Otro juicio político contra Segovia

Por Miguel Ángel Fernández

CHETUMAL, 23 de septiembre.- Una segunda solicitud de juicio político enfrenta el presidente de Othón P. Blanco, Otoniel Segovia Martínez.

Quien interpuso esta solicitud ante del Congreso del Estado fue el empresario Abilio Díaz Sugarazo, que había realizado un acuerdo económico con la Presidencia Municipal de Othón P. Blanco para quedarse con la mayoría de los espacios comerciales de la Expofer; pero la negociación, que ya contaba con pago de anticipos, terminó siendo desconocida por el alcalde Otoniel Segovia.

Cabe mencionar que Abilio Díaz Sugarazo había buscado por otras vías pelear dicho convenio, tras ser defraudado por el alcalde capitalino. Semanas atrás, el Juzgado Sexto de Distrito le negó el amparo para recuperar los espacios de la Expofer que le habían prometido.

Y es que, la negociación entre el empresario y la Presidencia Municipal se efectuó a espaldas de la ciudadanía y del Comité de la Feria y ahora, quien sería socio de Otoniel Segovia, se ha vuelto otro enemigo más que incluso ha solicitado juicio político contra el alcalde.

Abilio Díaz había pagado 400 mil pesos de un total de un millón 423 mil pesos, por el 70 por ciento de los espacios comerciales de la feria.

Ahora, mediante su abogado Julio César Acosta Góngora, presentó la solicitud de juicio político en el Congreso del Estado, en la que manifiesta que no le fue respetado el derecho de audiencia para exponer las irregularidades que se cometieron en su contra durante la transacción.

Cabe mencionar que también existe un expediente en la Fiscalía Anticorrupción en contra del presidente municipal Otoniel Segovia Martínez, quien ha tenido una administración caótica y con constantes señalamientos de irregularidades que afectan la operatividad de la comuna.

En este sentido, es necesario recordar que los meses que tiene en el cargo como presidente municipal, previamente había ingresado una solicitud de juicio político en su contra, por lo que ahora son dos las que han quedado en la Comisión de Justicia que encabeza la diputada Roxana Lili Campos.

Es necesario mencionar que el juicio político puede derivar en sanciones como la destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, cuando los servidores públicos incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.