Iniciativa para regular la legítima defensa

Por Gabriel E. Manzanilla

CHETUMAL, 24 de septiembre.- La XVI Legislatura del Congreso del Estado dio entrada a una iniciativa de reforma al Código Penal para el estado de Quintana Roo, mediante la cual se busca regular la figura de la legítima defensa, permitiendo que ante la intromisión de algún intruso a la vivienda o negocio, que atente contra la integridad física o con los bienes patrimoniales, el morador tendrá el derecho a defenderse sin ser procesado penalmente.

La propuesta presentada por la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) busca defender la integridad y patrimonio de los quintanarroenses, permitiéndoles que en el caso de algún asalto o robo en el domicilio, la víctima podrá golpear, herir o incluso matar al delincuente y no ser procesado.

Durante la Sesión Ordinaria Número 4, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los incisos B, fracción II, e inciso C, fracciones II y III del artículo 20 del Código Penal para el estado de Quintana Roo, en materia de legítima defensa.

La propuesta fue turnada a las comisiones de Justicia y de Seguridad Pública y Protección Civil para su discusión, análisis y posterior dictamen.

Establece que el delito quedará excluido cuando se actualice alguna causa de atipicidad, de justificación o de inculpabilidad.

Propone como causa de justificación la legítima defensa: que es cuando se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa empleada y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor.

Se presumirá que concurren los requisitos de la legítima defensa, respecto de aquel que cause un daño, lesión o privación de la vida a quien a través de la  violencia, del escalamiento  o por  cualquier  otro  medio  trate  de penetrar  sin  derecho a  su hogar o sus dependencias , a los de su familia o los de cualquier persona que tenga el mismo deber de defender o al sitio donde se encuentren bienes jurídicos propios o ajenos  de los  que  tenga  la  misma obligación;  o  bien,  cuando  lo encuentre en alguno de esos lugares en circunstancias tales que revelen la posibilidad de una agresión  y/o  se  pongan  en  riesgo. Lo  mismo  aplicará  a  favor  de  la  persona  que tenga  la  obligación  de  proteger  establecimientos  comerciales  que  tenga  a  su cargo.

Además, establece como causas de inculpabilidad cuando se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real actual o inminente no ocasionado dolosamente por el sujeto, lesionando otro bien de igual valor que el salvaguardado y el sujeto activo no tuviere el deber jurídico de afrontarlo; cuando al momento de realizar el hecho típico el agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de acuerdo con esa comprensión, en virtud  de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, o se encuentre en estado de confusión, miedo o terror que afecte su capacidad para determinar el límite adecuado de su respuesta o la racionalidad de los  medios empleados, a no ser que el sujeto hubiese provocado su trastorno mental  para  en  ese  estado  cometer  el  hecho,  en  cuyo  caso  responderá  por el resultado típico producido en tal situación.  Las acciones libres en su  causa culposamente cometidas se resolverán conforme a las reglas generales de los delitos culposos.

El diputado José de la Peña Ruiz de Chávez explicó, a grandes rasgos, que la reforma permitirá a cualquier ciudadano defenderse y repeler la agresión de un intruso que irrumpa en su domicilio o negocio de cualquier manera, bajo cualquier circunstancia y utilizando los mecanismos o los elementos que tenga a la mano, y de ninguna manera puede ser imputado penalmente.

“Se trata de una propuesta que el Partido Verde llevó en campaña y ahora la estamos presentando, esperamos que las demás bancadas puedan unirse y darle celeridad a este tema, ya que ha sido una álgida demanda para la seguridad de los quintanarroenses”, concluyó José de la Peña.

En la misma sesión, las diputadas y diputados condenaron el asesinato de José Antonio Archi Yama, inspector de la Policía Estatal, pidiendo guardar un minuto de silencio en su honor y solidarizándose con la familia de la víctima.

En el transcurso del día se instalaron diferentes comisiones ordinarias del Congreso del Estado, empezando con la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales, nombrando a Héctor Olayo Delgado, como su secretario técnico.

Se instaló la Comisión de Derechos Humanos, nombrando a Rolando Rodríguez Herrera, como secretario técnico; en la instalación de la Comisión de Asuntos Municipales se nombró como secretario técnico a Javier Regalado.

La ciudadana María Álvarez quedó como secretaria técnica de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico; en tanto que Diana Domínguez Regules fue nombrada secretaria técnica de la Comisión de Desarrollo Indígena.

En la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero se nombró a Heidi Seca Pool, como su secretaria técnica; mientras que la secretaria técnica de la Comisión de Deporte quedó en manos de Hortencio Adolfo Noh Góngora.

En la instalación de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil fue nombrado William Bastarrachea de León, como secretario técnico; en la Comisión de Puntos Constitucionales se nombró a Fabián Villafañez, como secretario técnico; en la Comisión de Justicia, la secretaria técnica es Lourdes Varguez Ocampo; en la Comisión de Salud y Asistencia Social se nombró a Ángel Duarte, como secretario técnico; mientras que la ciudadana Ana Luisa Parrao, fue designada secretaria técnica de la Comisión para la Igualdad de Género.

También se instalaron las Comisiones de Medio Ambiente y Cambio Climático, y la de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos.