras ser entrevistado este día y confirmar que la XV Legislatura ya no tendrá más períodos extraordinarios de sesiones.
Cuando la referida Ley entre en vigor después de ser publicada en el Periódico Oficial del Estado, se espera una “lluvia” de amparos de aquellos sectores que no fueron consultados y que verán desaparecidas sus tradiciones y costumbres, además de perder miles de fuentes de empleo que giran en torno a estas actividades populares.
Como se recordará, el Congreso del Estado anunció una serie de consultas públicas para discutir la Ley de Protección y Bienestar Animal, aprobada en sesión extraordinaria del pasado 26 de junio, pero que incluyó la prohibición de las corridas de toros y peleas de gallos en Quintana Roo, lo cual afectará las tradiciones, costumbres y miles de empleos que giran en torno a estas actividades populares en más de 200 comunidades, especialmente de la Zona Maya, la más olvidada y con mayor pobreza de la entidad.
La polémica prohibición fue respaldada por un puñado de 12 diputados, que dieron su voto a “ciegas”, sin el análisis debido y sin siquiera consultar a las comunidades mayas y pueblos indígenas afectados, así como a otros sectores que también resultarán dañados una vez sea publicada dicha ley, como el de los caleseros de Cozumel, quienes perderán su trabajo porque también se prohibe el uso de caballos para carruajes turísticos.
Con la finalidad de calmar el fuerte reclamo social que generaron, los diputados iniciaron los foros de consulta en Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Puerto Morelos; prometiendo que seguirían hasta cubrir los once municipios, para después presentar una contrarreforma con la que aseguraron iban a revertir las polémicas prohibiciones, dejándolas como una facultad de cada municipio y que no aplique a nivel estatal.
Sin embargo, el Congreso del Estado interrumpió las consultas públicas y se “lavó las manos” en cuanto a este tema, por lo que los diputados le fallaron a miles de familias de las comunidades mayas y pueblos indígenas, así como a productores, ganaderos, criadores de aves de pelea, representantes ejidales, organizadores de fiestas patronales, toreros, palqueros, criadores de caballos, caleseros, comerciantes de alimentos, artesanos, dignatarios mayas, entre muchas otras personas que confiaron una vez más y volvieron a decepcionarse al darse cuenta de la simulación de la XV Legislatura, que finalmente se desentendió del asunto y se irá sin cumplir lo que les prometió.
Para dar “carpetazo” y no reformar nada, los diputados usaron de pretexto que ya no había más períodos ordinarios de sesiones, dejando la responsabilidad a los diputados de la próxima XVI Legislatura, quienes ahora decidirán si se modifica la Ley o se queda sin cambios.
Con la excusa de que una contrarreforma no puede ser aprobada hasta que inicie el próximo período ordinario de sesiones, el 5 de septiembre del año en curso, la XV Legislatura esquivó la polémica que causó con la Ley de Protección y Bienestar Animal, ya que para esa fecha estará en funciones una nueva legislatura.