De la Redacción
CHETUMAL, 1 de septiembre.- La Gran Comisión de la XV Legislatura está en la mira de los próximos diputados del Morena, PT y PVEM, quienes se preparan para investigar y acusar de “traición” a sus integrantes, toda vez que son señalados como los principales responsables del derroche e irregular manejo del presupuesto, así como por el presunto desvío de recursos a través de las “ayudas sociales”.
Son al menos tres diputados salientes que estarán bajo la lupa de la XVI Legislatura, se trata de Eduardo Martínez Arcila, que tuvo la presidencia de la Gran Comisión, así como Emiliano Ramos Hernández y Carlos Mario Villanueva Tenorio, que además de pertenecer a dicho órgano de gobierno estuvieron a cargo de las comisiones de Hacienda y de Justicia, respectivamente. Estos tres diputados son vistos como los principales responsables del derroche y desfalco financiero que cometió la XV Legislatura al presupuesto del Congreso.
De la Gran Comisión también formaron parte la diputada Elda Candelaria Ayuso Achach y el diputado Ramón Javier Padilla Balam, cómplices de la corrupción y saqueo de los recursos permitidos desde este órgano de gobierno; así como la diputada Silvia Vázquez Pech, que la integró desde septiembre de 2016 hasta octubre de 2018.
La bancada del Morena en la XVI Legislatura, junto con sus aliados del PT y el PVEM, quienes serán mayoría en el Palacio Legislativo, han advertido que investigarán a los diputados salientes y realizarán una auditoría a fondo de su gestión, sobre todo de aquellos que integraron la Gran Comisión, pues dicho organismo se encargó del control administrativo, financiero y hasta político del Congreso de Quintana Roo, desde donde reinó la corrupción, opacidad, el nepotismo y los turbios negocios al amparo del poder, permitiendo además el millonario atraco de las “ayudas sociales”.
Si hubo un manejo irregular del presupuesto asignado y se comprueba el desvío de recursos a la XV Legislatura, la principal responsabilidad recaerá en la Gran Comisión, ya que como se dijo anteriormente, sus integrantes se encargaron del control administrativo y económico del Congreso de Quintana Roo, especialmente el diputado Eduardo Martínez Arcila, que fue su presidente.
Trascendió que en días pasados los diputados del Morena, PVEM y PT, acordaron investigar a Eduardo Martínez Arcila, Emiliano Ramos Hernández y Carlos Mario Villanueva Tenorio, integrantes de la Gran Comisión, además de preparar un procedimiento para declararlos traidores del estado por las irregularidades y corrupción cometidas en la XV Legislatura.
Martínez Arcila también es señalado de manipular la Ley Orgánica del Congreso y con ello favorecer al bloque PAN-PRI-PRD, partidos que en la próxima legislatura propondrán aliarse para formar un bloque de oposición contra la alianza Morena-PVEM-PT.
A partir de una Ley Orgánica amañada, así como de interpretaciones sesgadas y parciales, la bancada panista busca distorsionar la integración de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, de manera que puedan imponerse en el control legislativo y doblarle las manos a los diputados del Morena, PVEM y PT.
La Gran Comisión también será investigada por haber inflado la nómina del Congreso e incrustrar a más de 200 trabajadores, muchos de ellos acusados de aviadores, a los que se les prometió basificarlos al término de la presente legislatura, de manera que los próximos diputados no puedan cambiarlos ni despedirlos.
A los diputados de la alianza obradorista se les podría sumar el diputado José Luis “Chanito” Toledo, del partido Movimiento Ciudadano, quien también ha advertido de investigar y castigar las corruptelas de la XV Legislatura, por lo que buscarían impulsar una comisión investigadora en contra de la Gran Comisión, incluso están en planes de solicitar una auditoría externa para evitar el proteccionismo del contralor interno del Congreso, Jorge Alberto Rejón Chan, al que Martínez Arcila pretende perpetuar en el cargo para que se encargue de cubrir las espaldas de él y los demás diputados salientes.
La nueva mayoría en el Congreso considera estos actos como traición a los quintanarroenses, pues no sólo se impulsó un nuevo “blindaje de impunidad”, sino que además pretenden acomodar a los aviadores para que se queden en el Congreso, cumpliendo así cuotas políticas de su partido y beneficiando a amigos y allegados.